edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
16/02/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

El Tribunal Constitucional declara “ilegítimo” el uso de la cámara oculta

DATADIAR

Los hechos que origina el litigio se remontan cuando una periodista, contratada por una productora, acude a la consulta de una esteticista y naturista, haciéndose pasar por una paciente, por lo que fue atendida por ésta en la parte de su vivienda destinada a consulta, ocasión utilizada por la primera para grabar la voz y la imagen de la segunda por medio de una cámara oculta. Una vez obtenida la grabación, la productora la cedió a una Televisión Autonómica, que la emitió en un programa de la cadena. Además de emitirse la grabación con las imágenes y la voz captada, en el programa se desarrolló también una tertulia sobre la existencia de falsos profesionales que actúan en el mundo de la salud, en la que se la criticó y cuya imagen apareció en un ángulo de la pantalla, y pusieron de manifiesto la existencia, casi tres años antes de la grabación emitida, de una condena penal previa contra dicha persona por delito de intrusismo por haber actuado como fisioterapeuta sin ostentar título para ello.

Considerando que los comentarios expresados en dicho programa de televisión lesionaban su derecho al honor y que la captación y publicación de sus imágenes dañaban su derecho a la propia imagen y a la intimidad, la afectada interpuso recurso interesando que los demandados procedieran a la difusión íntegra en el programa de televisión de la sentencia que se fallase y a indemnizarla. El juez desestimó la demanda interpuesta sosteniendo que la actuación desarrollada por la periodista mediante la cámara oculta se enmarcaba en el llamado periodismo de investigación, al que es consustancial la simulación de la situación, el carácter oculto de la cámara de grabación así como la no revelación de la identidad periodística del interlocutor. Por otra parte, estimó que las manifestaciones efectuadas por la presentadora del programa o por terceros en el curso del mismo no constituían infracción de derecho alguna, pues era indudable el ánimo puramente informativo que inspiraba la emisión, vertiéndose datos ciertos y objetivos como la prosecución de actuaciones penales por delito de intrusismo frente a la actora que concluyeron en sentencia firme condenatoria. Como consecuencia de la desestimación de su demanda recurrió en apelación. La Audiencia Provincial  concluyó que el reportaje objeto de recurso reunía todos los requisitos necesarios (veracidad, objetividad, interés general y propósito esencialmente informativo) que permitían considerar que el informante había procedido dentro del ámbito protegido constitucionalmente sin atentar contra ningún derecho constitucionalmente amparado. Ante la nueva negativa y no conforme con la sentencia dictada en segunda instancia, interpuso recurso de casación, alegando infracción del Art. 18.1 CE en relación con el Art. 7, apartados 1, 5 y 7, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo descartó la vulneración del derecho al honor, sin embargo estimó el motivo de casación basado en la infracción del derecho a la intimidad (Art. 18.1 CE) sobre la base de que, al no mediar consentimiento expreso, exigible con arreglo al Art. 2.2 en relación con el Art. 7.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, la intromisión fue ilegítima.

El TS estimó también el motivo de casación basado en la infracción del derecho a la propia imagen (Art. 18.1 CE), en cuanto que la demandante en casación fue privada, tanto en el momento de la grabación como en el de la emisión televisiva, del derecho a decidir, para consentirla o impedirla, sobre la reproducción de la representación de su aspecto físico determinante de una plena identificación. Por otro lado, en cuanto que el reportaje se centró en la persona de la demandante, incluso emitiendo su imagen durante las manifestaciones de los invitados, la convirtió en elemento fundamental de la información, por lo que no cabría entender que se grabara y publicara una imagen meramente accesoria de la información a los efectos del apartado segundo del Art. 8.2.c.) de la Ley Orgánica 1/1982.

