edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
09/03/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

El TS condena al Juez Garzón por prevaricación a 11 años de inhabilitación para el cargo

DATADIAR
El Tribunal Supremo en sentencia núm. 79/2012 de 9 de febrero, ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados del «caso Gürtel» con sus abogados. La posibilidad de intervención administrativa de las comunicaciones prevenida por el art. 51.5.º de la Ley Orgánica General Penitenciaria no es aplicable a las comunicaciones de los internos con el Abogado Defensor o con el Abogado expresamente llamado en relación con los asuntos penales y con los Procuradores que los representen.

La regla general garantiza la confidencialidad de las comunicaciones de los internos enmarcadas dentro del ejercicio de su derecho de defensa en un procedimiento penal, sin posibilidad de intervención ni administrativa ni judicial. Sin embargo, excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda extenderse al resto del sistema, en el ámbito de los supuestos de terrorismo, y con la especial garantía de la orden judicial previa, el art. 51.2 LOPJ faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones. Pero, como señala la Sentencia del TC núm. 183/1994, sin autorización judicial la intervención de dichas comunicaciones constituye una actuación vulneradora del derecho fundamental de defensa, cuyo resultado no puede surtir ningún efecto probatorio.

El tribunal afirma que para resolver otros casos en los que se entendiera que la intervención pudiera ser imprescindible, sería precisa una reforma legal que contuviera una habilitación de calidad suficiente para intervenir las comunicaciones entre internos y letrados defensores en relación con asuntos penales, estableciendo los casos y las circunstancias en que tal intervención sería posible y las consecuencias de la misma.

La inexistencia de indicios de actuación criminal respecto de los letrados defensores, no solo resulta de la ausencia de cualquier elemento en las actuaciones que lo pudiera sugerir, sino también de las declaraciones del propio acusado, que no aportó ningún dato concreto sobre esto y de las de los funcionarios policiales encargados de la investigación. Además, el acuerdo de escucha y grabación de las comunicaciones se dictó antes de conocer la identidad de estos letrados, que fueron designados en su mayoría con posterioridad, y que hasta entonces no habían aparecido en las actuaciones bajo sospecha alguna de actuación delictiva. Por tanto, cuando se acordó la intervención, era imposible valorar indicios contra los mismos.

Se puede decir que el acusado sabía cuales eran las consecuencias necesarias de las dos resoluciones que dictó.

Resolución injusta es aquella que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles según los métodos usualmente admitidos en Derecho, careciendo de toda interpretación razonable, y siendo en definitiva exponente de una clara irracionalidad. En cuanto al elemento subjetivo, plasmado en la expresión "a sabiendas", no es otra cosa que la inclusión expresa del dolo, en el sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carácter injusto de la resolución que dicta. Basta con que el juez sepa que la resolución no es conforme a derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de interpretación, sino solamente imponiendo su propia voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia de 14 de setiembre de 2010, señaló que "la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes debía ser objeto de protección a nivel comunitario", aunque supeditó tal beneficio a dos requisitos: "...por una parte, debe tratarse de correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del cliente, y, por otra parte, debe tratarse de abogados independientes, es decir, no vinculados a su cliente mediante una relación laboral".

Además se debe tener en cuenta que no respetar la confidencialidad de las comunicaciones puede suponer reducciones muy sustanciales de otros derechos relacionados como el derecho a no declarar, el derecho al secreto profesional y el derecho a la intimidad.

En la jurisprudencia del TS no aparece un caso similar en el que, sin indicio alguno contra los letrados, se haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad.

Por su parte, el acusado alega que adoptó la medida porque no había otra solución para impedir que los imputados siguieran delinquiendo. El Tribunal no acepta su argumentación primero porque la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, y con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales.

