edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
29/11/2013
Reacción social, el miedo en el cuerpo

El temor a la factura electoral obliga al Gobierno a frenar las reformas

Superado el ecuador de la legislatura, el calendario económico ya no coincide con el político
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Juan José González

Banca y empresa demandan más reformas al Ejecutivo. Financieros como Emilio Botín y Francisco González, representantes empresariales como Juan Rosell (CEOE), Mónica Oriol (Círculo de Empresarios) José Manuel Entrecanales (Instituto Empresa Familiar) y un largo etcétera de presidentes de grandes compañías, por no decir el Ibex al completo, animan al Gobierno a seguir la línea de las reformas. Coinciden en sus deseos con los expresados también por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Empresarios e instituciones internacionales tienen en común numerosos argumentos para insistir en que se mantenga esa línea reformista. Y en la concurrencia está la sensación de que el Ejecutivo español ha relajado la velocidad y ritmo de aplicación de las políticas de austeridad. La situación se presenta incómoda para un Gobierno que, efectivamente, ha reducido el ritmo reformista, al menos, en las grandes reformas, consciente de que el discurso de empresarios e instituciones, pasado el ecuador de la legislatura, le pasarán una costosa factura política en las urnas, para unos hoy muy lejos, para otros a la vuelta de la esquina.

La política económica está poniendo en aprietos al Gobierno de Mariano Rajoy, entre la espada y la pared. Empresarios e instituciones expresan en los últimos meses el estado de ánimo en público. Apuntan que las reformas como la energética y la laboral, producen crecimiento en el corto plazo y animan la inversión, y que por tanto, son razones suficientes como para seguir reformando. Pero el Ejecutivo no se muestra tan receptivo a mitad de legislatura como al inicio de ésta a las voces que reclaman más reformas. Por exigencias del guion político interno, se ha visto obligado a bajar el ritmo de las medidas de austeridad, base, junto a la ideológica, de la mayoría de las reformas ejecutadas hasta ahora.

En esta reivindicación, se enfrentan dos ámbitos: el empresarial y el político, y con ellos, de fondo, los problemas de unos y de otros. En esta ocasión, como en muchas otras, se produce un cruce de calendarios, donde el económico va a influir como nunca en el político, en el entendido de que el desencanto y cabreo social contra los `populares´ son de tal grado que las urnas registrarán el precio de la factura que corresponda a la acción de gobierno en los dos últimos años, en la etapa de mayor dureza reformista del Partido Popular. Su estrategia política pasaba por dedicar una primera parte de la legislatura a las malas noticias, los mensajes duros, los recortes, la austeridad y la reestructuración de sectores como el bancario, hoy reducido a un grupo de menos de 20 entidades.

Así las cosas, así las reformas, en pleno ecuador de la legislatura y con el grueso de las reformas ejecutado, empresarios y financieros solicitan del Ejecutivo mayor concreción, mayor profundidad en las reformas, una nueva vuelta de tuerca a la laboral. Demandas del mundo del dinero que abogan un recorte de precios -salariales- mayor que el de los últimos dos años. Sin embargo, el calendario político tiene ahora prioridad absoluta. Las citas electorales se acercan a toda velocidad. Gobierno y oposición ya se encuentran en campaña desde septiembre para elegir a sus candidatos al Parlamento europeo. Le seguirán en año y medio las elecciones municipales y las autonómicas, y a continuación las generales, si no se adelantan.

Con este horizonte político a nadie le extraña que el Ejecutivo haya relajado su actividad en las grandes reformas, y todo parece indicar que la de las pensiones vaya a tener un destino diferente al inicialmente previsto (y temido). Diferente porque la reacción social  que cabe esperar será mucho más conflictiva que las conocidas hasta ahora. Y por otra parte, por el interés de restar una baza importante al partido socialista. El movimiento de Economía de rebajar las comisiones de los planes de pensiones, orientado a potenciar las pensiones privadas como complemento de las públicas, parece apuntar hacia una reforma de las pensiones menos agresiva que la inicialmente prevista.

En todo caso, y dejando a un lado los elogios y halagos del mundo financiero y empresarial, no está nada claro que estos den por concluida su demanda al Ejecutivo de continuar y profundizar en el calendario de reformas previsto hace dos años, el que entonces les llevó al poder.

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