Ante tal pronunciamiento, tanto la productora como la cadena televisiva, decidieron acudir al Tribunal Constitucional en base a la vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz del Art. 20.1 d) CE, por cuanto la Sentencia del Tribunal Supremo desatendió los criterios de ponderación y proporcionalidad tradicionalmente admitidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como legitimadores del derecho a la libertad de información frente a los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Sostienen los recurrentes que el empleo de cámara oculta no puede limitar per se el derecho a informar del art. 20.1 d) CE. Lo que por el contrario determina la licitud o ilicitud de la utilización de la cámara oculta es la concurrencia de los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional y europea: veracidad, interés general y fin informativo.

La controversia planteada atañe, en sentido estricto,  al conflicto entre la libertad de comunicar información veraz de un medio de comunicación y los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen de la esteticista/naturista que fue objeto de grabación mediante una cámara oculta en su propio gabinete profesional por quien se hizo pasar por cliente interesado en sus servicios. No entra aquí en cuestión su derecho al honor, que no ha sido declarado vulnerado por ninguna de las tres instancias judiciales que han conocido de la controversia, en cuanto que no se han vertido expresiones ofensivas o ultrajantes durante el programa televisivo. Consiste en resolver si, en la ponderación de los mencionados derechos fundamentales en juego, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo vulneró el art. 20.1 d) CE en su concreción de derecho a la libertad de información.

El TC expone la doctrina constitucional sobre el contenido de la libertad de información, por un lado, y de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, por otro, para posteriormente realizar el enjuiciamiento sobre los eventuales conflictos entre dichos derechos para proyectarlo sobre este caso particular donde por primera vez se abordan las “singularidades del uso de una cámara oculta de grabación videográfica como medio de intromisión en un reducto privado” donde se registra de forma íntegra la imagen, voz y la forma de conducirse en una conversación mantenida en un espacio de la actividad profesional de la afectada.

Sobre el contenido de la libertad de información: “los límites”, establece el TC que la especial posición que ostenta el derecho a la libertad de información en nuestro Ordenamiento reside en que “no sólo se protege un interés individual sino que su tutela entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático”. Sin embargo, tal protección especial queda sometida a determinados límites tanto inmanentes como externos que el Tribunal ha ido perfilando progresivamente. Entre los límites inmanentes se encuentran los requisitos de veracidad y de interés general o relevancia pública de la información; en ausencia de los dos mencionados requisitos decae el respaldo constitucional de la libertad de información. Por otro lado, como límites externos el derecho a la información se sitúan los derechos específicamente enunciados en el art. 20.4 CE.

Respecto a la “relevancia pública” de la información, el  Tribunal ha subrayado que  dado que la protección constitucional se ciñe a la transmisión de hechos “noticiables” por su importancia o relevancia social para contribuir a la formación de la opinión pública, tales hechos deben versar sobre aspectos conectados a la proyección pública de la persona a la que se refiere, o a las características del hecho en que esa persona se haya visto involucrada. De manera que, “sólo tras haber constatado la concurrencia de estas circunstancias resulta posible afirmar que la información de que se trate está especialmente protegida por ser susceptible de encuadrarse dentro del espacio que a una prensa libre debe ser asegurado en un sistema democrático”. Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado que el factor decisivo en la ponderación entre la protección de la vida privada y la libertad de expresión estriba en la contribución que la información publicada realice a un debate de interés general, sin que la satisfacción de la curiosidad de una parte del público en relación con detalles de la vida privada de una persona pueda considerarse contribución a tal efecto

Por otra parte, y en cuanto a los derechos a la “intimidad” y a la “propia imagen”, la sentencia recuerda que los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen, al igual que el derecho al honor reconocido en el mismo precepto constitucional, tienen sustantividad y contenido propio en nuestro ordenamiento, de modo que ninguno queda subsumido en el otro. Por ello, una determinada forma de captación de la información, o de presentación de la misma, puede llegar a producir al mismo tiempo tanto una intromisión ilegítima en la intimidad como  una vulneración del derecho a la propia imagen o, incluso, una lesión al derecho al honor, o bien puede  afectar  únicamente a alguno de ellos. Así, en el presente caso,  la dimensión lesiva de la conducta se proyecta sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, sin que se ponga en cuestión la posible afección del derecho al honor, porque lo que cobra relieve aquí no es el contenido estricto de la información obtenida, sino cómo se ha recogido y registrado mediante videograbación subrepticia,  y el lugar donde se ha llevado a cabo,  el reducto reservado de una consulta profesional.

