edición: 2510 , Lunes, 16 julio 2018
25/11/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Tribunal Económico Administrativo Central define cuando Hacienda no puede exigir intereses de demora en las liquidaciones

Xavier Gil Pecharromán

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 14 de junio de 2012 estableció que en el ámbito administrativo la institución de los intereses moratorios responde a las mismas exigencias que en el ordenamiento jurídico privado, por lo que no cabe exigir intereses en los casos en aquellos supuestos en que el incumplimiento o el retraso sean imputables al acreedor, en este caso la Administración.

La mora del sujeto pasivo termina cuando la Administración dicta la liquidación corrigiendo la autoliquidación presentada por aquél, de forma que si esta liquidación administrativa es anulada en la vía económico-administrativa o jurisdiccional no será posible imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda tributaria al contribuyente, por lo que el día final de cómputo de los intereses de demora en la liquidación nueva que pueda dictarse será el de la fecha en que se dictó la liquidación originaria.

En consecuencia, aplicando el mencionado criterio, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) fija el último día del plazo para el devengo de intereses en la fecha en la que se acuerda practicar la liquidación que fue objeto de anulación parcial. El TEAC ha emitido una Resolución, de 28 de octubre de 2013, en el que se definen los supuestos de liquidación de intereses en caso de estimación de recursos y reclamaciones.

Así, el Pleno del Tribunal resuelve que en el caso de liquidaciones dictadas en ejecución de resoluciones administrativas o judiciales estimatorias en parte por razones sustantivas, que anulan una liquidación ordenando la práctica de otra en sustitución de aquélla, se deben exigir intereses de demora sobre la nueva liquidación que deberá realizar la Inspección de Hacienda, en virtud de lo previsto en el artículo 26.5 de la Ley General Tributaria, de forma tal que la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada, y la fecha final del cómputo será aquella en que se haya dictado la nueva liquidación.

En todo caso deberán tenerse en cuenta las limitaciones que operan si se superan, por causas imputables a la Administración, los plazos establecidos para la ejecución de resoluciones y sentencias, excluyendo asimismo, en su caso, el tiempo en que se haya superado el plazo máximo legalmente previsto para resolver los recursos y reclamaciones en vía administrativa.
En aquellos casos en los que un Tribunal estima totalmente un recurso o reclamación, subsistiendo, no obstante, la posibilidad de que la Administración vuelva a liquidar, pero iniciando en todo caso un nuevo procedimiento: aquí se englobarían las estimaciones totales tanto por razones sustantivas como por razones de procedimiento, entre las que cabe citar, entre otros supuestos, los casos de caducidad. Se exigirán intereses de demora respecto a esta nueva liquidación, de forma tal que la fecha de inicio y la fecha final del cómputo del interés de demora serán las mismas que hubieran correspondido a la liquidación originaria anulada.

En otros casos, como aquellos en que los que un Tribunal estima por razones formales anulando el acto impugnado, pero sin ordenar la práctica de otro en sustitución de aquel sino que acuerda la retroacción de las actuaciones. En estos casos, la ejecución de la sentencia o resolución se circunscribe a la anulación del acto inicialmente impugnado y a la orden de retroacción, debiendo además, si se trata de un procedimiento inspector, respetar el plazo prevenido específicamente en el artículo 150.5 de la Ley General Tributaria. 

Se exigirán intereses de demora respecto a esta nueva liquidación, de forma tal que la fecha de inicio y la fecha final del cómputo del interés de demora serán las mismas que hubieran correspondido a la liquidación originaria anulada.

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