edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
10/11/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El TC confirma la validez de los preceptos que regulan el contrato de cesión de derechos de uso de agua

No cabe interpretar el silencio de la norma como sinónimo de exclusión
La alegada vulneración de las competencias autonómicas en materia de agricultura, "se presenta desprovista de carga argumentativa alguna"
DATADIAR

El recurso delimita su objeto en el denominado contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, de Ley de aguas, figura que pretende flexibilizar el régimen concesional del agua para potenciar la eficiencia en el uso de este bien. Lo que se impugna concretamente son diversos preceptos de la Ley de aguas introducidos por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas: el Art. 61 bis, que es el que introduce dicho contrato, y el Art. 51.6, relativo a su vigencia temporal, y la disposición adicional octava, que establece un régimen excepcional para la resolución de los procedimientos que le afectan.

Examen de las cuestiones impugnadas

En primer lugar, en lo que se refiere a la “vulneración de la protección del medio ambiente” (art. 45.2 CE), la Sala descarta dicha vulneración pues conforme a su carácter informador y como señala la doctrina es el legislador quien ha de determinar el grado de intervención pública requerido para la consecución del mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la utilización racional del medio ambiente, éste ha establecido expresamente que uno de los principios rectores de la gestión en materia de aguas ha de ser el de conservación y protección del medio ambiente (al respecto artículo 14.3 del texto refundido de la Ley de aguas), afirmando el carácter demanial del bien a fin de asegurar una ordenación racional y socialmente aceptable de su uso y disfrute. En tal sentido, el artículo 59 del texto refundido de la Ley de aguas consagra la regla general de sometimiento de los usos privativos al régimen concesional, el cual ha de tener como fin velar por la utilización racional del recurso hídrico y proteger el medio ambiente. Dicho régimen concesional y la intervención pública que el mismo implica no se ve alterado de forma significativa por la regulación que se controvierte en este proceso ya que la propia regulación sustantiva del contrato de cesión establece una serie de condiciones tendentes a asegurar esta misma finalidad de utilización racional del recurso hídrico en la línea señalada por el artículo 45.2 CE. Así, la sentencia destaca que, además de no poder extenderse a un período de tiempo superior al de la concesión, ha de realizarse entre concesionarios o titulares de derechos de uso privativo en los términos de la legislación de aguas, esto es, entre personas que, conforme a dicha legislación de aguas, ya disponen de un título habilitante para poder disfrutar de un uso privativo de las aguas, disfrute que evidentemente está sujeto a las previsiones del texto refundido de la Ley de aguas, en particular sus artículos. 92 y ss., en materia de protección del dominio público hidráulico y calidad de las aguas. Asimismo, la sentencia señala que se encuentra sometida a una triple limitación pues la cesión solamente puede llevarse a cabo entre titulares de derechos de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el plan hidrológico de cuenca o en su defecto en la misma Ley de aguas, estando expresamente prohibido tanto la cesión de agua de usos no consuntivos a usos consuntivos como un caudal superior al concedido.

En cuanto a la “falta de previsión de audiencia del interesado”, el TC declara que tampoco la falta puede estimarse vulneradora del artículo. 105 c) CE, precepto constitucional que garantiza el derecho de audiencia de los mismos pues, sin perjuicio de señalar que no hay previsión alguna que contradiga expresamente al citado precepto constitucional, con lo que se trataría de una posible inconstitucionalidad por omisión, lo cierto es que como bien establece la Sala, no cabe interpretar el silencio de la norma como sinónimo de exclusión pues la regulación legal que se cuestiona en nada obsta a la aplicación de las previsiones al respecto contenidas en la regulación general en materia de procedimiento administrativo (al respecto, arts. 79 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común). Igualmente la eventual intervención de terceros se contempla, siquiera implícitamente, tanto en el supuesto de falta de autorización del contrato por el organismo de cuenca en el caso de que exista peligro de lesionar los derechos de terceros (art. 68.3 del texto refundido de la Ley de aguas) como en las alegaciones que pueden formular ante el organismo de cuenca las comunidades de usuarios en los términos del art. 344.2 del Reglamento del dominio público hidráulico, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

También se procede a descartar la alegada “vulneración de las competencias autonómicas en materia de agricultura”, reconocidas en el artículo. 71.17 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, alegato que, por lo demás, se presenta desprovisto de carga argumentativa alguna. El propio recurrente no ha cuestionado que la competencia para autorizar dichos contratos corresponda al organismo de cuenca, el cual será un órgano estatal mientras que, por otro lado, el plazo de diez días al que hace referencia el art. 68.2 no viene sino a recoger el plazo general para la evacuación de informes establecido en la legislación de procedimiento administrativo (art. 83.2 de la Ley 30/1992).