El presente caso presenta unos contornos o perfiles singulares derivados de la especial capacidad intrusiva del medio específico utilizado para obtener y dejar registradas las imágenes y la voz de una persona. Por un lado, como bien razona en sus alegaciones el Ministerio Fiscal, el carácter oculto que caracteriza a la técnica de investigación periodística llamada “cámara oculta” impide que la persona que está siendo grabada pueda ejercer su legítimo poder de exclusión  frente a dicha grabación, oponiéndose a su realización y posterior publicación, pues el contexto secreto y clandestino se mantiene hasta el mismo momento de la emisión y difusión televisiva de lo grabado, escenificándose con ello una situación o una conversación que, en su origen, responde a una previa provocación del periodista interviniente, verdadero motor de la noticia que luego se pretende difundir. La ausencia de conocimiento y, por tanto, de consentimiento de la persona fotografiada respecto a la intromisión en su vida privada es un factor decisivo en la necesaria ponderación de los derechos en conflicto, como subraya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En cuanto al interés general del reportaje que alegan los recurrentes, el TC señala que, aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen en todo caso una  ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen. En cuanto a la vulneración de la intimidad, el TC rechaza en primer lugar que tanto el carácter accesible al público de la parte de la vivienda dedicada a consulta por la esteticista/naturista, como la aparente relación profesional entablada entre dicha persona y la periodista que se hizo pasar por una paciente, tengan la capacidad de situar la actuación de la recurrente extramuros del ámbito del derecho a la intimidad de aquélla, constitucionalmente protegido también en relaciones de naturaleza profesional. Y en cuanto al derecho a la propia imagen, el TC alcanza idéntica conclusión. Confirma la Sentencia del Tribunal Supremo, que afirmó que la persona grabada subrepticiamente fue privada del derecho a decidir, para consentirla o para impedirla, sobre la reproducción de la representación de su aspecto físico y de su voz,  determinantes de su plena identificación como persona. 


