edición: 2577 , Jueves, 18 octubre 2018
02/10/2012

El TS determina que la falta de contrato de un trabajador dependiente no impide que dependa del orden social

Javier Ardalán
El Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de junio de 2012, considera que la formalización del contrato de un trabajador económicamente dependiente (TRADE) no es un requisito constitutivo sino meramente a título de prueba y su ausencia no determina la incompetencia del orden jurisdiccional social para entender de los litigios suscitados con la empresa para la que presta sus servicios sobre dicha relación jurídica.

Según la sentencia del juzgado de lo social, la falta de formalización del contrato del supuesto de TRADE determina por sí misma la inexistencia de tal relación jurídica y, por ende, la incompetencia jurisdiccional del orden social.

Por el contrario, para la sentencia de contraste dicha falta de formalización no implica necesariamente la incompetencia del orden jurisdiccional social sino que éste es competente, en primer lugar, para determinar si concurren o no «los requisitos objetivos o materiales del trabajo autónomo económicamente dependiente» y, a continuación y en el caso de respuesta afirmativa a esa primera cuestión, entrar en el fondo de la demanda planteada.

El ponente, el magistrado Alarcón Caracuel, mantiene que la solución conforme a derecho es la adoptada en la sentencia de contraste, por lo que procede revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al TSJ de procedencia para que, con libertad de criterio, entre, en primer lugar, a determinar si concurren o no los requisitos materiales de la relación jurídica del TRADE y en segundo lugar, en caso de responder afirmativamente a dicha cuestión, lo que determinaría la competencia de este orden jurisdiccional, entre a resolver el fondo del asunto.

El Tribunal Supremo en sentencia  de 24 de noviembre de 2011, al igual que esta estableció que la prioridad de los elementos sustantivos de la calificación del trabajador autónomo dependiente (artículo 11 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo) frente a los elementos que se consideran formales del artículo 12 y las limitaciones que se derivan del régimen transitorio.

Considera la sentencia que en principio, hay que aceptar esa prioridad de la calificación material y descartar el carácter constitutivo de la forma escrita del contrato, pese a que el artículo 12.1 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo establece que el contrato del trabajador autónomo dependiente "deberá formalizarse por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente" y ello porque, como recuerda la sentencia de contraste, en nuestro ordenamiento rige el principio espiritualista, que determina no sólo el reconocimiento de ese principio en el artículo. 1278 del Código Civil, sino que incluso en los supuestos en que se impone una determinada forma, como sucede en el caso del artículo 1280 del citado Código, la consecuencia será normalmente la que prevé el artículo 1279 en orden a la facultad de las partes para compelerse a otorgar el contrato en la forma prevista.

La  forma del contrato escrito y firmado sólo debe apreciarse cuando la ley la imponga de manera categórica, bien sea directamente o cuando ese carácter se desprenda de la función que la exigencia formal cumple en el correspondiente tipo contractual.

No es este el supuesto del artículo 12.1 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el que la ley se limita a establecer la forma escrita y el registro en una fórmula similar a la del artículo 1280 del Código Civil.

De ahí que, con independencia de lo que más adelante se dirá sobre la comunicación del artículo 12.2 Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, hay que concluir que no se aprecia en el presente caso ese carácter solemne de la forma.

Por el contrario, el Preámbulo de la Ley lleva a conclusión distinta, porque lo que en la misma se persigue es responder a la necesidad de "dar cobertura legal" -es decir, una protección mínima de los derechos sociales- al trabajador autónomo dependiente, finalidad que se frustraría si con la mera omisión de la firma de un contrato escrito se pudieran eludir las garantías que la ley establece para el trabajador económicamente dependiente".

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