edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
19/01/2012
OBSERVATORIO JURIDICO

El TS no considera el acto de piratería como delito de terrorismo

Rebaja la condena impuesta a los piratas somalíes capturados en 2009
DATADIAR

El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 1387/2011, de 12 de diciembre rebaja la pena impuesta por la Audiencia Nacional a los dos piratas detenidos por el secuestro del atunero vasco “Alakrana” que fue retenido en octubre de 2009 frente a las costas de Somalia al entender que no se les puede atribuir el delito contra la integridad moral de los marineros.

El Supremo discrepa con los argumentos de la Sala de instancia en cuanto a la imputación del delito contra la integridad moral. Para el TS no consta probado que lo planificado fuera vejar y degradar con actos graves a las personas secuestradas con el objetivo de obtener el rescate. Ello se ejecutó no para conseguir el fin de lucro previsto y planificado en la operación del abordaje y secuestro del barco, sino con el objetivo de que fueran liberados los dos secuestradores detenidos por la fragata española.

Teniendo en cuenta la doctrina, se entiende que actúa con dolo eventual quien sabe que con su conducta crea un peligro concreto de realización del tipo más allá del riesgo permitido y a pesar de ello la ejecuta, demuestra aceptación o, al menos, indiferencia acerca del resultado. Por tanto, no puede afirmarse que los dos acusados cuando planificaron el secuestro y materializaron parte de su ejecución conocieran que estaban generando un peligro concreto para la integridad moral de las víctimas, ni tampoco que asumieran que estas fueran sometidas a un trato degradante que entrañaba un plus cualitativo sobre las conminaciones y vejaciones que resultan inherentes al propio acto del secuestro. Se entiende que fueron actos ajenos a la conducta proyectada y que en modo alguno eran necesarios, connaturales o inherentes a la acción del secuestro, sino que surgieron de improviso ante una contingencia con la que no contaban los secuestradores.

En cuanto al delito de piratería, la reciente reforma del Código penal operada por LO 5/2010, de 22 de junio configura el nuevo tipo penal como un delito contra la comunidad internacional mediante el que se protege la seguridad del tráfico marítimo y aéreo, bien jurídico supraindividual distinto de los bienes individuales que se tutelan en los tipos penales por los que han sido condenados los piratas en la sentencia de instancia.

El nuevo delito de piratería, regulado en el artículo 616 ter del CP afirma que:

El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años.
En todo caso, la pena prevista en este artículo se impondrá sin perjuicio de las que correspondan por los delitos cometidos.

En el caso que comentamos el TS entiende que los fines de los autores del secuestro, que pretenden vivir de actos de pillaje incardinables en el concepto de piratería, no tienen por qué coincidir necesariamente con los fines políticos o político-sociales propios de un grupo terrorista. En realidad lo que se narra es un secuestro de personas para pedir un rescate. Nada se dice ni se sugiere que con ello se pretendiese atentar el orden político ni que se intentase alterar la paz pública entendido como normal ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de las instituciones, sino que lo pretendido era obtener un botín.

Así, la STS núm. 2/2009, de 2 de enero, con ocasión de dirimir la condena por un delito de secuestro terrorista (art. 572 del C. Penal), afirma que para apreciar los tipos penales relativos al terrorismo han de concurrir tres notas:
a) Se trata de una conducta colectiva o plural de personas integradas en grupos o bandas armadas.
b) Como elemento subjetivo del injusto y que es el verdadero elemento diferenciador de otras actuaciones delictivas, debe ser patente el ánimo tendencial de alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional, sin que sea preciso ni que lo consigan ni tan siquiera que exista lesión a estos bienes, bastando el mero riesgo. Por la paz pública no debe entenderse el orden público en la calle, sino el ataque al ejercicio de los derechos de las personas, el respeto a la dignidad de las personas y a los derechos que le son inviolables, así como el normal desenvolvimiento de las instituciones.

c) Como elemento objetivo la comisión de los concretos hechos delictivos que animados por esa finalidad citada quedan calificados como delitos de terrorismo, y que en el caso de autos se calificaron como secuestro terrorista.
Ello supone que el concepto de terrorismo en nuestra legislación no es ni puede ser omnicomprensivo.

En nuestro caso, la Sala entiende que no consta que los dos acusados hayan intervenido en acciones reiteradas y sistemáticas encaminadas a generar el terror ni tampoco se ha probado que estuvieran integrados en una organización de esa clase. Y si bien es cierto que las familias de los marinos que trabajan en la zona se hallan afectadas y atemorizadas por los actos de piratería que se perpetran con asiduidad en la zona del Océano, ello no quiere decir que se haya alterado la paz pública en un grado que permita hablar de una conducta terrorista en la intervención de los dos acusados en el acto de abordaje con fines meramente lucrativos.

Por tanto, la Sala rechaza la tesis de la defensa sobre la pertenencia o integración de  los dos acusados en un grupo terrorista concreto o su colaboración con entidades de esa índole.