La conclusión del tribunal puede resumirse en que la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio y más si alcanzarla supone vulnerar derechos fundamentales merecedores de especial protección. Además, la previsión legal del delito de prevaricación judicial, no puede ser entendida en ningún caso como un ataque a la independencia del Juez, sino como una exigencia impuesta por la necesidad de reprobar penalmente una conducta ejecutada en ejercicio del poder judicial que, bajo el pretexto de la aplicación de la ley, resulta frontalmente vulneradora del Estado de Derecho. El Tribunal entiende así que el magistrado actuó «a la altura de regímenes totalitarios» con los imputados de la trama «Gürtel», vulnerando de forma injustificada el derecho de defensa de los investigados.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. BOE núm. 290, de 2 de diciembre de 2011.
Por Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, se reguló el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, uno de cuyos objetivos fundamentales es proporcionar a jueces, fiscales, secretarios judiciales y policía judicial las herramientas necesarias para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Este real decreto venía a proporcionar además el necesario marco jurídico para la integración de los diferentes registros existentes mejorando así la calidad de la información y simplificando las tareas de los diferentes usuarios. La regulación por primera vez de la responsabilidad penal de las personas jurídicas operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incide de manera directa en la organización del sistema de registros que, para el mejor cumplimiento de la funciones ante señaladas, debe adaptar su funcionamiento al mandato derivado de estas normas, desarrollando las funcionalidades necesarias para incorporar a las correspondientes bases de datos la nueva información exigida. De acuerdo con la experiencia alcanzada durante el periodo de funcionamiento del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, parece igualmente aconsejable matizar la forma en que los interesados deben acreditar la personalidad y en su caso la condición de representante legal cuando soliciten acceso a la información contenida en el sistema de registros a efectos de su posible cancelación o rectificación. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo del Secretariado.


JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de robo con violencia. Delito de allanamiento de morada. Derecho a la presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Doctrina de la Sala. Complicidad. Elementos del tipo. Subtipo atenuado. Se desestima. Atenuante de confesión. Se estima. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de octubre de 2011
No corresponde a la Sala revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. Caso de autos: acusado que reconoce la entrega del buzo y del martillo que finalmente son utilizados en el robo de la vivienda de la víctima. Respecto del conocimiento del destino que el coacusado iba a dar a esas herramientas, se infiere el mismo de la relación de amistad entre los coacusados,  la efectiva entrega de esos instrumentos por parte del recurrente, que luego resultaron decisivos para el acceso al lugar del robo. El hecho de que en fechas previas el coacusado manifestara al recurrente su intención de dar « el golpe», aunque sin precisar en qué consistía. Y la devolución del mono ensangrentado al recurrente, tras cometer el coacusado los hechos. Inferencia razonable y no arbitraria. Prueba indiciaria. Doctrina de la Sala: Las inferencias deben ser descartadas cuando sean dudosas, vagas, contradictorias o tan débiles que no permitan la proclamación del hecho a probar. Sin embargo, es perfectamente posible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas sean lo suficientemente seguras e intensas como para reducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo. Y la seguridad de una inferencia, su precisión, se produce cuando aquélla genera la conclusión más probable sobre el hecho a probar. El análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo. Complicidad. Elementos del tipo: que el cómplice ha de captar con el dolo los elementos del tipo para cuya ejecución presta ayuda, está fuera de cualquier duda. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. En el caso el recurrente sabe, porque así se lo transmite el autor, que va a robar, que lo va hacer en el domicilio de una persona de 68 años de edad, que lo va a perpetrar de noche, y que para facilitarle el acceso al inmueble le entrega un martillo y un buzo de color azul. El recurrente capta con el dolo todos los elementos del delito que va a ser cometido y presta su colaboración auxiliar para su éxito. Atenuante de confesión. Se estima: tres días después de sucedidos los hechos el recurrente se personó en el cuartel de la Guardia Civil poniendo en conocimiento de la misma la muerte de la víctima, y entregando los utensilios empleados. Se aprecia como atenuante analógica al haberse iniciado ya investigaciones policiales.


Mercantil

Actos de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD). Imitación de las formas de presentación de los productos cosméticos -envases, inscripciones. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de noviembre de 2011
Debe destacarse la especial importancia de la apreciación efectuada en la sentencia recurrida respecto a que la acción ejercitada con carácter principal por la parte demandante es la que corresponde al ilícito concurrencial del art. 11 LCD (actos de imitación), y que, en cambio, no se ejercitó la relativa a actos de confusión del art. 6º LCD. Conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos. El segundo aspecto importante, consiste en que, como consecuencia de la doctrina anterior, resultan irrelevantes las identidades o semejanzas que puedan existir entre las respectivas formas de presentación de los productos de las partes, esto es, los envases e inscripciones.

