edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
24/11/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El TC considera que el Estatuto andaluz fragmenta la cuenca del Guadalquivir

DATADIAR

La peculiar configuración constitucional de nuestro Estado de las Autonomías hace necesario conocer el reparto de atribuciones que, en materia ambiental, corresponden a cada una de las tres instancias de poder público territorial (el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios). Al Estado le corresponde, como exclusiva, la competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; así como las facultades de regulación de las condiciones básicas (mínimo de protección) que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales, entre ellos, el derecho al medio ambiente adecuado que se contempla en el art. 45 de la Constitución (todo ello, según la STC 102/1995). Al margen de estos cometidos, el Estado también es titular de ciertos recursos naturales, sobre los que ejerce un efectivo control ambiental limitando o condicionando sus usos o de los terrenos colindantes.

Las Comunidades Autónomas, por su parte, serán competentes para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal, reteniendo además, la facultad para dictar Normas adicionales de protección que contribuyan a una protección ambiental más intensa en su territorio (por encima del mínimo de protección). Respecto de la función ejecutiva de la Legislación estatal sobre protección ambiental, o gestión ambiental, no debe infravalorarse su importancia para la protección natural, ya que, como ha indicado un relevante sector doctrinal, la política ambiental es más que nada una política de gestión, no de formulación de normas y contranormas. Esta gestión o ejecución se concreta en labores de administración, inspección y potestad sancionadora ambiental, entre otras.

Los únicos supuestos límite en que estaría legitimado el Estado para ejercer funciones ejecutivas o de gestión ambiental se dan cuando no se pueda establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas; cuando no sea posible fraccionar la función pública a desempeñar sobre un espacio protegido y siempre que no cupieran mecanismos de colaboración entre las Administraciones implicadas; cuando sea necesario recurrir a un ente con capacidad de sobreponerse sobre intereses parciales contrapuestos o en fin, cuando exista peligro inminente con daños irreparables para el medio ambiente. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2011, declaró la nulidad del Art. 51 EAAnd al establecer competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir a la CCAA de Andalucía, al establecer un criterio fragmentador de la gestión de una cuenca hidrográfica intercomunitaria para asumir competencias que corresponden al Estado, a lo que se une la inadecuación formal del Estatuto de Autonomía para la concreción del criterio territorial de delimitación de las competencias reservadas al Estado por dicho precepto constitucional.

El Gobierno recurrente sostiene que el precepto impugnado supone una alteración del régimen constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. A su juicio, si bien los Estatutos de Autonomía tienen la función de delimitar el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, corresponde al legislador estatal determinar la extensión y límites de las competencias exclusivas del Estado y, por tanto, de las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas. El art. 51 EAAnd, sin embargo, está sustituyendo al legislador del Estado, concretamente a la Ley de Aguas (2001), cuyos arts. 14 y 16 prescriben el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, haciendo una interpretación del art. 149.1.22ª CE cuya constitucionalidad ha sancionado la STC 227/1988, de 29 de noviembre. Por ello el precepto impugnado sería inconstitucional al exceder los límites del ámbito fijado a los Estatutos de Autonomía por el Art. 147.2 d) CE

El art. 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, impugnado por razón de las competencias que en el mismo se atribuyen a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, con infracción, de las reservadas al Estado en el art. 149.1.22ª CE, es el que sigue: “La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución”.
 
