edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
15/09/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El Supremo reconoce el derecho de asilo a una mujer argelina víctima de la violencia de género

DATADIAR

Los hechos que están en el origen de este litigio traen causa del recurso de casación que se interpuso por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de enero de 2009, que estimó el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior de 27 de julio de 2007, que acordó denegar el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo a la referida ciudadana, nacional de Argelia, y autorizar su permanencia en España en el marco de la legislación general de extranjería.

En el informe emitido por la Instrucción del expediente se parte del hecho de que “nos hallamos ante una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica” y por lo que se refiere a la documentación aportada la Instrucción considera que acredita la realidad de los malos tratos físicos y psíquicos sufridos por la demandante y también por los hijos menores de edad que evidencian numerosos episodios de violencia, así concluye de forma categórica la Instrucción nos encontramos ante una realidad innegable: una familia compuesta por madre y niños menores que ha sido sometida a malos tratos por parte del marido y padre durante años, incluso después de haberse roto el vínculo matrimonial. Situación que lleva a la Administración a autorizar la permanencia de la actora en España al amparo de lo dispuesto en el Art. 17.2 y de la Ley de Asilo y su Reglamento de aplicación

En el desarrollo argumental del motivo de casación se arguye que la sentencia impugnada no satisface una correcta aplicación del artículo 3, en relación con el artículo 8, de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y con el artículo 1.A.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951.

El Tribunal por el contrario entiende que el recurso de casación, en los estrictos términos planteados, no puede ser acogido, porque considera que la Sala de instancia ha realizado una interpretación aplicativa coherente y razonable del artículo 3.1 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en relación con el concepto de refugiado a que alude el artículo 1.A.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hecho en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, al apreciar, atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto enjuiciado, que la situación prolongada de sufrimiento que ha padecido la recurrente, nacional de Argelia, y sus hijos menores de edad, de nacionalidad argelina, como consecuencia de los malos tratos físicos y psíquicos infringidos por su marido, que se califican, por su especial intensidad y gravedad, de trato inhumano o degradante, en razón de su naturaleza y reiteración, es incardinable como persecución por motivos de género, lo que determina que, ante la falta de protección eficaz de las autoridades del país de origen, resulte procedente la concesión del derecho de asilo.

El temor fundado a sufrir persecución por motivos de género otorga según la legislación vigente la condición de “refugiado”

Cabe significar que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Ginebra el 28 de julio de 1951, modificado por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, pretende garantizar a aquellas personas consideradas refugiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, apartado A.2, por padecer fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no quieran acogerse a la protección de su país de origen, un estatuto personal específico conforme a la Ley del país de refugio que asegure el ejercicio mas amplio de los derechos y libertades fundamentales que les permita vivir en condiciones de dignidad, con la finalidad de evitar que sean expulsados a aquel territorio donde su vida o su libertad estuvieran amenazadas. En este sentido, como acertadamente advierte la Sala de instancia, el legislador español ha manifestado su designio inequívoco de incluir en los supuestos de persecución a que alude el artículo 3.1 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, «a las mujeres extranjeras que huyen de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género», al introducir en la disposición adicional vigésima novena de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una disposición adicional tercera a la referida Ley 5/1984, con el siguiente tenor: «Disposición adicional tercera. Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género».».

De este modo, la regulación legal del derecho de asilo, a que se refiere el artículo 13.4 de la Constitución, en desarrollo de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 9.2, 10.1, 14 y 15 de la Constitución, se integra con el reconocimiento del derecho de asilo respecto de ciudadanas de otros países que sufren persecución por razón de género, con la finalidad de proyectar en éste ámbito el valor esencial de la dignidad humana y los principios jurídicos de igualdad de mujeres y hombres y de protección del derecho de la mujer a desarrollar libremente su personalidad, que proscribe toda clase de tratos inhumanos o degradantes procedentes de los poderes públicos o de particulares.