En cuanto al “régimen del silencio administrativo positivo” que se establece en el art. 68.2 y, por conexión, en la disposición adicional sexta de la ley impugnada, la sentencia señala:

En primer lugar que nuestra doctrina ha admitido la existencia de previsiones procedimentales específicas ratione materiae, vinculadas al concreto régimen sustantivo de la materia de que se trate (STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 10 c)), de forma que el legislador estatal puede establecer la regla de silencio administrativo que considere más adecuada a la regulación sustantiva que pretende establecer. Tal técnica se integra en el procedimiento administrativo encaminado a la producción de actos, en lo que aquí atañe al modo de una autorización concedida por la Administración que tiene como presupuesto la previa adquisición del uso privativo sobre las aguas, con la consiguiente intervención administrativa constitutiva de dicho uso conforme al principio general de adquisición por concesión que inspira el texto refundido de la Ley de aguas. En este caso, dados los condicionantes legislativamente establecidos para la celebración de este tipo de contratos, el legislador ha optado por establecer un régimen de silencio positivo para el otorgamiento de estas autorizaciones, las cuales, como es obvio, no están exentas del control que es propio de la jurisdicción contencioso-administrativa;

En segundo lugar, la Sala establece que el silencio administrativo no ha de ser la forma normal o usual de terminación del procedimiento pues ello supondría desconocer el deber legal que pesa sobre la Administración de resolver, en todo caso y de manera expresa, las solicitudes formuladas por los administrados, sino que viene a reforzar la ya aludida obligación impuesta a la Administración en el sentido de agilizar su funcionamiento y evitar la falta de diligencia en la resolución de los asuntos a ella encomendados.

