edición: 2830 , Martes, 22 octubre 2019
08/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El TC declara ilegal que el juez notifique en un ejecutado hipotecario en una vivienda en la que sabe que no vive

Javier Ardalán

El artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento  Civil (LEC) obliga al juez a la práctica de diligencias de averiguación del domicilio, incluso a través del padrón de habitantes y otros registros públicos. Sólo una vez agotada esta posibilidad, se puede  acudir a la notificación por edictos, y si no se adopta por el órgano judicial, que se limitó a seguir adelante con la ejecución, a pesar de tener pleno conocimiento de que el domicilio al que se dirigían las notificaciones no era el del actor.

Además de ser necesario el emplazamiento personal del demandante de amparo al ostentar derechos e intereses legítimos en el proceso hipotecario ejecutivo, si es factible localizarlo, ya en su domicilio real, ya en su lugar de trabajo, por resultar identificable a partir de los datos que constan en las actuaciones, según establece una sentencia del Tribunal Constitucional, de 8 de septiembre de 2014.

En la demanda de amparo se imputa la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por defectos de los actos de comunicación del Juzgado a la persona del recurrente. Junto a ello se agrega un segundo motivo relativo a la falta de llamamiento al proceso de sus dos hijos, que poseen un interés legítimo al haberles sido adjudicada, junto a su madre, la vivienda hipotecada en el proceso de divorcio de sus progenitores.

Por último, se aduce la lesión del derecho a la igualdad  a través del artículo 14 de la Constitución Española, relativo a la naturaleza y efectos del proceso hipotecario frente al proceso común de ejecución en cuanto a privilegios del ejecutante.

Todo ello hace que se deba afirmar que la falta de emplazamiento, en cualquier caso, debía haber sido corregida por el juez, como resulta del artículo 24.1 de la Constitución Española ya que el derecho a no padecer indefensión debe ser restaurado por quien presta la tutela judicial.

Esta falta de emplazamiento del demandante de amparo en el proceso le ha producido un perjuicio real y efectivo en sus posibilidades de defensa, puesto que le ha impedido defender sus derechos e intereses en el procedimiento ejecutivo, no existiendo dato alguno en las actuaciones que permita deducir o inferir de manera suficiente y razonada que hubiera tenido un conocimiento extraprocesal del pleito.

En este sentido, frente al criterio del juzgado en la resolución de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, ha de recordarse que, según la reiterada doctrina constitucional, ´el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del interesado que vaciaría de contenido constitucional su queja no puede fundarse sin más en una presunción basada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega.

Estas afirmaciones compatibles con que, como también hemos recordado, del examen de las actuaciones pueda inferirse de manera suficiente y razonada que tuvo o hubo de haber tenido un conocimiento extraprocesal de la pendencia del litigio o que no podía ignorar su existencia.
En consonancia con ello, cuatro son los presupuestos que venimos analizando para acreditar la vulneración de este derecho fundamental por falta de emplazamiento personal: la titularidad por el demandante de amparo, al tiempo de la iniciación del proceso, de un derecho e interés legítimo y propio, susceptible de afectación por la causa enjuiciada, en las resoluciones judiciales recurridas. La situación de interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida.

También, la posibilidad de identificación del interesado por el órgano jurisdiccional y el cumplimiento por el órgano judicial de su obligación constitucional de velar para que los actos de comunicación procesal alcanzasen eficazmente su fin, lo que significa, entre otras cosas, concebir los emplazamientos edictales como modalidades de comunicación de carácter supletorio y excepcional (sentencia126/1999, de 28 de junio) o no presumir sin más que las notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado a conocimiento de la parte interesada cuando la misma cuestiona con datos objetivos que así haya sido (sentencia 113/2001, de 7 de mayo).

Y, finalmente, que el recurrente en amparo haya sufrido como consecuencia de la omisión del emplazamiento una situación de indefensión real y efectiva, lo que no se da cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. El conocimiento extraprocesal del litigio ha de verificarse mediante una prueba suficiente, que no excluye las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones.

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