El Supremo estima que la decisión de la Sala de instancia es acorde por tanto con la doctrina jurisprudencial del mismo Tribunal, que ha reiterado en las sentencias de 15 de febrero de 2007  y de 11 de mayo de 2009, que en aquellos supuestos en que se acredite la existencia de «indicios suficientes», según las circunstancias de cada caso, de que una mujer sufre persecución por su pertenencia al género femenino, que le ha supuesto la imposición de prácticas contrarias a la dignidad humana, como el matrimonio forzoso o la mutilación de un órgano genital, y que el régimen legal del país de origen no ofrece una protección jurídica eficaz, procede la concesión del derecho de asilo a la luz de lo dispuesto en los artículos 3 y 8 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.

A la luz de la citada doctrina, el TS resuelve que han resultado acreditados los continuos y prolongados malos tratos padecidos por las agresiones de índole física y psíquica por razón de género que originan, obviamente, un grave trastorno a la mujer que la padece y la ausencia de protección real y eficaz ante dicha situación. Por consiguiente, establecida la realidad de los malos tratos y su prolongación en el tiempo, parece plenamente fundado el temor y el riesgo real de sufrir un trato inhumano o degradante proscrito en el Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos según la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Art. 3 de la Declaración sobre eliminación de la violencia sobre la mujer (Resolución de la Asamblea general 48/104, de 20 de diciembre de 2003). En efecto, la vuelta al entorno social y familiar que propició tal situación constituyen un claro indicio de que la integridad física y moral puedan ser en el futuro nuevamente afectadas mediante actuaciones ciertamente graves como las contempladas en autos y que no fueron adecuadamente evitadas por las autoridades del país que no dispensaron la oportuna protección a la demandante y su familia que pueden determinar un grave atentado a su integridad y dignidad moral reconocida en el Art. 15 CE.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la Seguridad de los Juguetes.  (B.O.E. n.º 209 de 31/08/2011).
El Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la seguridad de los juguetes. La mencionada directiva ha sido objeto de sucesivas modificaciones, que han tenido su consiguiente reflejo en nuestro ordenamiento jurídico con la modificación del real decreto citado.
Se establece un reparto claro y proporcionado de las obligaciones correspondientes al papel de cada agente en el proceso de suministro y distribución. Los agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro y distribución de juguetes deben garantizar un nivel elevado de protección del interés público, así como la salud, seguridad y protección de los consumidores y del medio ambiente, y garantizar la competencia leal dentro del mercado, adoptando las medidas oportunas para asegurarse de que, en condiciones de utilización normal y razonablemente previsibles, los juguetes que comercializan no ponen en peligro la seguridad y la salud de los niños. Los juguetes que se introduzcan en el mercado deben respetar las normas contenidas en este real decreto, así como el resto de la normativa aplicable en materia de seguridad de los productos y, en especial, la prevista en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, que se aplica de manera complementaria, correspondiendo a los agentes económicos la responsabilidad de velar por la conformidad de los juguetes, con arreglo a la función que desempeñen en la cadena de suministro.
Por otra parte, hay que señalar que el Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan medidas de control a la importación de determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos, establece un procedimiento de control reforzado para una serie de productos procedentes de terceros países, considerados como sensibles, entre los que se incluyen los juguetes.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de alzamiento de bienes. Condena producida en apelación sin celebrar vista pública. Revaloración de prueba testifical. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de abril de 2011
En el año 1994  uno de los dos demandantes de Amparo provocó un accidente de tráfico con resultado de muerte y lesiones, hecho que determinó su condena penal por delito de Imprudencia temeraria, imponiéndosele el pago de determinadas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. Ejecutada la Sentencia quedó pendiente de pago la suma de 12,5 millones de ptas. (75.150 euros), si bien que tras llevarse a cabo diversos embargos y subastas se logró cobrar otros 37.664 euros, quedando pendiente la diferencia. El citado demandante junto con su esposa al poco de ocurrir dicho accidente otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales, en la que acordaron cambiar su régimen económico que en lo sucesivo sería el de separación de bienes, en lugar de los gananciales que rigió el matrimonio desde su celebración. En la escritura acordaron la liquidación de la sociedad atribuyendo a la esposa una vivienda valorada en 54.450 euros y al marido enseres personales, ganado, aperos de labranza, vehículos, etc. por igual valor. En el mismo año 1994 los cónyuges otorgaron nueva escritura de compraventa, en virtud de la cual el marido vendía ficticiamente a su mujer determinado solar. Seguida causa penal contra ambos cónyuges por posible delito de Alzamiento de bienes, el Juzgado de lo Penal dictó Sentencia absolutoria. La absolución se basó en que no se había acreditado la concurrencia de los elementos típicos del delito de Alzamiento de bienes, esto es, ni la existencia de maniobras de ocultación o desaparición de los bienes inmuebles, ni el elemento subjetivo relativo a que tales actos estuvieran guiados por un ánimo defraudatorio dirigido a causar perjuicio a los acreedores. La Audiencia descartó la versión de los cónyuges entonces acusados e incluso de testigos que declararon en el mismo sentido (sobre todo en cuanto a que la vivienda adjudicada a la esposa hubiera sido adquirida por ésta antes de contraer matrimonio).