Sentadas las premisas que anteceden, el Pleno del Constitucional procedió a examinar si el art. 51 EAAnd vulnera el art. 149.1.22ª CE por razones materiales o sustantivas, esto es, en atención al contenido de la regulación que incorpora, para lo cual resulta obligado partir de la doctrina sentada en la STC 227/1988, de 29 de noviembre (reiterada en las SSTC 161/1996, de 27 de octubre, y 118/1998, de 4 de junio), en la que este Tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad del principio de unidad de gestión de cuenca hidrográfica, como criterio de delimitación territorial utilizado por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para precisar el alcance del Art. 149.1.22ª CE, criterio que se mantiene en la vigente Ley de Aguas (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, reformado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), que define la “cuenca hidrográfica”, en coincidencia con lo establecido por el Art. 2 de la Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), como “la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos, hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta”. En tal sentido, las aguas continentales superficiales, así como las corrientes de aguas subterráneas renovables, en la medida en que confluyen en la red de cauces naturales de una cuenca hidrográfica, pertenecen a dicha cuenca y se integran todas ellas, a través de la misma, en el ciclo hidrológico (Art. 1.3 de la Ley de Aguas). Por otra parte, al concepto de cuenca hidrográfica ha de añadirse el de “demarcación hidrográfica”, entendiéndose por tal “la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas” (Art. 16 bis de la Ley de Aguas, añadido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y que  al atribuir a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir, siendo como es ésta una cuenca hidrográfica intercomunitaria, el art. 51 EAAnd se separa de la previsión establecida en el Art. 149.1.22ª CE y del criterio que utiliza la Ley de Aguas  para la concreción de la delimitación territorial de las competencias del Estado que figura en el citado precepto constitucional (“aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma”). Y lo hace el precepto estatutario con un criterio (“aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”) que conduce a un entendimiento que acoge un modelo de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica intercomunitaria, conforme al cual una parte de las aguas de la cuenca del Guadalquivir sería de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma andaluza y otra parte de las aguas de esa misma cuenca intercomunitaria sería de competencia exclusiva del Estado. 

Ya en la STC 227/1988, el Tribunal Constitucional no acogió el entendimiento fragmentador de la cuenca hidrográfica que propugnaba el Gobierno Vasco en su impugnación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, al pretender introducir el concepto de “curso fluvial concreto” para reclamar la competencia autonómica sobre los “cursos fluviales o corrientes de agua que discurran íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma, ya desemboquen íntegramente en otro curso fluvial, en un lago o en el mar”, e incluso el concepto de “tramo final”, por referencia a los cursos fluviales que discurran por más de una Comunidad Autónoma, en el sentido de que “aquélla donde muera cada curso tendría competencia sobre el tramo final, desde que entra en su territorio, pues en tal caso la utilización que se haga del caudal sólo afecta a los intereses de esa Comunidad Autónoma”. 
 
En cuanto a las relaciones entre las normas estatutarias y la delimitación de las competencias del Estado ex Art. 149.1 CE, el Tribunal establece que un Estatuto de Autonomía no es norma de ejercicio de las competencias estatales previstas por el art. 149.1 CE, de modo que, en caso de hacer alguna precisión sobre el alcance de éstas, su constitucionalidad pasa por el respeto de dos límites: el primero, de carácter positivo, consiste en que dicha precisión se “haga para favorecer la mayor concreción de las competencias autonómicas que se correlacionan con las competencias estatales que puedan presentar problemas de delimitación; y el segundo, de carácter negativo, reside en que la precisión estatutaria “no impida el despliegue completo de las funciones propias de la competencia estatal regulada en el art. 149.1 CE de que se trate. Sólo si se satisfacen estas exigencias, tal modo de proceder resultará acorde a la Constitución”

Y en el caso del Art. 51 EAAnd, al atribuir a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir, por más que la atribución competencial pretenda limitarse a aquellas aguas “que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma” y se realice con las salvedades oportunas, impide que las competencias reservadas al Estado por el Art. 149.1.22ª CE y ejercidas por éste a través de la legislación estatal en materia de aguas desplieguen la función integradora y de reducción a la unidad que les es propia. 
 