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Orden ECC/149/2012, de 30 de enero, por la que se desarrolla el apartado Dos. b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. BOE.,  Núm. 27, 1 de febrero de 2012.
En los inicios de la crisis financiera internacional y en coordinación con otros gobiernos de la Unión Europea, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro para hacer frente al impacto de dicha crisis en la financiación de las entidades de crédito. El citado real decreto-ley fue desarrollado a través de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre. Mediante Órdenes del Ministro de Economía y Hacienda, de 29 de diciembre de 2008, y de la Ministra de Economía y Hacienda, de 30 de septiembre de 2009, se otorgaron avales de la Administración General del Estado de acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas. El programa de avales así puesto en marcha contribuyó eficazmente a facilitar el acceso de las entidades de crédito beneficiarias a los mercados de capitales en un entorno de fuertes tensiones. No obstante, la crisis de deuda soberana de la Eurozona ha generado un incremento de las primas de riesgo exigidas a las entidades de crédito de los países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria y ha dificultado en mayor medida el acceso de éstas a los mercados mayoristas de financiación. Esta situación, unida a la relevante concentración de vencimientos de emisiones que afrontan las entidades financieras durante 2012, hace necesario adoptar medidas que faciliten el acceso a la financiación por parte de las entidades y, de este modo, promover el crédito al sector privado en los próximos meses. En respuesta a esta situación, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona euro del 26 de octubre de 2011 acordó la puesta en marcha del denominado paquete bancario, dirigido a evitar un proceso abrupto de desapalancamiento de las entidades financieras de la Eurozona y una posible restricción del crédito disponible para la economía real. Este paquete bancario se articula sobre dos pilares: por un lado, un proceso de reforzamiento del capital de las grandes entidades; por otro lado, un sistema coordinado y efectivo de garantías de los Estados miembros que facilite el acceso de los bancos a la financiación a medio y largo plazo.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito intentado de robo con violencia e intimidación. Delito de lesiones. Delito de tenencia ilícita de armas. Coautoría. Comunicabilidad. Atenuante de reparación del daño. Tribunal Supremo. Sentencia 19 de octubre de 2011
Se declara probado que los acusados, puestos de común y previo acuerdo en la acción de apoderarse de dinero, joyas y otros efectos, y empleando para ello un revólver cargado en perfecto estado de funcionamiento y una porra extensible que al efecto portaban los acusados, entraron en el interior del inmueble dos de ellos, mientras el tercero esperaba a bordo de una motocicleta realizando asimismo labores de vigilancia y dispuesto para proporcionar la fuga de los acusados. Coautoría: se aprecia igualmente respecto del delito de lesiones toda vez que todos los acusados eran conocedores de la existencia de las armas en definitiva utilizadas. Igualmente deben responder todos los partícipes respecto del delito de tenencia ilícita de armas, porque el mero reparto de papeles determina la posesión inmediata de las mismas por parte de uno u otros acusados. Reparto de papeles que permite intercomunicar las acciones desplegadas por cada uno de los partícipes conforme al plan diseñado conjuntamente. Doctrina de la Sala: dominio funcional del hecho. La coautoría no es una suma de coautorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho y no puede, pues, ser autor solo el que ejecuta la acción típica sino también todos los que dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. Comunicabilidad de los medios comisivos a los partícipes que no emplearon directamente las armas o medios peligrosos: teoría de las desviaciones previsibles. Cada sujeto debe responder con dolo directo de las acciones realizadas por el mismo según el plan trazado pero también con dolo directo o eventual de los hechos acaecidos que sean consecuencia de las desviaciones previsibles del proyecto delictivo que cada agente acepta y consiente. Unidad de acción: concurre en el caso. Agresión desplegada en dos momentos por los acusados. Hay coincidencia en el momento y en el propósito sin que por ello pueda escindirse en dos acciones distintas esta secuencia. Delito de tenencia ilícita de armas. Comunicabilidad: La tenencia de las armas resulta compartida por los tres coacusados y la disposición singular de cada una de ellas es fruto del acuerdo previo y de la respectiva asignación del papel que cada uno debía desarrollar conforme al mismo. Armas de fuego y armas prohibidas: concurso de delitos y absorción por el más grave. Absorción del delito de tenencia ilícita de armas de fuego reglamentadas del artículo 564.1.1 por el de tenencia de armas prohibidas del artículo 563 por contener una penalidad más grave. Atenuante de reparación del daño: artículo 21.5 CP. No procede apreciarla respecto del delito de robo, al no haber conllevado la sentencia ninguna declaración de reparación económica.


Mercantil

Sociedades anónimas. Cuentas anuales. Las discrepancias con la memoria que no repercutan en el resultado contable y expresen más bien una crítica a la gestión del órgano de administración no justifican la nulidad de las cuentas. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de octubre de 2011
El recurso no llega a concretar ninguna verdadera discrepancia de la recurrente con las cuentas del ejercicio 2004, en el sentido de que no muestren la imagen fiel del patrimonio social, y que el contenido de sus cinco motivos constituye realmente una crítica al órgano de administración de la sociedad demandada por haber pagado anticipadamente a determinados acreedores y haber instado luego la declaración del estado de suspensión de pagos alegando insolvencia provisional debida a la devolución de un préstamo a la propia recurrente, materia perteneciente más al ámbito de una eventual responsabilidad del administrador frente a la hoy recurrente que al de los principios rectores de las cuenta sociales, todo ello sobre la base de que los pagos en cuestión fueron reales y también lo eran las deudas que se liquidaron. En consecuencia la sentencia impugnada no se opone a la doctrina jurisprudencial  que predica que la nulidad de los acuerdos aprobatorios de las cuentas de un ejercicio no puede paralizar la actividad de la sociedad ni exime a los administradores de formular las cuentas correspondientes a los siguientes ejercicios, de modo que una eventual nulidad fundada en la de acuerdos precedentes habrá de estar sustentada no en discrepancias con la gestión de los administradores sino en inexactitudes de las propias cuentas.

