edición: 3098 , Lunes, 30 noviembre 2020
01/12/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El TS absuelve a los guardias civiles condenados por delitos de torturas y lesiones a Portu y Sarasola

DATADIAR
La Sala 2ª del TS, en su sentencia núm. 1136/2011 de 2 de noviembre, ha absuelto a los cuatro guardias civiles que previamente fueron condenados por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por un delito de torturas a los miembros de la banda terrorista ETA, Igor Portu y Mattin Sarasola.

Así, la Audiencia  de Guipúzcoa consideró autores de dos delitos de torturas y un delito y una falta de lesiones a cuatro de los quince guardias civiles. La sentencia de la Audiencia consideró probado que los etarras fueron detenidos, esposados e introducidos en dos vehículos y llevados a una pista forestal situada en Aramaio (Álava), lugar donde los agentes les amenazaron, insultaron y golpearon.

En la sentencia del TS, los recurrentes sostienen que la Audiencia ha aplicado el art. 176 del CP para fundamentar una condena a uno de los acusados por un delito de tortura en comisión por omisión. Con carácter general y referido a todos los miembros policiales les atribuían la no evitación de las torturas provocadas por sus compañeros dada la obligación legal de impedirlas cuando todos ellos se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrieron.

El sargento era consciente de la responsabilidad que asumía, ya que los hechos ocurridos relatan conductas de torturas cometidas por personas bajo su mando. En tal situación resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 5 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en su apartado 3.b) bajo el epígrafe de "tratamiento de detenidos" establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y dignidad de las personas". Sin embargo, ello se enmarca en un problema de prueba, pues es difícil de antemano describir actos positivos de los que se desprenda la aceptación de la conducta que otros ejecutan, más allá de encontrarse todos juntos o próximos mientras se desarrollan los hechos.

Además, el Supremo cuestiona la veracidad de algunos de los testimonios por tener relación éstos con el entorno etarra.

En relación a las torturas, el TS entiende que la versión de los hechos sostenida por los denunciantes podría ser calificada de "kantada" "coartada falsa" o "explicación deformada o ficticia" que confirmarían los documentos de ETA para imputar falsas torturas. De esta forma, la gran cantidad de golpes y agresiones que los etarras dijeron haber recibido pueden responder a instrucciones recibidas por los terroristas.

Y así la Sala afirma textualmente: La insinceridad ("kantada") de los querellantes deja huérfana de toda prueba la causación de las lesiones sufridas por los terroristas, ignorando si hubo excesos en las detenciones. Mas, descartada la producción durante la detención de la lesión más grave, sin perjuicio de que durante la detención, tres cuerpos en movimiento pudieron haber dañado la costilla afectada, la gravedad subsiguiente obedeció a otras causas sobrevenidas.

Varios peritos consideraron las lesiones compatibles con una detención violenta. Descartando de esta forma que las lesiones fueran fruto de torturas y agresiones producidas después de la detención como afirman ellos.

Finalmente, la Sala 2ª del Supremo absuelve a los guardias civiles y estima que no ha quedado desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia por no haber quedado debidamente acreditada la comisión de las torturas y lesiones.