El Art. 51 EAAnd no supera, en suma, el canon de constitucionalidad expuesto y vulnera el 149.1.22º CE por razón de la inadecuación formal del Estatuto de Autonomía  para realizar una concreción del criterio territorial de delimitación de las competencias que el citado precepto constitucional reserva al Estado.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. BOE., Núm. 267, 5 de noviembre de 2011.
La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, que son objetivos obligatorios a partir del 2009 y habilita al Gobierno a modificar los objetivos establecidos, así como a establecer objetivos adicionales. Asimismo, habilita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a dictar las disposiciones necesarias para regular un mecanismo de fomento de la incorporación de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. La Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte, dispone en la letra e) del artículo 7.3, que regula las condiciones generales que deben cumplir los biocarburantes para su certificación, que se deberá haber acreditado la sostenibilidad del biocarburante en los términos que se establezcan, teniendo en cuenta la calidad, el origen de las materias primas y la evaluación ambiental de los cultivos. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos, relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la protección de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad o tierras con elevadas reservas de carbono.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad documental. Estafa informática. Atenuante de reparación del daño. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de junio de 2011
Delito de estafa. Delito de falsedad documental. Estafa informática: artículo 248.2 CP. La descripción del tipo delictivo se integra con la existencia de una «manipulación informática» causante de la transferencia de activo patrimonial no consentida y en perjuicio de tercero. Como consecuencia de la realización de anotaciones en el sistema informático de la sociedad perjudicada, se validaron indebidamente los apuntes contables fraudulentos, y se expidieron pagarés correspondientes a prestaciones inexistentes, a favor de los colaboradores del acusado que, mediante el cobro de una ilícita comisión, los recibían para, a continuación, entregar las cantidades percibidas al propio acusado. Atenuante de reparación del daño. No se aprecia: la reparación se produjo de modo insuficiente en atención al patrimonio del acusado y alejado del perjuicio ocasionado. No se aprecia la atenuante solicitada, ni siquiera como atenuante analógica.


Mercantil

Tráfico: Cuantificación de las indemnizaciones: carácter vinculante del Sistema legal de valoración del daño corporal. Indemnización del lucro cesante. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
Se debe acudir  a la hora de compensar más adecuadamente el citado lucro cesante, a los «elementos correctores» del apartado primero del número 7 del Anexo de la LRCSCVM. Esta aplicación exige que se haya probado debidamente la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante futuro realmente padecido. No debe resultar  compensado mediante la aplicación de otros factores de corrección, teniendo en cuenta, eventualmente, la proporción en que el factor de corrección por incapacidad permanente pueda considerarse razonablemente que comprende una compensación por la disminución de ingresos, ya que la falta de vertebración de la indemnización por este concepto de que adolece la LRCSCVM no impide que este se tenga en cuenta. La  determinación del porcentaje de aumento debe hacerse de acuerdo con los principios del Sistema y, por ende, acudiendo analógicamente a la aplicación proporcional de los criterios fijados por las Tablas para situaciones que puedan ser susceptibles de comparación. La aplicación del factor de corrección de la Tabla IV sobre elementos correctores para la compensación del lucro cesante ha de entenderse que es compatible con el factor de corrección por perjuicios económicos, en virtud de la regla general sobre compatibilidad de los diversos factores de corrección.

Accidente de tráfico aéreo. Transporte aéreo internacional. Limitaciones de responsabilidad y su ámbito de aplicación. Convenio de Varsovia. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de julio de 2011
Al transporte aéreo de personas en los que el punto de partida y el punto de destino están situados en territorio de dos Estado parte del Convenio de Varsovia (artículo 1.2 del Convenio  ) y el transporte se efectúa por una compañía aérea no comunitaria (como en el caso, una compañía de una república de la Federación Rusa), ha de aplicarse primordialmente la normativa del Convenio de Varsovia.  Sin embargo, aun tratándose de una compañía no comunitaria, el Reglamento (CE) 2027/1997  establece una serie de obligaciones vinculadas con el principio de transparencia -obligación de información a los pasajeros- que obligan a todas las compañías aéreas que prestan sus servicios desde, hacía o dentro de la Comunidad (art. 6 del citado Reglamento CE   ). La finalidad de esas obligaciones de información se encuentran justificadas en el considerando Décimo tercero del Reglamento CE 2027/97  que señala que lo es para reducir el riesgo de distorsión de competencia, las compañías aéreas de terceros países deberían de informar adecuadamente a sus pasajeros de sus condiciones de transporte. Sin embargo, esa parte de la normativa comunitaria aludida que se aplica a las compañías transportistas no comunitarias no afecta al régimen de responsabilidad establecido en el Convenio de Varsovia, ni al de Montreal.