Finalmente, la sentencia también examina el alegato del recurrente según el cual la “brevedad de los plazos establecidos”, acompañado, entre otras cuestiones, del establecimiento de un régimen de silencio administrativo positivo resultaría contrario a la garantía institucional del dominio público hidráulico que se deriva del art. 132 CE por cuanto se estaría reduciendo la necesaria tutela administrativa que ha de existir sobre este tipo de bienes a una mera titularidad incompatible con el referido precepto constitucional. El TC estima que no puede ser acogida la denunciada infracción del art. 132 CE fundamentada en que la regulación de este tipo de contrato sería contraria al marco legislativo estatal que califica a las aguas como bien extra commercium. Ya con la regulación cuestionada no se afecta a la naturaleza pública de las aguas pues al referirse el contrato cuestionado a la redistribución de caudales que ya han sido concedidos lo que, con la transferencia regulada de un uso previamente otorgado, se incorpora al tráfico jurídico privado no es el bien demanial en sí mismo considerado sino el derecho de utilización que sobre el mismo se ostentaba, guardando directa relación con las condiciones y regulación legal que se impone a los beneficiarios del contrato. Todos ellos ostentaban ya un título habilitante para el uso privativo del agua y, en cuanto tales, se encuentran sometidos a las limitaciones subjetivas, temporales y territoriales al efecto establecidas por el legislador.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución de 6 de octubre de 2011, por la que se establece la relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de telefonía fija y móvil. B.O.E. de 27 de octubre de 2011.
Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 6 de octubre de 2011, en virtud de la cual se establece y hace pública la relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. (Los apartados antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho y los anexos, no son objeto de publicación). En virtud de las consideraciones de Hecho y de Derecho expuestas, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, resuelve: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, y en el artículo 3.1 del Reglamento del procedimiento de autorización previsto en dicho artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, aprobado mediante el Real Decreto 1232/2001, de 12 de noviembre, y de acuerdo con los datos relativos al año 2010 que obran en poder de esta Comisión, establecer y hacer pública la siguiente relación de operadores principales en los mercados de telefonía fija y de telefonía móvil: A) Operadores principales en el mercado nacional de telefonía fija: – Telefónica de España, SAU. – Cableuropa, SAU. – Vodafone España, SAU. – France Telecom España, S.A. – Jazz Telecom, SAU. B) Operadores principales en el mercado nacional de telefonía móvil: – Telefónica Móviles España, SAU. – Vodafone España, SAU. – France Telecom España, S.A. – Xfera Móviles, S.A. – Lebara Limited UK.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de administración desleal. Delito societario de obstrucción al ejercicio de derechos de los socios y apropiación indebida. Prescripción. Determinación del «dies a quo» e imprecisión del «factum» de la recurrida. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2011
El acusado constituyó en el año 1973, en unión de otras dos personas, una sociedad anónima suscribiendo el 60% del capital social mientras que los otros dos socios suscribieron cada uno el 20% restante. En 1993 dicha entidad se transformó en sociedad de responsabilidad limitada, designándose al acusado Administrador único cuando éste ya contaba con el 80% de las participaciones sociales por haberle transmitido las suyas otro de los socios. El otro socio se opuso expresamente a esta designación lo que resultó irrelevante dada la posición mayoritaria de aquel dentro de la sociedad. A raíz de entonces, el acusado de forma deliberada y con claro abuso de los poderes del cargo realizó los siguientes hechos: En mayo de 1999, a pesar de que se le había requerido en junio de 1994 y en junio de 1998 para que presentara las cuentas de la sociedad, sin atender a los requerimientos del socio minoritario se celebró Junta General de accionistas en la que se aprobaron las Juntas de 1995; 1996 y 1997. La dicha Junta de 1999 fue declarada nula por el Juzgado en procedimiento de impugnación de acuerdos sociales, por infracción del derecho de información de los socios.  En julio de 1999 se celebró Junta General Universal de la sociedad, en la que el acusado presentó las cuentas de 1993 y 1994 sin atender los requerimientos previos del otro socio, en cuanto a obtener información al respecto. La Junta fue declarada nula en proceso de impugnación de acuerdos sociales. A raíz del último procedimiento judicial, el acusado aportó la información contable requerida por el socio minoritario, si bien que ésta adolecía de tan graves irregularidades que no reflejaba la verdadera situación patrimonial de la empresa, aunque de la misma se deducían disposiciones económicas a favor del acusado y en perjuicio de la sociedad que administraba ascendentes a 42 millones de ptas. (252.663 euros).


Mercantil

Compraventa internacional de mercaderías. Convenio de Viena de 1980. Clausula CIF: daño en la mercancía antes de ser cargada: responsabilidad del vendedor. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de julio de 2011
El  objeto del proceso versa sobre un contrato de compraventa, sujeto a la normativa internacional del Convenio de Viena, con la cláusula CIF (coste, seguro y flete) que tiene como objeto la entrega de 1.500.000 kgs. de polvo de zinc que colocados en 480 sacos dentro de contenedores, se transportaron por vía marítima a Brasil, para hacerlos llegar posteriormente por carretera a la planta extractiva. La entidad compradora denuncia incumplimiento contractual con base en que 312 bolsas de las 480 recibidas estaban contaminadas por existir un material negro extraño, en el fondo, tildado por la parte vendedora de «basura». Se denuncia la infracción de la normativa resultante de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1.980 y de la modalidad de contratación CIF/INCOTERMS, destinada a hacer un reparto objetivo, claro y tasado, en aras a la seguridad jurídica, de la responsabilidad de cada parte en una materia tan necesitada de tal seguridad jurídica como es el tráfico internacional de mercaderías.

Contrato de agencia de seguros con una entidad y de arrendamientos de servicios con otra para la prestación de asistencia sanitaria dental. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de julio de 2011
El art. 4 de la Ley 12/1992 de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia dispone que «salvo disposición en contrario de la presente Ley, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia se regirá por las reglas establecidas en el Código de Comercio». Sin embargo, el art. 31 de la propia Ley establece la regla especial de que «la acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización por daños y perjuicios prescribirá al año a contar desde la extinción del contrato», pero sucede que la referencia a indemnización de daños y perjuicios debe circunscribirse al supuesto del art. 29 de la Ley -gastos de inversión-, y no es ampliable a otras indemnizaciones, como la derivada del art. 1101 CC  , tanto por la propia ubicación del precepto, como por la naturaleza de la acción, que no tiene su fundamento en preceptos de Ley especial. Por lo demás, como no hay norma específica de prescripción extintiva en el Código de Comercio, es aplicable la normativa del Código Civil (art. 943 del C. de Cº), y como tampoco hay en este Cuerpo Legal precepto de singular aplicación a las acciones ejercitadas en la demanda, debe estarse a la regla general de los quince años del art. 1964 CC.


