edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
07/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Supremo plantea, diez años después, la posible inconstitucionalidad de la Ley que cambió la tributación de las ‘tocks options’

Javier Ardalán

El Tribunal Supremo (TS) ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Economía Sostenible del año 2011, que estableció la "retroactividad máxima" a la tributación de las `stocks options´ en el IRPF para los periodos posteriores al 4 de agosto de 2004, por si se considera una Ley que actuó con efectos retroactivos.

El Supremo cuestiona, en un auto de 3 de octubre de 2014,  la disposición 49.1 de la Ley de Economía Sostenible, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que modificó la ley del IRPF de 2006 estableciendo condiciones para aplicar la reducción del 40% de la renta gravable en el caso de la tributación de las `stocks options´ que preveía esa misma ley.

Para el Alto Tribunal, la citada disposición puede entrar en contradicción con el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución. Así, seis de los siete magistrados planteada- los consideran que para resolver el recurso de una mujer que cobró y tributó por "stock options" de su empresa en 2007, el TC debe decidir primero si fue constitucional regular por ley en 2011, con retroactividad máxima (aplicable desde 2004), esas tributaciones. También subrayan que la ley cuestionada dio cobertura legal a lo establecido en normas reglamentarias anteriores que habían sido anuladas por el propio Supremo.

El ponente, el magistrado Joaquín Huelin Martínez de Velasco, considera que no existe la menor duda que de la constitucionalidad de la disposición final cuadragésimo novena de la Ley 2/2011 depende la solución que haya de darse al primer motivo del recurso de casación.

Así, si se considera constitucional, la decisión debe ser la adoptada por la Sala de instancia, cuyo pronunciamiento habría de ser confirmado en ese punto, con desestimación del mencionado motivo de casación.

Si, por el contrario, se juzga opuesta a la Constitución y se declara nula por el Tribunal Constitucional, la norma será el artículo 10.3 del Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado en el año 2004, que estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2007, cuya falta de cobertura legal habría de constatarse, declarando su nulidad, como ya se hizo con su precedente, el artículo 10.3 del Reglamento de 1999, y con su sucesor, el artículo 11.3 del Reglamento de 2007, estimándose, por tanto, el recurso contencioso-administrativo en la pretensión relativa a la minoración de la renta gravable en un 40%.

Por su parte, el magistrado discrepante, Martín Timón, para contradecir la tesis mayoritaria, partimos de algo que es reconocido por el Auto de planteamiento de la cuestión, y es que la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado que no existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva que pueda hacerse derivar del principio de irretroactividad tal como está consagrado en el art. 9, 3 CE , pues el límite expreso de la retroactividad ‘a peor’ de las Leyes que dicho precepto garantiza no es general, sino que está referido exclusivamente a las Leyes "hachas hacia atrás", sancionadoras o restrictivas de derechos individuales.

Así pues, las normas fiscales, en cuanto no tienen por objeto una restricción de derechos individuales, no quedan subsumidas en la prohibición de retroactividad que se establece en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Cuestión distinta es que la norma retroactiva fiscal, como cualquier otra, entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución, como en el caso en litigio el de seguridad jurídica, recogido en el mismo precepto constitucional.

Y concluye que quienes ejercieron sus opciones durante la vigencia del Reglamento de 2004 no se vieron afectados por el principio de seguridad jurídica ni tampoco por el confianza legítima, y ello se hace especialmente patente en el caso de la demandante, que solicitó la rectificación de la autoliquidación de retenciones e ingreso a cuenta aduciendo que no era de aplicación la legislación tributaria española, por serlo la francesa y solamente alegó la ilegalidad del Reglamento de 2004 cuando tuvo conocimiento de la Sentencia de 30 de abril de 2009.

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