La importancia de esta sentencia radica en que el Supremo contradice a la Audiencia cuestionando la veracidad de las declaraciones testificales y entendiendo que existió una estrategia o coartada por parte de miembros de la banda terrorista consistente en presentar denuncias y coartadas falsas que como miembros de la organización están “obligados a poner en práctica”. Por otra parte, las conclusiones valorativas inseguras a las que llegó la Audiencia no son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los agentes denunciados.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior. BOE. nº 243, 8 de octubre de 2011.
El régimen de declaración de las transacciones económicas con el exterior vigente en España, que data de 1991, se enfrenta a una serie de cambios operativos en los sistemas de liquidación de las operaciones de pago que, unidos a una marcada tendencia hacia la revisión de la regulación de la Unión Europea y de la mayoría de los Estados miembros, hacen necesaria su reforma parcial. En particular, el Reglamento 924/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2560/2001, recoge en su artículo 15.1 una cláusula de revisión en virtud de la cual, el 31 de octubre de 2011 a más tardar, la Comisión presentará un informe sobre la conveniencia de «suprimir la obligación nacional de información sobre los pagos». Este informe podrá ir acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa. En ese mismo sentido, la regulación aprobada durante los últimos años en la práctica totalidad de Estados miembros ha previsto la supresión de tal obligación de información nacional sobre pagos, con fines estadísticos. Con el objeto de alinear la regulación española en la materia a la vigente en nuestro entorno financiero y de anticiparse con la máxima eficacia posible a la muy probable reforma del Reglamento 924/2009, resulta preciso reformar la normativa de transacciones económicas con el exterior y derogar aquellas disposiciones que mantienen la obligación de las entidades de remitir información de la que no disponen de forma inmediata y automatizable e incorporar, por el contrario, la obligación de remitir aquella que sí es de disposición inmediata. De este modo se suprime el deber de las entidades registradas de exigir a sus clientes los datos que completen la información de las operaciones en que intervienen, para remitirla posteriormente al Banco de España.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de robo con violencia. Delito de secuestro. Absorción. Doctrina de la Sala. Delito de secuestro. Subtipo atenuado. Artículo 163.2 CP. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de junio de 2011
El acusado plantea el problema del deslinde entre el robo con violencia e intimidación y la detención ilegal, esto es, la determinación de si estamos ante un concurso de normas (art. 8 CP) o de delitos, real (art. 73 CP) o medial (art. 77 CP). Doctrina de la Sala: si la privación de libertad constituye un instrumento necesario y proporcionado para el apoderamiento de la cosa habrá concurso de normas con absorción de la detención ilegal por el robo violento, y en caso contrario estaremos ante un concurso de delitos. Supuestos. Caso de autos: el robo se prolongó desde las 9,30 de la mañana hasta las 16 horas de la tarde, tiempo durante el cual estuvieron privados de libertad las dos víctimas. La privación de libertad ambulatoria tuvo una transcendencia e intensidad desajustada o descompasada con el robo efectuado y en momentos determinados, innecesaria. El tiempo preciso para ejecutar los actos depredatorios alcanzaría al apoderamiento de las cosas de valor que se llevaron de la casa, que pudo hacerse en menos de media hora o a lo sumo en una hora. Delito de secuestro: la puesta en libertad del detenido quedó supeditada a la obtención de 10.000 euros. Subtipo atenuado. Artículo 163.2 CP: naturaleza y alcance. Presupuestos para su apreciación: no consecución por el autor del propósito que guiaba su acción. En el caso el propósito inicial fue el «ánimo de lucro», haciendo cesar la situación ilícita cuando tal genérico propósito fue satisfecho con los efectos, cantidad de dinero obtenida y cheques al portador librados y entregados. Doctrina de la Sala: para apreciar el subtipo atenuado se exige: que sea el autor y no la víctima o un tercero quien dé libertad al detenido o encerrado; que el autor del delito no haya conseguido su propósito; y que la puesta en libertad se produzca dentro de las 72 horas siguientes a la detención o encierro. Caso de autos. Se estima: si bien su pretensión inicial fue la de obtener 10.000€, sin embargo los acusados, decidieron reducir sus pretensiones desistiendo de su propósito inicial. Y con este desistimiento, y percibiendo la décima parte de lo inicialmente propuesto, los autores pusieron en libertad a los detenidos. Delito de allanamiento de morada. Artículo 202 CP: el bien jurídico protegido (intimidad de los moradores de la vivienda como reducto íntimo de la vida personal y lugar de desarrollo de la vida familiar con exclusión de terceros), no queda protegido en los términos que le dispensa el art. 202 C.P  . con el castigo del delito de robo con violencia e intimidación que ataca el patrimonio e indirectamente la libertad personal, ni con el castigo del art. 163 C.P  . que ataca directamente a la libertad y seguridad personal. El delito de allanamiento de morada no queda absorbido por los delitos de robo con violencia ni por el de detención ilegal. Artículo 242.3 CP: Nueva regulación del robo violento en casa habitada.


Mercantil

Imitación de la presentación en el mercado de un grupo de sociedades. Relación entre la legislación sobre marcas y competencia desleal. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de junio de 2011
La Ley 3/1.991 no tiene por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable. Como consecuencia, la afirmación de las recurrentes de que su imagen corporativa es imitada por las demandadas, no puede ser entendida como una referencia a la imitación de sus signos comunitarios registrados, sino a algo distinto reconocido a las patentes.

Violación de marcas registradas. Uso de denominación social como marca que produce confundibilidad con las registradas. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2011
El  objeto del proceso se desenvuelve exclusivamente en el ámbito del derecho marcario. La entidad titular de la denominación o razón social invoca que el uso de la misma como nombre comercial, que se confunde con el signo distintivo de una marca registrada, tiene preferencia sobre ésta, aunque dicho nombre comercial no esté registrado, con base en que el uso es anterior al registro de la marca, sin que obste que no se haya opuesto a este registro. En el cuerpo del motivo se alega que la entidad recurrente ha actuado siempre de buena fe, no ha usado su denominación social para designar productos que comercializa o fabrica para lo cual utiliza sus propias marcas y que, tanto como nombre comercial como por denominación social, la recurrente se encuentra protegida en cuanto al uso en España de su denominación social, nunca utilizada como marca, siempre de buena fe, y de conformidad con lo que se corresponde con una práctica leal y legítima en materia industrial y comercial que viene a identificar una clara limitación de los derechos conferidos por los registros del contrario (art. 37 LM).