Civil

Si no se prueba la autoría de una obra no se puede pretender el reconocimiento del derecho de autor. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de mayo de 2011
Falta de acreditamiento de la realidad de la autoría invocada. No se ha acreditado que la  colección de modelos 3D que realizó el codemandado cuando estaba trabajando para la parte actora, existiera como tal y con la amplitud recogida en el informe pericial antes de la formalización del mismo; sino que únicamente ya se habían realizado modelos tridimensionales y otro tipo de trabajos. Sin que ello se pueda interpretar en el sentido mantenido por la parte demandada, de una existencia previa de un proyecto de imágenes tridimensionales y una autoría a favor de los codemandados intelectual distinta de la atribuida por la actora, porque antes de existir un registro oficial de modelos tridimensionales o 3D a favor de la actora antes de la celebración del Contrato Laboral se entiende que el banco de modelos objeto del litigio, no se ha acreditado que existiera como tal hasta que se fabricó cuando el codemandado trabajó para [la] entidad actora, sin que en el contrato suscrito entre las partes se recogiera en su caso que se aportara un sistema informático previo de base de datos o creación original tridimensional creada o inventada anteriormente a su formalización, o estuviera inscrita a su favor como autor.

La gestora esta debe soportar las lagunas remuneratorias de sus tarifas, siendo los titulares quienes individualmente deben reclamar lo que exceda de la tarifa. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de junio de 2011
El recurrente funda su recurso en la existencia de jurisprudencia contradictoria en las Audiencias Provinciales en torno a la cuantía que corresponde fijar como indemnización cuando el demandado ha reproducido íntegramente obras impresas sin autorización de sus titulares, pues mientras que algunas admiten la aplicación del índice corrector consistente en multiplicar por 10 del importe de la tarifa general, otras consideran incorrecta esta solución por no estar prevista como tarifa aplicable. La parte recurrente mantiene que la sentencia recurrida pese a reconocer que el «Índice Corsa» no es una tarifa general, y por tanto no es una remuneración que la entidad gestora hubiera percibido, sin embargo, acaba estimando la petición de esta de multiplicar por diez sus tarifas generales. En el recurso se consideran infringidos los artículos 157.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual puesto que si es la entidad gestora  quien, en principio, es la única obligada a establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, esta debe soportar las lagunas remuneratorias de sus tarifas, siendo los titulares quienes individualmente deben reclamar lo que exceda de la tarifa.


Laboral

Se cuestiona si el Ayuntamiento debe asumir, por subrogación empresarial, al personal de la codemandada, que prestaba el servicio contratado por aquel, cuando dicho servicio pasa ser prestado directamente por el ente municipal. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 17 de junio de 2011
La cuestión que se debate en este recurso consiste en determinar si el Ayuntamiento, aquí recurrente, debe asumir, por subrogación empresarial, el personal de la codemandada, que prestaba el servicio de limpieza viaria que le había sido contratado  por dicho Ayuntamiento, una vez producida la reversión de dicho servicio, para ser prestado directamente por el ente municipal. Aunque la limpieza viaria sea una competencia municipal,  tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria con sus propios medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de limpieza pública, viaria etc., como ocurre con la empresa contratista, que cesó en la contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el Ayuntamiento, entre otras razones porque tal asunción del servicio podría realizarse con personal no laboral.  En todo caso, lo que no puede estimarse aplicable en el caso que nos ocupa es la subrogación del personal que regula el art. 49 del Convenio General del Sector de Limpieza Pública Viaria etc., a efectos de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, porque la absorción del personal se prevé solamente «entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o, de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del presente convenio», precisando en el art. 52 que la subrogación de personal «operará en todos los supuestos de sustitución de contratas...»  , siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de limpieza viaria a una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y asume directamente la ejecución del servicio público, no actúa  como otro contratista del sector que obtenga una nueva adjudicación ni que suceda en la contrata a otro contratista anterior. En definitiva, no hubo transmisión patrimonial que justifique la aplicación del art. 44 ET, ni le resulta aplicable la cláusula subrogatoria que regula el art. 49 del Convenio General del Sector.