Mercantil

Acción de reclamación de cantidad derivada de un transporte aéreo. Cancelación del vuelo y daños y perjuicios derivados del mismo. Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. Sentencia 19 de abril de 2011
Reclama la parte actora por la cancelación del vuelo y los daños y perjuicios derivados del mismo, frente a lo que se alza la compañía aérea demandada alegando que la cancelación fue debida a la niebla existente, lo que constituye causa de fuerza mayor excluyente de la responsabilidad de la demandada conforme al art. 1104 del Código Civil y al Considerando 14 y art. 5 del Reglamento 261/04. La regulación internacional, comunitaria y nacional contempla la fuerza mayor como causa de exoneración de la responsabilidad del transportista. En el presente caso, incumbía acreditar a la compañía aérea demandada la concurrencia de la causa de fuerza mayor. El simple hecho de que existiera niebla no puede ser configurado como causa de fuerza mayor. Para que así sea la compañía aérea deberá acreditar, como reza el Considerando 14, que las condiciones meteorológicas fueran «incompatibles con la realización del vuelo», lo que no ha acontecido, pues se ha limitado a aportar una serie de documentos de confección unilateral o cuya autoría se ignora en que se señala, primero, que la cancelación fue debida a congestión en el aeropuerto, sin expresar la causa de tal incidencia, y, más tarde, que había niebla, si bien el listado que sigue acredita que a la hora de partida del vuelo (13«05 horas) las condiciones son «mostly cloudy» (mayoritariamente cubierto) y diez kilómetros de visibilidad, curiosamente la mejor en toda la mañana y en todo caso suficiente para el despegue. En suma, si el avión que debía trasladarlos a Madrid no pudo aterrizar en horas más tempranas en Marrakech por impedirlo supuestamente las condiciones entonces existentes, ello no es oponible a los demandantes, quienes tienen derecho al despegue puntual de su vuelo, sea con ese avión u otro.

Contrato de explotación de Estación de Servicio. Calificación contractual, como de comisión de venta en garantía, o como de distribución con pacto de exclusiva. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de mayo de 2011
El objeto del proceso versa sobre el derecho a la libre competencia, suscitándose discrepancia en relación a la calificación del contrato, como de comisión de venta en garantía o de distribución con pacto de exclusiva, a los efectos de sujeción al derecho de la Unión Europea sobre competencia, y asimismo en relación a si hay fijación de precio final o mínimo (de reventa del carburante suministrado) con infracción del artículo 81 del Tratado CEE -actualmente, desde el 1 de diciembre de 2009, artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-. Las dos sentencias dictadas en instancia (la de segunda ratificando el criterio de la apelada) estiman que cualquiera que fuere la calificación contractual, ésta carece de interés jurídico porque el resultado a los efectos del proceso sería el mismo, y no les falta razón a dichas resoluciones porque la calificación pretendida solo tiene interés a los efectos del derecho comunitario de la competencia, esto es, en orden a determinar si hay una infracción del Tratado, con o sin relación con el Derecho derivado, y si no hay infracción alguna, porque las que se consideran planteadas no concurren, deviene intrascendente la calificación del contrato como de comisión de venta en garantía o distribución. El hecho de que un contrato puede ser calificado de una determinada condición a los efectos de la competencia, no acarrea «per se» infracción de la normativa comunitaria de la misma, y es una mera declaración sin interés jurídico, que solo se genera cuando hay una vulneración concreta, respecto de la que tal calificación opera como presupuesto. La función de los Tribunales no es la de resolver temas académicos o doctrinales o dudas de las partes, que no trascienden a la esfera de los derechos subjetivos o situaciones jurídicas concretas, y el recurso de casación deviene estéril cuando no cabe obtener un resultado útil para los litigantes.