Civil

Compraventa. Resolución por incumplimiento de la obligación de pagar el precio: requisitos formales del requerimiento del artículo 1504 CC. Ineficacia del requerimiento mediante burofax. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de julio de 2011
Ninguno de los requerimientos previos a la demanda pueda reputarse válido y eficaz en orden a impedir el pago extemporáneo del comprador. Sin embargo,  se considera que, en tanto no se haya producido el pago del precio, debe reconocerse eficacia resolutoria a la demanda en que se ejercita la acción de resolución por incumplimiento, como forma de interpelación judicial literalmente contemplada en el artículo 1504 CC.  Constituye un hecho probado que el comprador fue el único incumplidor. De los términos del contrato no es posible extraer la consecuencia que defiende la parte recurrente, sobre que la cancelación debiera ser anterior. La cancelación de las cargas de la cosa en unidad del acto con el otorgamiento de la escritura de compraventa constituye práctica habitual. Nada justifica, vigente el contrato a la luz de la ineficacia de los requerimientos previos, que el comprador mantuviera su negativa al pago y la mantuviese hasta su emplazamiento. En esta tesitura de impago injustificado, contrario al fin económico-jurídico del contrato y a las legítimas aspiraciones del vendedor, resulta procedente la resolución ejercitada por el vendedor, pues no admitir el ejercicio de esta acción supondría dejar el negocio a expensas de que el comprador siga amparándose en un incumplimiento de la contraparte que no tiene reflejo en los hechos probados.

El impago por el arrendatario del IBI y de la repercusión por el coste de los servicios y suministros ha de considerarse como causa de resolución. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de julio de 2011
La causa resolutoria del artículo 114-1ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ha de comprender actualmente el impago por parte del arrendatario de aquellas cantidades a las que venga obligado legalmente, en tanto dicha norma tiende a proteger al arrendador frente a los incumplimientos del arrendatario respecto de obligaciones de inexcusable cumplimiento, y carecería de sentido estimar que, impuesta dicha obligación respecto de los contratos de arrendamiento de vivienda concertados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con efectos resolutorios por su incumplimiento (artículo 27.2 a), y extendida tal obligación del arrendatario igualmente a los contratos anteriores regidos por la Ley de 1964, opere la resolución para los primeros -en cuanto a los que el legislador dispensa una menor protección- y no respecto de los segundos amparados por un derecho de prórroga indefinido, en los que la máxima protección concedida al arrendatario ha de verse correspondida por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones. Igual consideración que el impago del IBI ha de tener el impago por el arrendatario de otras cantidades a cuyo pago al arrendador le obliga igualmente la ley, como son las referidas al importe del coste de los servicios y suministros producido a partir de la entrada en vigor de la LAU 1994, como se desprende de la Disposición Transitoria Segunda, apartado C) 10.5  , pues tales importes merecen la misma consideración jurídica que la falta de pago del impuesto de bienes inmuebles ya que el arrendatario está obligado a su pago con carácter periódico.