Civil

La calificación del contrato como de contrato de obra a precio alzado no impide tener en cuenta la ejecución real y la existencia de aumento de obra. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de junio de 2011
La parte recurrente se centra en la calificación efectuada por la sentencia recurrida que entiende que se está ante un contrato de ejecución de obra por precio alzado previsto en el Art. 1593 CC y señala que en el contrato, los términos son claros, porque si bien se determina que el precio es invariable, éste se fija en atención a las mediciones reales de las unidades de obra conforme a los precios establecidos en los presupuestos por metro cuadrado y entenderlo de otra manera, vulneraría la autonomía de la voluntad. Sin embargo,  la calificación de los contratos es función atribuida al juzgador de instancia. En nuestro sistema la calificación del contrato, en aquellos extremos que supone la fijación de hechos probados y la finalidad perseguida por las partes, está atribuida a los tribunales de primera y segunda instancia, limitándose el control por medio del recurso de casación a la vertiente jurídica en supuestos excepcionales de error patente o interpretación arbitraria o absurda de lo pactado. La calificación efectuada por la Audiencia Provincial no resulta absurda, ya que si bien parece inclinarse por entender que el suscrito por las partes tenía la característica de contrato de obra a precio alzado, después señala que esta calificación no impide tener en cuenta la ejecución real y la existencia de aumento de obra, por lo que no está permitido a la Sala entrar a examinar la verdadera naturaleza del contrato, al haber estado calificado de una forma realista y teniendo en cuenta los intereses buscados por quienes lo suscribieron.

Reclamación de los honorarios devengados por el abogado frente a su cliente. Eficacia probatoria del dictamen emitido por el Colegio de Abogados. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de junio de 2011
Improcedencia de las alegaciones de la recurrente sobre el carácter erróneo, ilógico y arbitrario de la valoración del dictamen del Colegio de Abogados de Baleares efectuada en la sentencia impugnada, ya que de esta no se deduce que se haya incurrido en una apreciación errónea del contenido del dictamen o que de él se hayan extraído consecuencias absurdas o contrarias a la lógica. Tampoco se han tergiversado las conclusiones del dictamen y el valor probatorio que se le ha otorgado ha sido adecuadamente motivado, pues se le atribuye un valor probatorio «reconocido» pero no vinculante. Sobre la determinación del precio de los servicios de un abogado no fijado previamente y su apreciación equitativa por el tribunal, el criterio de equidad mantenido en la instancia no puede tener acceso a la casación más que cuando sea arbitrario o desorbitado. Por otra parte, los hechos fijados en la sentencia impugnada en los que se apoye la fijación de los honorarios pueden ser impugnados si se demuestra que la valoración probatoria realizada ha infringido un precepto legal que debe ser observado en la valoración de la prueba o ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por ser arbitraria o manifiestamente errónea, lo que debe hacerse a través del artículo 4691.4.º LEC.


Laboral

La trabajadora debe adquirir la condición de indefinida al haber prestado servicios en el mismo puesto de trabajo, tanto en su aspecto locativo, como en su aspecto funcional, en virtud de varios contratos temporales. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 22 de junio de 2011
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si el vínculo que une a la trabajadora demandante con el CSIC demandado se transforma en indefinido -no fijo- por aplicación de lo dispuesto en el art.15.5 del ET. La sentencia recurrida, basa au argumento para rechazar la pretensión actora en que considera esencial el elemento formal que consiste en estar adscrita la trabajadora a una determinada «fase» de un mismo proyecto de investigación, entendiendo que cada fase es diferente de la anterior, y basa su decisión en que ese dato es determinante para concluir que no se trata, como requiere la norma, del mismo puesto de trabajo.
El recurso de la actora es estimado, la trabajadora debe adquirir esa condición de indefinida al haber prestado servicios en el mismo puesto de trabajo, tanto en su aspecto locativo, porque se desarrollaba en el mismo lugar, como en su aspecto funcional, porque siempre ha realizado labores propias de una titulada superior, en virtud de varios contratos temporales, los dos últimos vigente ya la Ley 43/2006, en un plazo superior a 24 meses y en período de cómputo de 30, en los términos previstos en el art.15.5 ET, en relación con las disposiciones Transitoria Segunda y Final Cuarta del RD-Ley 5/2006, y Transitoria Segunda de la Ley 43/2006. En definitiva, debemos estimar el recurso y declarar el carácter indefinido de la relación.

