edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
26/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales impondrá compensaciones económicas

Javier Ardalán
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales podrá acordar la indemnización de daños y perjuicios extendiéndola tanto a los supuestos de estimación del recurso como a los de desestimación total, y permitiendo que a través de esta vía se pueda establecer la correspondiente compensación económica a las partes por las costas en que hayan incurrido como consecuencia de la interposición del recurso.
De esta forma se prevé en el anteproyecto de ‘Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del tribunal administrativo central de recursos contractuales’, que también, podrá adoptar medidas provisionales y garantías para responder de los daños que de su adopción pudieran derivarse para el órgano de contratación o para los restantes licitadores, por causas de inadmisión, por el cómputo de los plazos para la interposición del recurso según el acto que sea objeto del mismo, por la práctica de la prueba o las sanciones por interposición del recurso con mala fe o temeridad.

El Real Decreto, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, se enmarca dentro del desarrollo reglamentario general de la legislación reguladora de la contratación pública contenido en la disposición final sexta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, del que no es sino una anticipación derivada de la conveniencia de acelerar su aprobación con objeto de dar solución a cuestiones que por su naturaleza no permiten mayor demora en su regulación.

Merece especial mención la regulación que se hace de la posibilidad de acordar la indemnización de daños y perjuicios extendiéndola tanto a los supuestos de estimación del recurso como a los de desestimación total, y permitiendo que a través de esta vía se pueda establecer la correspondiente compensación económica a las partes por las costas en que hubieran tenido que incurrir como consecuencia de la interposición del recurso.

El objetivo de este Real Decreto es dotar de las normas de actuación precisas y concretas al Tribunal y a quienes hayan de acudir a él en el ejercicio de la defensa de sus intereses o derechos, recogiendo la experiencia que el tiempo de funcionamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha aportado con respecto de los problemas que pueden surgir en el ámbito de los procedimientos de revisión en materia de contratación pública que son de su competencia.

Además, como en tantas otras normas, este Reglamento persigue dar un impulso a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento que regula, lo que permite no sólo un ahorro de costes tanto a la Administración como a los propios interesados en el procedimiento, sino también una mayor agilidad en su tramitación, lo cual se hace necesario dada la brevedad de los plazos establecidos para la tramitación del citado procedimiento.

Se ha tenido en cuenta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, ha incorporado ya, de manera obligatoria y previa notificación individualizada, a todas las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, al sistema de “Dirección Electrónica Habilitada”, por lo que está garantizado que todas ellas acceden al buzón electrónico habilitado al efecto.

Otro de los fines del borrador es reducir las cargas administrativas facilitando y simplificando la tramitación de los procedimientos de recurso, reclamación o cuestión de nulidad, en cuanto que a través del empleo de medios electrónicos se produce un ahorro importante en el tiempo de remisión del expediente administrativo, no siendo necesario además su desplazamiento físico en papel, lo cual implica un ahorro en su traslado. El ahorro total anual estimado en el coste de las cargas administrativas que supone el proyecto asciende a 232.072 euros.

El Tribunal comenzó su actividad en octubre de 2010, siendo el nº de recursos presentados, desde su inicio de actividad hasta el 31 de diciembre de 2013, el siguiente: 75 recursos en el año 2010, 346 en 2011, 348 en 2012 y 1067 en 2013.

El Gobierno concibe el Reglamento para su aplicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos dentro de la esfera de actuación de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores integrados o dependientes de ella o en la de aquellas comunidades autónomas que hubieran atribuido a éste la competencia para resolver los recursos.

Sin embargo, no debe perderse de vista que ésta es una norma a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de parte de las contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que de ellas tienen la consideración de básicas de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda las que afectan al procedimiento, por lo que también las contenidas en este Reglamento deben ser consideradas como tales.

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