El hecho que la empresa haya concedido al trabajador dos prórrogas de la excedencia, no genera derecho alguno pues no tiene naturaleza de condición más beneficiosa ni supone un pacto de la empresa con el trabajador. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 20 de junio de 2011
Trabajador que solicita excedencia voluntaria por un periodo inferior al máximo señalado en el Estatuto de los Trabajadores y, antes de que acabe el periodo concedido solicita prórroga por dos veces, siéndoles concedida por la empresa, que procede a negar la tercera prórroga solicitada. La sentencia que ahora se recurre por la parte empresarial, entendió que, dado que el trabajador ha obtenido dos prórrogas de la excedencia voluntaria inicialmente reconocida por la empresa sin oposición alguna por parte de esta, que ha solicitado la nueva prórroga dentro de plazo y sin haber alcanzado el límite legal de cinco años y que no consta la voluntad empresarial de denegar en el futuro más prórrogas, procede conceder al trabajador la prórroga solicitada. El hecho de que el legislador haya aceptado la posibilidad de que la excedencia pueda alcanzar una duración de entre dos y cinco años supone reconocer al trabajador un derecho a suspender su relación laboral con la empresa en función de sus intereses personales, laborales o familiares, pero no lleva implícito el que esa adecuación de sus intereses se haga sin tener en cuenta para nada los intereses de la empresa, pues, ésta, una vez concedida la excedencia por el período solicitado tiene derecho a poder organizar sus propios intereses en función del período por el que el trabajador optó, y ese derecho quebraría si tuviera que someterse a variaciones ulteriores unilateralmente decididas por el trabajador excedente. Aplicando la anterior doctrina al supuesto ahora examinado, procede la estimación del recurso formulado. No empece la anterior conclusión el hecho de que la empresa en dos ocasiones anteriores le hubiera concedido la prórroga de la excedencia por el solicitada ya que tal decisión unilateral de la empresa, por si sola, no genera derecho alguno pues no tiene naturaleza de condición más beneficiosa ni supone un pacto de la empresa con el trabajador.


Administrativo

Pérdida del objeto del recurso de casación por anulación por sentencia firme de Plan General de Ordenación Urbana. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de abril de 2011.
El recurso de casación ha quedado privado de objeto pues carece de sentido que el Alto Tribunal se pronuncie sobre si es o no ajustada a derecho una norma urbanística, pues tal es la naturaleza de los planes de ordenación, que ya ha sido declarada nula por sentencia firme y que, por tanto, ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. A tal efecto debe notarse que, según dispone el artículo 72.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, las sentencias firmes, cuando anulan una disposición general, tienen efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y los preceptos anulados, de manera que, o bien carece de interés abundar o insistir en una nulidad ya declarada, o bien resulta nocivo para la seguridad jurídica contradecir o alterar lo ya señalado por sentencia firme. La anulación de una disposición de carácter general por sentencia firme hace desaparecer el objeto de los procesos ulteriores promovidos contra la misma disposición, porque priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real.

Inaplicación del instituto de la caducidad de deslinde de bienes de dominio público marítimo terrestre. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de abril de 2011.
No es de aplicación al caso de autos el plazo de veinticuatro meses establecido para los procedimientos de deslinde por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2003; norma que no es aplicable a los procedimientos que se hubiesen iniciado antes de su entrada en vigor dado que, al carecer dicha Ley 53/2002 de régimen transitorio, es de aplicación la regla contenida en la disposición transito ria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , según la cual a los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. No obstante, en lo que se refiere a la caducidad de esta clase de procedimientos, tanto los deslindes de vías pecuarias como los del dominio público marítimo-terrestre, la solución ha de ser distinta según que, atendiendo a la fecha de inicio del procedimiento de deslinde, sean de aplicación los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción originaria, o en la redacción que les dio la Ley 4/1999, de 13 de enero. El procedimiento de deslinde se inició antes de que entrase en vigor la reforma operada por la Ley 4/1999 y le son de aplicación, por tanto, los preceptos de la Ley 30/1992 en su redacción originaria. Ello lleva concluir que el instituto de la caducidad no era aplicable al procedimiento que examinamos.

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