edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
05/09/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El TC declara que las sanciones por errores en los datos de operaciones vinculadas se ajustan a la Constitución

Javier Ardalán

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado que el artículo que regula las infracciones tributarias por no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación sobre operaciones vinculadas no se ajuste a la Carta Magna.

Consideran los magistrados, en sentencia de 11 de julio de 2013, que aunque con la redacción del artículo 16.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) no permite predecir la cuantía de las multas a las que se exponen las personas y entidades vinculadas, ello se debe a la indefinición relativa de las infracciones, no a las sanciones.

Los preceptos cuestionados establecen el régimen sancionador que, con el fin de luchar contra el fraude fiscal, diseñó el Gobierno para las llamadas “operaciones  vinculadas”. Es decir, para aquellas transacciones que realizan sociedades o sujetos  relaciona dos entre sí o sometidos de alguna forma al mismo poder de decisión.

Así, el TC determina que no es que las sanciones no estén taxativamente previstas, que lo están, “es que la Ley hace depender su imposición de la definición precisa de las conductas antijurídicas que, de conformidad con el apartado 10 del art. 16 LIS, corresponde en parte al desarrollo reglamentario”.

El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, diseña para las “operaciones vinculadas” un tratamiento fiscal diferente del que fija para las transacciones entre empresas independientes. Para determinar si las operaciones vinculadas encubren o no  un posible delito fiscal, la norma exige la aportación de documentación. De incumplirse  esta “obligación documental”, las sociedades podrán ser sancionadas. El Supremo plantea  al TC sus dudas sobre la constitucionalidad de este sistema sancionador al entender que el Real Decreto Legislativo 4/2004 (artículo 16.2 y 16.10) carece “de rigor o precisión en la tipificación de los ilícitos previstos”. También considera que las multas son  “desproporcionadas”.

Este desarrollo reglamentario continúa el razonamiento- tendrá que identificar la documentación exigible y que, en su caso, puede concretar a efectos sancionadores el significado de los conceptos legales indeterminados. “La imprecisión está en el supuesto de hecho de la norma, no en su consecuencia jurídica; afecta a la tipicidad de las infracciones, no a la de las sanciones”, concluye la sentencia. Ocurre, por tanto, que esa relativa imprecisión no vulnera la garantía formal del principio de legalidad sancionadora porque la Ley recoge los elementos esenciales de las conductas antijurídicas.

El cumplimiento de las exigencias de previsibilidad de la reacción punitiva está de este modo vinculado, no a la regulación legal de las sanciones, sino a la definición reglamentaria de las infracciones; definición que debe completar el régimen legal de los “elementos esenciales” teniendo en cuenta el mandato constitucional de taxatividad, tanto más acuciante cuanto mayor es la entidad de las consecuencias represivas.

Puede  suceder que estas entidades pacten los precios de sus operaciones y alteren de ese modo  la tributación que les corresponde o incluso falseen la competencia. Tanto la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la Unión Europea y el  Gobierno han tratado de evitar que estas operaciones puedan utilizarse de modo  fraudulento para encubrir una traslación de beneficios o pérdidas de unas sociedades a  otras con el fin de eludir a Hacienda.

La sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente Andrés Ollero, analiza si la norma cuestionada respeta el principio de legalidad sancionadora tanto en su vertiente material (exige que las conductas infractoras y las sanciones correspondientes estén predeterminadas en la ley para que los ciudadanos puedan conocer de antemano las conductas prohibidas y prever así las consecuencias de sus acciones) como en la formal (las normas que tipifiquen esas conductas y sanciones han de tener rango de ley) . La exigencia formal, muy estricta en el ámbito penal, es más flexible cuando afecta a las infracciones y sanciones administrativas. Por este motivo, explica el TC, en estas materias la ley puede remitir al reglamento siempre y cuando de forma previa determine “los elementos esenciales de la conducta antijurídica”.

El Constitucional advierte de que, cuando se produce  la  remisión al reglamento, éste debe pasar el filtro de la garantía constitucional de previsibilidad: “Esto supone que la jurisdicción ordinaria, que es a la que compete el control de la legalidad de las normas reglamentarias, habrá de controlar no sólo la fidelidad del reglamento a la ley desarrollada (principio de jerarquía del art. 9.3 de la CE) sino también su conformidad con la exigencia constitucional de taxatividad en materia de infracciones administrativas (dimensión material  del principio de legalidad sancionadora del art. 25.1 de la CE)”. La cuestión elevada al TC por el Tribunal Supremo había sido planteada por el Consejo de Titulados Mercantiles.

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