Retribución del administrador que, además, ejerce cargo de alta dirección. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de octubre de 2011
El artículo 130 LSA - hoy 217 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio -, con el fin de proteger a los accionistas de la posibilidad de que los administradores la establezcan por propia decisión, exige que la retribución de éstos sea la fijada en los estatutos. La jurisprudencia - sentencias 441/2007, de 24 de abril, 1147/2007, de 31 de octubre, 448/2008, de 29 de mayo, y las que en ellas se citan - ha interpretado el referido artículo 130 - en relación con el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto - en el sentido de entenderlo aplicable a la retribución de los administradores de las sociedades anónimas, aunque estén unidos a ellas, además, por una relación laboral de carácter especial como personal de alta dirección, siempre que las funciones atribuidas a ellos por el correspondiente contrato no sean distintas de las que son naturalmente propias de su condición de administradores - incluidos los consejeros delegados -, pues, admitir otra cosa, significaría tolerar una burla del mandato contenido en el artículo 130 y legitimar el rodeo característico del « fraus legis «.


Civil

Contrato de permuta de entrega futura. Resolución. Improcedencia. El cumplimiento de la obligación principal contraída impide que prospere. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de octubre de 2011
Procedencia de la estimación de la demanda en cuanto al otorgamiento de escritura pública en forma de compraventa de los elementos convenidos, siendo de la promotora demandada los gastos. Se desestima totalmente la demanda reconvencional rechazando la pretendida resolución, ya que, si se atiende al contrato de permuta pactado los actores vinieron obligados a la entrega del solar para que el demandado construyese y esta obligación principal la han cumplido desde el momento que se efectuó la entrega, ese cumplimiento ya impide que la facultad resolutoria del demandado prospere, por cuanto lo que no se ha cumplido es la contraprestación que debía abonar la demandada ante la divergencia planteada por las partes que se ha constatado en acta notarial. Esta conclusión ya priva de eficacia a la declaración de voluntad de la demandada ya que el incumplidor no puede ejercitar la facultad resolutoria, (art. 1124 del C.c) ni tampoco variar el contenido de su contraprestación, alterando lo pactado en el contrato, artículo 1256 del C.c. La parte permutante, propietaria del terreno, demandante, ha cumplido su obligación esencial de entrega de la finca y la parte permutante, adquirente de ésta y obligada a entregar elementos del edificio, sociedad demandada y recurrente en casación, no ha cumplido su obligación esencial de entrega de aquéllos y, por ello, ha sido estimada la demanda, que pretende el cumplimiento del contrato de permuta.