El contrato de relevo continua ostentado la misma  naturaleza pactada, pese a la  reducción de jornada  de la relevista por guarda legal de menor, pues no cabe incluir lo acontecido en la jornada de la relevista  en el concepto de cese. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 23 de junio de 2011
La empresa demandante, concertó un contrato de relevo al haber accedido uno de sus trabajadores a la situación de jubilación parcial. Dicho contrato se transformó de temporal en indefinido. Posteriormente,  se produjo el nacimiento del hijo de la relevista, y solicita reducción de jornada por guarda legal. La empresa tramitó la baja del contrato a tiempo completo causando el alta a tiempo parcial. El INSS dictó resolución por la que reclama a la empresa el importe como pago de las mensualidades de la pensión percibida por el trabajador en jubilación parcial. Interpuesta demanda por la empresa su pretensión fue desestimada en la instancia por sentencia del Juzgado de lo Social que se confirma por la sentencia de suplicación. Se trata por tanto de dirimir  cual es la naturaleza de la ausencia, parcial, de la trabajadora en el servicio de la empresa ya que la situación de relevo no cumple en apariencia los requisitos de la DA 2ª del RD 1131/2002 atendiendo a las características que el contrato de relevo debe reunir a lo largo de toda su existencia para justificar  el pago de las prestaciones de jubilación. Pero no cabe dejar de dotar de relevancia a la razón concreta por la que disminuye la prestación de servicios con carácter temporal. El contrato de la trabajadora relevista continua ostentado la misma  naturaleza que fue pactada  y que surtió válidos efectos como relevo. Conserva su carácter de contrato indefinido a tiempo completo, no se ha transformado en un contrato a tiempo parcial  aunque externamente se comporte como tal, la reducción de jornada forma parte de la eficacia del propio contrato y en tanto se mantenga la reducción no por ello se ve afectada la cotización. En tales circunstancias no cabe incluir lo acontecido en la jornada de la relevista  en el concepto de cese.


Administrativo

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Inadmisión de recurso de amparo que no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional. Tribunal Constitucional. Sentencia 26 de septiembre de 2011.
El demandante no ha justificado una proyección objetiva del amparo s olicitado que traduzca en el plano formal (art. 49.1 LOTC) la exigencia material y formal de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo establecida por el art. 50.1 b) LOTC como requisito de procedibilidad de la demanda (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3, y ATC 264/2009, de 16 de noviembre, FJ único). No ha ofrecido, dicho aún en otros términos, razonamiento alguno que permita advertir por qué el contenido del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en atención a su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución o para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales que se alegan en la demanda (en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho -art. 24.1 CE-). Se desestima el amparo.

Vulneración del derecho de defensa: resolución administrativa que impone una sanción de expulsión del territorio nacional, en lugar de la sanción de multa prevista por la ley con carácter general. Tribunal Constitucional. Sentencia 26 de septiembre de 2011.
No existe un proceso contencioso-administrativo sancionador en donde haya de actuarse el ius puniendi del Estado, sino un proceso contencioso-administrativo cuyo objeto lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de una sanción. En consecuencia, no es posible concluir que sean los Tribunales contencioso-administrativos los que, al modo de lo que sucede en el orden jurisdiccional penal, «condenen» al administrado. Muy al contrario, la sanción administrativa la impone siempre la Administración pública en el ejercicio de la potestad que le reconoce la Constitución. De otra manera no se respetaría la exigencia constitucional de que toda sanción administrativa «se adopte a través de un procedimiento que respete los principios esenciales reflejados en el art. 24 CE» (STC 125/1983, de 26 de diciembre, FJ 3). La Sala declara vulnerado el derecho a la defensa del recurrente (art. 24.2 CE).

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