Laboral

Validez del consentimiento al firmar una baja voluntaria o firmada bajo intimidación. El trabajador opta por presentar su dimisión o sufrir un despido disciplinario. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 24 de junio de 2011
La cuestión planteada en el presente recurso consiste en determinar si es válido el consentimiento prestado al firmar una baja voluntaria o si le afecta algún vicio del consentimiento, concretamente la intimidación. Para que la conducta de la empresa previa a la toma de decisión pueda calificarse de amenaza o intimidación encuadrable en el artículo 1.267 del Código Civil, es preciso que la misma revista un matiz antijurídico o ilícito, y no hay tal cuando lo que se hace es anunciar el posible ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, como es el relativo a un posible despido disciplinario y la interposición de denuncia o querella. Y la retractación posterior, con mayor o menor dilación, no implica que la decisión original de cese la adoptase con alguno de los vicios del consentimiento citados, pues para examinar la intención, han de analizarse no sólo los actos posteriores, sino también los anteriores y los coetáneos y en estos casos el análisis conjunto de ellos puede llevar a la conclusión de que fue la intención de evitar esas medidas lo que determinó la dimisión, obviando así posibles consecuencias adversas. Del mismo modo, ningún precepto legal establece en orden a la toma de decisión de que aquí se trata, que haya de adoptarse por el trabajador mediando un plazo de reflexión y, en consecuencia, no pueda suscribirse o redactarse una dimisión o baja voluntaria en el mismo momento en que le son puestos de manifiesto los hechos al trabajador, pues lo decisivo en estos casos en que se trata de conocer si el consentimiento prestado lo fue libremente,  el mismo  día u otro cualquiera, es precisamente si concurren los elementos que configuran la decisión como tal, exenta de vicios en su formación. El Tribunal no es ajeno a los problemas que plantean las llamadas «encerronas», supuestos en los que el trabajador a solas con uno o más supervisores, es reprendido por su conducta e intimidado con las consecuencias que de la misma se derivan ofreciéndosele como solución la dimisión o la rescisión contractual por mutuo acuerdo, pero que en estos casos no puede estimase, sin más, la nulidad del consentimiento prestado por el operario, nulidad cuya declaración dependerá de que los hechos declarados probados en cada caso permitan estimar que ha concurrido alguno de los vicios del consentimiento que enumera el artículo 1.265 del Código Civil.

Valor de los  acuerdos alcanzados que produjeron que se desconvocara la huelga que venía desarrollándose y que tenía origen en la negociación del Convenio Colectivo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 27 de junio de 2011
Plantea el recurso la Asociación Regional de Funerarias de Aragón, al considerar que la infracción se produce al ordenar la aplicación de una cláusula cuando la misma está condicionada a la existencia del I Convenio Colectivo y en tanto en cuanto éste no exista, no se generará obligación de aplicación directa no provisional de tales cuestiones. Acepta que el artículo 8.2 del RDL 17/1977 otorga valor de convenio colectivo a lo acordado en un pacto que pone fin a una huelga pero discute que el acuerdo alcanzado implique la aplicación directa de las cuestiones sobre las que se alcanzó avenencia. Destaca el Tribunal la peculiaridad de la inexistencia de un Convenio Colectivo anterior de ámbito igual que se encuentre en ultraactividad y cuyas condiciones fueran a ser sustituidas por el siguiente. En la presente reclamación las relaciones laborales, en la fecha del acuerdo se regían por las condiciones individuales o colectivas, pero pactadas en el seno de cada una de las empresas, salvo aplicabilidad del convenio de ámbito interprovincial publicado en el B.O.E. núm. 298 de 13 de diciembre de 1976. En cualquier otra situación el contenido de la cláusula segunda sería tan relevante como que al referirse a la incorporación al futuro I Convenio Colectivo si éste no llegara a concluirse, no podría existir un régimen laboral pactado común aplicable a los trabajadores y empresas que intentaron la negociación. La ausencia de una previa afectación colectiva, en el marco territorial y funcional del futuro convenio impediría que el acuerdo obtenido pueda sustituir a loa anteriores relaciones individual o colectivamente en cada una de las empresas. Con arreglo a la primaria hermenéutica del artículo 1281 del Código Civil es evidente la voluntad de las partes de supeditar lo pactado a la existencia de un Convenio, futuro resultado de la composición acerca el resto de las materias pendientes de negociación. Sin embargo, frente a la voluntad de las partes, claramente expresada, se alza la realidad del mandato del artículo 8.2 del Real Decreto 17/1977, de 4 de Marzo, que por imposición del artículo 6.3 del Código Civil y dado su carácter de norma imperativa se sobrepone a la cláusula condicional acordada por las partes privándola de eficacia.


Administrativo

Vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos sufridos por el demandante en su salud y en su domicilio. Tribunal Constitucional. Sentencia 29 de septiembre de 2011.
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de un ciudadano que reclamaba a su Ayuntamiento una indemnización como compensación de las obras que realizó en su vivienda para limitar los daños que decía sufrir a consecuencia del ruido existente en la zona, al no haber éste acreditado o la repercusión del ruido externo en el interior de su vivienda ni que el daño pueda imputarse a la inactividad del Ayuntamiento. La sentencia cuenta con dos votos particulares.

Validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones contra resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la Seguridad Social. Tribunal Constitucional. Sentencia 26 de septiembre de 2011.
Trasladando aquí el razonamiento realizado en la STC 121/2011 respecto de las resoluciones y actos dictados en materia de alta de trabajadores en la Seguridad Social, la Sala concluye que la regla competencial cuestionada no contradice el diseño establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no poder colegirse de los genéricos enunciados de ésta un encuadramiento inequívoco de las reclamaciones contra resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la Seguridad Social en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o en el social.

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