Los arrendamientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LAR 1980 siguen rigiéndose por la misma que es la que determina su régimen jurídico, salvo en lo que respecta al tiempo de duración. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de octubre de 2011
La Ley 1/92, de Arrendamientos Rústicos Históricos, se promulga con diversos objetivos: a) prorrogar estos arrendamientos por un único y último periodo -31 de diciembre de 1997- durante el cual el arrendatario podrá ejercitar el derecho de acceso a la propiedad, prohibiendo al arrendatario hacer uso del derecho de subrogación «inter vivos» que reconocía al arrendatario el artículo 73 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, de 31 de diciembre de 1980; b) determinar un nuevo precio de las fincas arrendadas, en el caso de que el arrendatario ejercite el derecho de acceso a la propiedad, partiendo del principio de que en el actual valor de las fincas han contribuido, de forma notable, el arrendatario y sus ascendientes mediante su cultivo a lo largo de varias generaciones; c) indemnizar al arrendatario cuando deje, a requerimiento del arrendador, las fincas libres y a disposición del arrendador al finalizar el año agrícola en el que se extingan los contratos de arrendamientos, y d) prorrogar por razones fundamentalmente sociales los contratos de arrendamiento en supuestos de avanzada edad del arrendatario, permitiendo a este y a su cónyuge continuar en el arrendamiento de la casa de labor, si esta constituyera su vivienda habitual, hasta que fallezcan. Pues bien, una cosa es el que día 31 de diciembre de 1997 finalizara el derecho del arrendatario a acceder a la propiedad en las condiciones que el arrendador deberá dirigir al arrendatario comunicándole su propósito de recuperación de las fincas con ofrecimiento del pago de la correspondiente indemnización, como proclama el artículo 4-1 de la ley. Mientras esto no se cumpla, el contrato continúa vigente, y con él el derecho del arrendatario a continuar en la explotación de la finca con derecho a percibir no sólo dicha indemnización, sino a ejercitar aquellos otros que la ley otorga y que no se hubieran extinguido. La expiración de la prórroga legal no produce la extinción del contrato de arrendamiento rústico ya que el artículo 83.1,b) LAR deja a salvo que hubiere habido tácita reconducción y ello, sin duda, reproduce las características de aquél (salvo las modificaciones introducidas con la ley 1/92), no así en cuanto al plazo de duración, pues éste no será el que regía en el contrato extinguido, sino el que ha de ser dentro de la reconducción conforme al Código Civil. En definitiva, la LARH 1/92 modifica la LAR 83/80, incluso deroga los artículo 98.1 y 99, en lo que respecta al derecho de acceso a la propiedad del arrendatario, y al complemento indemnizatorio por abandono, que refiere el artículo 4.1, sin la limitación temporal impuesta para el acceso, pero ello no obstante, y en lo demás, los arrendamientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la LAR 1980 siguen rigiéndose por la misma que es la que determina su régimen jurídico, salvo en lo que respecta al tiempo de duración, que es el propio de la tácita reconducción del contrato de arrendamiento en el que se mantiene la relación arrendaticia y en cuya situación no pierde la condición de arrendatario que le permite ejercitar el derecho de retracto, por no prohibirlo la LAR.


Laboral

Distribuir la jornada no puede identificarse con reducirla. La distribución de jornada que implica su reducción es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 4 de octubre de 2011
La cuestión controvertida se centra en determinar si el artículo 1 párrafo cuarto de la segunda parte del Convenio Colectivo suscrito entre IBERIA y su personal de Tierra, en la que se regulan las condiciones de trabajo de los Trabajadores Fijos de Actividad Continuada a Tiempo Parcial (FACTP), autoriza a la empresa a la reducción de jornada que ha implicado de hecho,  la «distribución» de dicha jornada que la empresa ha llevado cabo con respecto a los trabajadores demandantes. Afirma el Tribunal aunque la empresa puede establecer y distribuir la jornada conforme a lo establecido en el artículo 1 y la Disposición Final 4ª del Convenio Colectivo aplicable, esta no puede hacer uso de esa facultad a su capricho, arbitrariamente o de manera irracional, como en general no puede hacerlo con ninguna de las facultades en que se vertebra el poder de dirección,  y a este respecto, la norma convencional no puede ser más clara, al disponer el párrafo 4 del artículo primero del citado Convenio, que: «La distribución de la jornada semanal, ya sea de horas ordinarias o de horas complementarias, podrá modificarse, en función de las cargas de trabajo, entre los límites señalados en el párrafo anterior.»  Como acertadamente razona la sentencia recurrida, la facultad de distribuir la jornada no es identificable con la de reducirla y, aún cuando dicha distribución pudiera suponer una disminución de la jornada, la norma convencional condiciona la modificación a las cargas de trabajo.

