edición: 2680 , Miércoles, 20 marzo 2019
09/03/2011

El Tribunal de la UE se lo pone más difícil a las familias propietarias de empresas que entran en concurso

Javier Ardalán
Los Gobiernos comunitarios pueden eliminar el derecho a percibir las deudas impagadas de las empresas familiares en concurso, cuando el trabajador asalariado sea propietario, él solo o en compañía de miembros de su familia, de una parte esencial de la sociedad y haya ejercido una influencia considerable en ella durante los últimos seis meses antes de la entrada en el procedimiento concursal.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de febrero de 2011, acaba de emitir una sentencia en la que considera que los Estados miembros pueden excluir a los trabajadores de su derecho de garantía de pago de las deudas impagadas por una empresa concursada cuando, solos o junto con parientes próximos, sean propietarios de una parte esencial de la empresa afectada y ejerzan una influencia considerable en sus actividades en los seis meses anteriores a la solicitud de declaración de concurso de dicha empresa.

El legislador no deseaba influir en la facultad de los Estados miembros de fijar límites a la responsabilidad de las instituciones de garantía en ciertos casos, incluidos los descritos en el citado artículo 12, letra c). Este último se basa, entre otras cosas, en la presunción implícita de que el trabajador asalariado que, simultáneamente, tenía una participación esencial en la empresa afectada y ejercía una influencia considerable en sus actividades puede, en consecuencia, ser en parte responsable de la insolvencia de dicha empresa.

En este caso, se trataba de una empleada que era pareja del dueño de una sociedad sueca, que recibió acciones por donación en 2006 y estaba contratada por la empresa desde mediados de los años 90. Fue miembro suplente de su consejo de administración y estuvo facultada para representar individualmente a la sociedad hasta que su pareja decidió retirarle dicha facultad el 20 de noviembre de 2008.
 
El 12 de enero de 2009, el administrador del concurso denegó el pago de créditos salariales solicitado por la trabajadora con arreglo a la Ley de garantía salarial sueca indicando que había sido propietaria de una parte esencial de la sociedad de que se trataba y había ejercido una influencia considerable en sus actividades durante los seis meses anteriores a la solicitud de declaración de concurso de dicha sociedad y que, de este modo, de conformidad la Ley sobre prelación de créditos, no tenía el derecho de preferencia.

El ponente, el magistrado británico Konrad Schiemann, indica que la Directiva 2008/94 establece, en su artículo 3, una obligación de pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados, mientras que el artículo 12, letra c), de esta Directiva permite a los Estados miembros rechazar o reducir esta obligación en los casos en los que el trabajador asalariado, por sí mismo o junto con sus parientes próximos, sea propietario de una parte esencial de la empresa o establecimiento del empresario y ejerza una influencia considerable en sus actividades.

El citado artículo no menciona ningún plazo durante el cual la posesión de una parte esencial de la empresa afectada y la influencia considerable en sus actividades deben haber sido efectivas para que se rechace o reduzca dicha obligación de pago.

Por ello, la trabajadora reclamó el pago del salario correspondiente al mes de diciembre de 2008 y a una parte del mes de enero de 2009, así como de las indemnizaciones de preaviso y las cantidades debidas en concepto de vacaciones pagadas, más los intereses legales. Para ello, alegó que le era aplicable el derecho de preferencia establecido en el artículo 12 de la Ley sobre prelación de créditos y que su situación no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo sexto de dicho artículo 12, dado que, si bien era propietaria de una parte esencial de la empresa, no tenía, en la fecha de solicitud de declaración de concurso, ninguna influencia considerable en esta sociedad y no la podía dirigir.

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