Civil

No cabe hablar de perfección del contrato de compraventa en momento anterior al de formalización del contrato en documento privado. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de abril de 2011
Alega la parte recurrente que cuando los 1.425 mutualistas, relacionados en el acta notarial sobre depósito de las bases del sorteo de 18 de diciembre de 2002 , manifestaron su decisión de comprar, conocían el objeto y el precio sobre el que prestaban consentimiento, por lo que se debe entender qie el contrato de compraventa se perfeccionó con anterioridad a la fecha de 18 de diciembre de 2002, únicamente pendiente de concretar cuáles serían los 49 adjudicatarios definitivos de entre todos los que prestaron consentimiento. Sin embargo basta examinar el contenido de las bases para el sorteo ordenado a la adjudicación de los cuarenta y nueve chalés a los solicitantes para concluir lo inexacto de dicha afirmación, ya que la solicitud previa de los mutualistas para participar en tal sorteo no significaba prestación de consentimiento para la celebración del contrato y buena prueba de ello es que en la base 7 se dispone que en dicho sorteo se designará, por orden correlativo de extracción, a los 49 adjudicatarios, siendo los demás solicitantes, y también en orden correlativo de extracción, suplentes para sustituir a los adjudicatarios en el supuesto de que estos  no lleguen a formalizar el contrato de compraventa.

Para la denegación de prórroga del arrendamiento es preciso que la 2ª vivienda, distinta de la arrendada esté ocupada por el inquilino o su familia o pueda estarlo, y que esté desocupada. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de abril de 2011
En relación al término «ocupación» la jurisprudencia precisa queno es necesaria una ocupación material y simultánea, bastando con que las viviendas se encuentren a disposición del arrendatario, aunque real y efectivamente no utilice una de ellas y que «a disposición» supone ostentar un título que dé derecho a disfrutarlo. Para que pueda prosperar la causa de resolución invocada que la segunda vivienda, distinta de la arrendada, esté ocupada directamente por el arrendatario o su familia o pueda ser ocupada por estar a su disposición, no estándolo cuando la vivienda se encuentra, por ejemplo, alquilada a un tercero. La sentencia recurrida no se opone en modo alguno a la doctrina expuesta, puesto que declara que no hay la menor prueba de que hubiera ocupado físicamente otra vivienda que no fuera la arrendada, sin que tenga a su disposición la vivienda de su propiedad al hallarse ocupada por su hija. Por tanto, para que pueda prosperar la resolución del contrato de arrendamiento por denegación de prórroga es preciso que la segunda vivienda, distinta de la arrendada esté ocupada por el inquilino o su familia o pueda estarlo, siempre y cuando la misma se encuentre desocupada.


Laboral

En la condición más beneficiosa hay una voluntad empresarial de otorgar un beneficio. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 12 de abril de 2011
Es muy copiosa la doctrina de esta Sala en torno a la naturaleza y alcance de las condiciones más beneficiosas. Subyace en toda condición más beneficiosa la existencia de una voluntad empresarial de otorgar un beneficio por encima de las exigencias legales o convencionales reguladoras de la materia; condición que pervive con el alcance que derive del pacto originario, naturaleza o uso pacífico hasta que las partes no alcancen otro acuerdo, o se produzca su neutralización por mor de una norma posterior, legal o paccionada, que altere la situación anterior con algún beneficio o utilidad de análogo significado. Es cierto que, conforme un criterio interpretativo consolidado la condición examinada se funda en los artículos 9.2 de la Ley de Contrato de Trabajo y 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, y que, a salvo de supuestos especiales en que el propio acto de reconocimiento o las circunstancias concurrentes en el mismo conduzcan a la conclusión contraria, las condiciones laborales que tienen su origen en una concesión unilateral y voluntaria del empleador se incorporan, por la habitualidad, regularidad y persistencia de su disfrute en el tiempo, al nexo contractual, de forma que aquella no puede ser suprimida o reducida unilateralmente por el empresario. La absorción, solo puede llevarse a cabo respecto de conceptos que obedezcan  a la misma razón de ser, y por lo tanto no podrá serlo entre el salario base y complementos o entre complementos de distinta naturaleza.