Despido disciplinario por uso incorrecto de ordenador. Prueba obtenida con un programa espía. Es lícito si existe una prohibición absoluta respecto del uso para fines personales. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 6 de octubre de 2011
Si no hay derecho a utilizar el ordenador para usos personales, no habrá tampoco derecho para hacerlo en unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, porque, al no existir una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de intimidad y porque, si el uso personal es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que además se abstenga de controlarlo. En el caso del uso personal de los medios informáticos de la empresa no puede existir un conflicto de derechos cuando hay una prohibición válida. La prohibición absoluta podría no ser válida si, por ejemplo, el convenio colectivo reconoce el derecho a un uso personal de ese uso. En el caso ahora examinado, existía una prohibición absoluta que válidamente impuso el empresario sobre el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, Internet, etc.) para fines propios, tanto dentro como fuera del horario de trabajo, y no caprichosamente sino entre las sospechas fundadas de que se estaban desobedeciendo las órdenes impartidas al respecto. Y sentada la validez de prohibición tan terminante, que lleva implícita la advertencia sobre la posible instalación de sistemas de control del uso del ordenador, no es posible admitir que surja un derecho del trabajador a que se respete su intimidad en el uso del medio informático puesto a su disposición. Tal entendimiento equivaldría a admitir que el trabajador podría crear, a su voluntad y libre albedrío, un reducto de intimidad, utilizando un medio cuya propiedad no le pertenece y en cuyo uso está sujeto a las instrucciones del empresario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 20 E.T.


Administrativo

Validez de las disposiciones estatales que definen los sistemas de explotación extensivos, clasifican las explotaciones porcinas en función de su capacidad productiva e introducen un sistema nacional de identificación de animales. Tribunal Constitucional. Sentencia 18 de octubre de 2011.
El TC descarta una vez más que la aducida infracción del Derecho comunitario pueda servir del parámetro para la regulación de esta controversia, ninguna duda cabe sobre el carácter materialmente básico del sistema de marcaje a través del martillo tatuador, pues aunque reconociendo efectos extraterritoriales a las normas autonómicas, ello en absoluto enerva que el Estado, competente para dictar normas básicas en materia de sanidad, pueda ejercer tal competencia en garantía de la sanidad animal y de la propia salud humana imponiendo el sistema de marcaje de los datos de identificación de los animales en los movimientos intercomunitarios, máxime cuando ese sistema de marcaje no es cerrado, sino abierto a tres posibilidades «indistintamente», una de las cuales, es el martillo tatuador que se objeta, de manera que las Comunidades Autónomas tienen abiertas las posibilidades de opción por cualquiera de los sistemas previstos en la norma estatal, sistemas entre los que no se incluye hoy el martillo tatuador, tras la modificación operada por el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, que, sólo contempla como sistemas de marcaje de la especie porcina el «crotal auricular o un tatuaje». Procede desestimar la impugnación del art. 6.5 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo.

Subvenciones destinadas a proyectos singulares de desarrollo local y urbano. Tribunal Constitucional. Sentencia 19 de octubre de 2011.
El TC decide estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente al Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales y, en consecuencia declarar que vulneran las competencias de la Generalitat de Cataluña, los siguientes preceptos: el párrafo primero del art. 3.3; los apartados 2, 3 y 4 del art. 22; el apartado 1 del art. 23; el primer párrafo del art. 25; el art. 26; el primer inciso del art. 27.1; la referencia al Ministerio de Administraciones Públicas contenida en el art. 28.1; el art. 29; el art. 30; la referencia al Ministerio de Administraciones Públicas contenida en el art. 31.2; y el art. 32.

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