edición: 2844 , Martes, 12 noviembre 2019
27/12/2010

El Supremo pone fin a la pugna entre Haciendas por el cobro de impuestos en las subastas judiciales de inmuebles

Xavier Gil Pecharromán
La adjudicación en subasta judicial forzosa para atender las deudas generadas por la actividad empresarial de un promotor inmobiliario tributa por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y no por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). La diferencia estriba en que el adquiriente deba pagar un 8% por IVA o un 7%, por ITP, aunque algunas comunidades como Andalucía, Cataluña, Asturias, Baleares, Extremadura y Cantabria piensan subir un 1 punto porcentual en 2011 para igualarlo con el IVA. No obstante, lo que fundamentalmente se dilucida es quien debe cobrar el Impuesto, la Agencia Tributaria estatal o la de la comunidad autónoma, puesto que el ITP es un impuesto cuya gestión se encuentra cedida a éstas últimas y el IVA lo percibe el Estado, aunque revierta un 50% en las autonomías.

La sentencia, de 2 de noviembre de 2010, se centra en determinar si la venta efectuada mediante subasta judicial de bienes de una entidad empresarial, está sujeta al IVA o al ITP, que ya había sido resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de julio de 2007, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, favorable a la comunidad autónoma recurrente en el sentido de considerarla sujeta a IVA.

La sentencia, de la que es ponente el magistrado Fernández Montalvo, considera que la actividad empresarial de un promotor inmobiliario está integrada tanto por la venta voluntaria de pisos para obtener la rentabilidad propia de la actividad, como por la venta forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas generadas, de tal forma que la venta voluntaria y venta forzosa no son sino dos efectos de la misma actividad empresarial.

De esta manera, rechaza la tesis de la comunidad autónoma que mantenía que en la adjudicación inmobiliaria derivada de una subasta judicial, es el órgano judicial quien realiza la transmisión (como acto integrado de título -la aprobación del remate- y modo -la adjudicación al rematante del inmueble subastado-), y no el ejecutado, por lo que no existe la entrega de venta efectuada por empresario, premisa básica de la aplicación del IVA.

Basaba su reclamación en el artículo 4 de la Ley 37/1992 del IVA, que establece que “están sujetas al IVA las entregas de bienes ... realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional” y en una sentencia de la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1994, que declaró que  “no puede hablarse de una entrega en desarrollo de la actividad empresarial”.

Por el contrario, Fernández Montalvo se refiere a la sentencia de 20 de noviembre de 2000 del propio Tribunal Supremo, que señala “si se interpretara que la intermediación judicial priva a la entrega de su condición de transmisión en el ejercicio de la actividad empresarial, quedaría vacío de contenido el artículo 8.Dos.3 de la Ley 37/1992 (que conceptúa como entrega de bienes sujeta al IVA la transmisión en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa) y cabría preguntarse en qué supuestos se aplicaría entonces tal precepto, pues en dichos casos de transmisiones por resoluciones judiciales nunca habría acto propio de actividad empresarial (quedando inaplicable el artículo).

La actual sentencia, sin embargo considera que esta tesis no creó jurisprudencia, puesto que no se ha dictado otra sentencia que se pronuncie en los mismos términos y, por tanto, falta el requisito de la reiteración propio de la jurisprudencia.

Por ello, determina que ha de concluirse, por tanto, que la sentencia de esta Sala de 10 de Enero de 1994, no presta suficiente cobertura fáctica a la pretensión del recurrente; que la doctrina no ha sido reiterada; y, que en la sentencia de 20 de Noviembre de 2000 , después de tomar en consideración la sentencia de 10 de Enero de 1994 , y sin que la solución del pleito lo requiriera, se dan razones suficientes, que compartimos y asumimos, para mantener la tesis contraria a la sostenida por la entidad recurrente. Todo ello nos lleva, por tanto, a la desestimación del recurso".

Además, el fallo confirma la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) 9 de Andalucía de de 29 de marzo de 2000, que estimó la reclamación del contribuyente frente a la  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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