Seguro de incendios. Procedimiento extrajudicial de liquidación de daños. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de noviembre de 2011
Aplicada la doctrina jurisprudencias respecto al el art. 38 de la LCS al caso de autos, señala el Tribunal que la aseguradora no negó la cobertura del siniestro, sino que retrasó el pago por causa justificada, dada la incoación de un procedimiento penal seguido para la investigación de la posible intencionalidad del incendio, que, a la postre, fue descartado. Unido ello a la concurrencia de unos embargos sobre la prestación que debía satisfacer la aseguradora al asegurado, lo que a su vez impidió el pago que pretendía efectuar la Compañía, pero sin saber la misma quién era el acreedor legítimo, dado el mandamiento judicial de embargo existente. En suma, la aseguradora nombró perito y, con tardanza, pero con certidumbre dio traslado a la asegurada que se abstuvo del nombramiento de perito, por su parte. Es incontestable que, al menos, tuvo traslado de la pericial cuando se le citó al expediente de consignación. El esfuerzo argumental de la parte recurrente tiende a demostrar que no es de aplicación el art. 38 de la LCS, pues la aseguradora expresó su negativa a indemnizar, pero como hemos dicho la única intención de la aseguradora, fue conocer con certeza si debía pagar y a quién, pero sin negar la cobertura del siniestro.


Civil

Fianza. Liberación del deudor solidario. Cuando el acreedor perjudica, con su conducta, los derechos de reintegro y subrogación del fiador. Si desaparecen las garantías, el fiador queda liberado. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de noviembre de 2011
El art. 1852 CC prevé un supuesto de liberación del deudor solidario cuando el acreedor perjudica, con su conducta, los derechos de reintegro y subrogación del fiador, de modo que, si como este caso, desaparecen las garantías, el fiador queda liberado. Existe una carga que obliga al acreedor a preservar plenamente el derecho de subrogación del fiador, es decir, «con extensión a todas las garantías y privilegios del crédito». En definitiva, no es aceptable jurídicamente que la conducta del acreedor haga desaparecer las garantías de la obligación objeto de la fianza y si lo hace, el fiador quedará liberado. No concurre en este casoe acto propio de la acreedora/cesionaria puesto que ésta al abstenerse en el convenio de la quiebra de la deudora ni consintió la purificación de los embargos y demás cargas que gravaban los bienes del activo, ni perjudicó el crédito al cederlo a un tercero. Quienes consintieron fueron los propios recurrentes, que ahora, en aplicación del principio de buena fe, no pueden pretender que se elimine la fianza.

Declarada la nulidad de la donación encubierta bajo contrato de compraventa, procede la restitución del bien donado al caudal hereditario del donante en favor de todos los herederos. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de noviembre de 2011
El artículo 1307 del Código Civil establece que siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa, no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha y de tal dicción se desprende con claridad que ha de atenderse al valor de la cosa en el momento de su pérdida jurídica para quienes tenían derecho a ella por resultar irreivindicable, ello sin perjuicio de la cantidad que los que dispusieron indebidamente de ella fijaron como precio para su enajenación, sin que en tal caso pueda entenderse producido enriquecimiento alguno de carácter injusto por parte de quienes resultaron ajenos a dicho negocio de compraventa para el que se pudo fijar un precio inferior al verdadero valor de la cosa sin intervención de todos los interesados. Producida la enajenación el 8 de junio de 2004, se ha valorado pericialmente el inmueble en dicha fecha en la cantidad de 17.023.248 € de la que se ha de partir a efectos de restitución, si bien restando de ella la cantidad de 360.607,26 € ingresada por la sociedad demandada días después del fallecimiento de el abuelo y padre los actores.


Laboral

Jubilación parcial no simultaneada todo el periodo con un contrato de relevo. Es preciso también la adecuación a derecho del contrato de relevo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 10 de octubre de 2011
Del análisis conjunto de la normativa aplicable se infiere que el derecho a la jubilación parcial del trabajador que reúna los requisitos personales, como la edad, permanencia en la empresa, etc. establecidos en la LGSS como base para el acceso a la pensión, no son suficientes para que e manera automática se materialice ese derecho, sino que se requiere además, mediante acuerdo con la empresa, la suscripción de un contrato a tiempo parcial «residual» para el trabajador que se pretende jubilar y otra actuación más, también de la empresa que consiste en contratar a un trabajador mediante la modalidad de «relevo», a tiempo parcial o completo. Esta figura complementaria de la jubilación parcial deviene así en un elemento constitutivo de la propia existencia de ese derecho complejo a la jubilación, que se enmarca en una finalidad normativa de que, por un lado, se acceda de forma paulatina a la jubilación y, por otro, que contribuya ese esfuerzo del sistema que permite la jubilación de quien no tiene aún los requisitos para jubilarse en los términos comunes previstos en la propia LGSS, a la creación de empleo o a paliar en la empresa la situación de temporalidad de alguno de sus trabajadores. Por esa razón, la solicitud que se formule a la Entidad Gestora para el acceso a la jubilación requiere que se complete con todos los pasos, los requisitos para su concesión, y si alguno de ellos no concurre, tal y como afirma en este punto la sentencia recurrida, no cabe entender que exista un derecho subjetivo de quien pretende esta especial modalidad de jubilación, aunque se trate de conducta de tercero, como es el caso de la empresa que comete, voluntariamente o no, irregularidades en la contratación del relevista.