Antigüedad a efectos de cada trienio y sucesión empresarial. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 12 de abril de 2011
El plus de antigüedad tiene naturaleza salarial, conforme al artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, siendo un complemento salarial que premia la permanencia en la empresa y la mayor experiencia adquirida en el trabajo por el operario con el paso del tiempo, cual con reiteración ha señalado esta Sala, razón por la que se encuentra incluido en el concepto «materia salarial» al que se remite el artículo 4 del Convenio, solución interpretativa acorde con el espíritu que informa el artículo 25 del Convenio interpretado que habla de «bonificaciones por años de servicio» y de «premio de vinculación a la empresa». Así, una cosa es la fecha en la que se devenga cada trienio, coincidente con el 1 de enero del año en que se cumplen y otra la antigüedad computable: que es la del inicio de la prestación de servicios, esto es el día en el que se produjo la subrogación contractual. Por otra parte, recuerda el tribunal que el Convenio en fase de ultraactividad sigue obligando a la empresa cesionaria, hasta que, después de producida la subrogación, se alcance un pacto al respecto o entre en vigor otro Convenio que sea aplicable a dicha empresa.


Administrativo

Solicitud de compensación económica por colaboración en la gestión sanitaria de la Seguridad Social. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de abril de 2011.
No resulta aceptable que una colaboración de décadas entre la empresa demandante en instancia y la Administración de la Seguridad Social pueda quedar extinguida por voluntad tácita de la administración, sin comunicación expresa alguna, permitiendo al tiempo que la entidad colaboradora persista en la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad laboral derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, sin recibir la contraprestación económica correspondiente, es decir, la participación en la fracción de la cuota correspondiente a tales situaciones y contingencias. Por ello no resulta admisible la invocada conculcación de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Tampoco se ha vulnerado el Real Decreto 1380/1999, de 27 de agosto, que establece el procedimiento para hacer efectivo el importe de la compensación económica a las empresas que colaboran en la gestión de la asistencia sanitaria, correspondiente a 1998, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Cabe aceptar que el mencionado Real Decreto agotó su vigencia respecto al período considerado. Así, la omisión de la Administración en el dictado de un nuevo procedimiento para obtener, en los años sucesivos, la compensación económica a que se refiere la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre , no puede significar que se hubiera producido la extinción del régimen de colaboración ya que la ausencia de término expreso de finalización en la norma legal exige, por tanto, un acto expreso debidamente notificado a la empresa colaboradora. Su falta, conlleva, «a sensu contrario» entender persistente la colaboración y, por ende, el derecho al resarcimiento económico cuyo procedimiento para hacerlo efectivo, ante la ausencia de norma reglamentaria, es el fijado por la Sala de instancia.

Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños derivados de fallecimiento en accidente. Inadmisión del recurso de casación. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de abril de 2011.
Se declara la inadmisión del recurso de casación de conformidad con lo previsto en el artículo, por su carencia manifiesta de fundamento, siendo acorde con el derecho de acceso a los recursos, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva porque el derecho a la revisión de las resoluciones judiciales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio p ro actione, que opera en la fase inicial del proceso, por lo que la inadmisión de los recursos resulta constitucionalmente admisible si se acuerda de forma razonada y motivada, con base en la aplicación de una causa legal interpretada de forma no rigorista, sin incurrir en su apreciación en error patente o en arbitrariedad o en manifiesta irracionalidad. El escrito de interposición formulado por la parte recurrente se limita a hacer alusión a la causa del accidente, sin examinar la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia ni indicar la normativa que considera infringida.

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