La sentencia que declara el despido improcedente debe concretar la indemnización a pagar por el empresario si opta por la rescisión indemnizada del contrato. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 11 de octubre de 2011
La cuestión de fondo que plantea el recurso es si la indemnización por despido improcedente que reconoce el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores para los supuestos de relación laboral común, es la mínima legal y debe ser reconocida de forma automática, cuando no proceda otra superior, siempre que se declara la improcedencia del despido y sin necesidad de que el trabajador la reclame expresamente. A este respecto, el Tribunal concluye que la sentencia por despido improcedente, aunque nada se haya dicho en el suplico de la demanda, debe concretar la indemnización a pagar por el empresario si opta por la rescisión indemnizada del contrato, concreción que debe efectuar con arreglo a las normas legales o convencionales que sean de aplicación. En el presente caso la improcedencia del despido ya se había declarado en la instancia, donde se había fijado una indemnización por el concepto controvertido, pero, como en suplicación se varió la calificación de la naturaleza de la relación laboral, cambio que conllevaba el reconocimiento de una indemnización legal superior, debe entenderse que la sentencia de suplicación, al aceptar una distinta calificación del contrato, debió reconocer la superior indemnización que por ley corresponde a ese cambio, como lógica y automática consecuencia del mismo, sin necesidad de que hubiera petición expresa, porque esa pretensión estaba implícita en la de revisar la calificación de la relación laboral, máxime cuando esa posibilidad indemnizatoria si se había señalado en el cuerpo de ese recurso, lo que implícitamente suponía su reclamación porque «quien quiere lo más, quiere lo menos».


Administrativo

Denegación de la concesión de la nacionalidad española al considerar no justificado suficientemente el grado de integración en la sociedad española. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de abril de 2011
El conocimiento del idioma y la expresión correcta del mismo constituye un elemento vehicular que permite la relación con la sociedad, Así la falta de tal conocimiento, y, consiguientemente, de la posibilidad de relación con los miembros de la sociedad impide tener por justificado el requisito de la integración exigido para la concesión de la nacionalidad española. De este modo, la justificación del suficiente grado de integración en la sociedad por parte del solicitante de la nacionalidad exige el conocimiento por parte del interesado del idioma español, en grado suficiente no ya sólo para entenderlo, sino para hablarlo y facilitar con ello sus relaciones con terceros dentro del país en que pretende desenvolverse. Dicha falta de conocimiento del idioma es causa suficiente para la denegación de la nacionalidad española, sin perjuicio de que si posteriormente se acreditase la adquisición de una destreza suficiente en el manejo del idioma pudiera procederse a una nueva solicitud de la concesión de la nacionalidad.

Expediente de expropiación seguido con motivo de la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso a Cerler. Tribunal Supremo. Sentencia 6 de abril de 2011
Para la valoración de los terrenos con motivo de la expropiación seguido para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la carretera de acceso de Cerler, el perito procesal no puede sino reconocer que el Plan Parcial de Cerler, situando las parcelas en cuestión del término municipal de Cerler, en la zona de pistas, no le atribuye desarrollo urbanístico, por lo que ateniéndose a la clasificación legal la parcela se sitúa en «suelo rústico» o «no urbanizable. Además, es claro que no puede aceptarse la pretensión del recurrente solicitando un valor superior a lo pedido en vía administrativa como si de suelo urbanizable delimitado se tratase, toda vez que no tiene la condición ni siquiera por su afectación a un sistema general, ya que la carretera que se mejora constituye una actuación interurbana

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...