La importancia de esta sentencia radica en la conclusión que entiendo acertada del tribunal al afirmar que una interpretación tan amplia del concepto de terrorismo conllevaría la conversión de cualquier acto de piratería en un delito de terrorismo, aunque la conducta de los autores careciera de cualquier connotación política y tampoco tuviera el objetivo o las miras de alterar gravemente la paz social de un país ni atacar el normal desenvolvimiento de las instituciones.


Equipo jurídico de Datadiar.com


LEGISLACIÓN

Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte. BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2011.
Con ocasión de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016, se puso de manifiesto la necesidad que tenía nuestro país, al igual que el resto, de adecuar nuestra legislación y normativa en materia de lucha contra el dopaje a las normas vigentes en el Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje. Esta necesidad de armonización dio como fruto la aprobación del Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte. Este Real Decreto ha sido anulado por el Tribunal Supremo en fecha 13 de octubre de 2011 por la concurrencia de dos motivos formales de nulidad de pleno derecho. No obstante, es imprescindible que España siga cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Convención internacional contra el Dopaje de la UNESCO, la cual establece la obligación de nuestro país de cumplir los principios básicos del Código Mundial Antidopaje. En consecuencia, vuelve a aprobarse esta norma, cumpliendo con los requerimientos estipulados por el Tribunal Supremo, en concreto cumpliendo con el trámite de audiencia a los interesados y con la emisión de informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia y de la Agencia Estatal Antidopaje.


JURISPRUDENCIA

Penal

Estafa. Aprovechamiento de discapacidad de las perjudicadas. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de septiembre de 2011
La Audiencia Provincial declaró probado que los dos acusados entablaron estrecha amistad con dos personas, madre e hija, que se hallaban totalmente desasistidas por sus familiares. En razón a la íntima amistad que les unía, aconsejaron a quienes al final serían perjudicadas que vendieran una vivienda de su propiedad y adquirieran otra próxima adonde la tenían los acusados, lo que llevaron a efecto en el año 2002 en escritura notarial según la cual la acusada sería nuda propietaria de la nueva vivienda quedando el usufructo a favor de madre e hija adquirentes de la misma. Sin que conste que éstas fueran engañadas ni que carecieran de facultades para el otorgamiento de la escritura, según la fe del notario. En el año 2005 la acusada haciendo uso de un poder otorgado por aquellas, formalizó un préstamo hipotecario con una financiera a favor de las poderdantes, constituyéndose en garantía del pago de principal e intereses hipoteca sobre dicho inmueble. El préstamo ascendió a 50.000 euros que resultó impagado, por lo que la acreedora promovió la correspondiente ejecución hipotecaria. En el año 2006 se procedió a la declaración judicial de incapacidad de la madre y de la hija, quedando bajo la tutela de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma. En base a los anteriores hechos, el Tribunal Provincial absolvió a ambos acusados del delito de Estafa. La Audiencia basó la absolución de los acusados en la inexistencia de engaño acreditado, pero sin fundamentar tal afirmación más allá de sostener que fueron las relaciones de íntima confianza las que explican que se hiciera el otorgamiento de la escritura de compra adquiriendo la acusada la nuda propiedad, y que madre e hija otorgaran a favor de aquella un poder amplio con el que pudo incluso concertar el préstamo con garantía hipotecaria. En definitiva la Audiencia tomó en consideración el hecho decisivo de que las escrituras se otorgaron mucho antes de la declaración de incapacidad de las querellantes, habiendo dado fé el notario autorizante de la capacidad de éstas al tiempo del otorgamiento. El escueto razonamiento que conduce a la absolución se centra en que el notario dio fe de la capacidad de las otorgantes, lo cual no es decisivo como tiene declarado la Sala (STS. 02.12.2009), pues en cualquier caso una persona no declarada incapaz puede ser objeto de engaño.


Mercantil

Los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño. Valoración. Alta definitiva del perjudicado. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de septiembre de 2011
Y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado. Si bien esto  no se compadece con la tesis defendida en casación, de fraccionar por años el periodo total de baja y cuantificar el tiempo transcurrido en cada año conforme a la actualización correspondiente a dicha anualidad, ciertamente tampoco permite validar como acertada la solución acogida por la AP de aplicar a los días de curación el valor publicado por la DGS correspondiente al año en que el accidente tuvo lugar, al ser lo correcto estar al del alta definitiva. En consecuencia, toda vez que no se discute que el alta definitiva o momento de estabilización de las lesiones, tuvo lugar a lo largo del año 2003, procede valorar los días de curación declarados por la sentencia recurrida de conformidad con las cantidades publicadas por la DGS para dicha anualidad en Resolución de 20 de enero de 2003 (BOE de 24 de enero).

Concurre la relación aplicativa suficiente entre las dos marcas que protegen servicios de asesoramiento legal que unido a la semejanza extrema de sus denominaciones puede provocar el riesgo de confusión. Tribunal Supremo. Sentencia 27 de septiembre de 2011
El tribunal de instancia, que había acertado al apreciar la semejanza fonética de los dos signos en liza, interpreta las exigencias del principio de especialidad atendiendo no a los servicios solicitados y a los propios de la marca ya registrada sino a una circunstancia añadida como es la dedicación, de hecho, del titular de esta última a cuestiones de propiedad industrial. Tal circunstancia, sin embargo, debe considerarse ajena al contraste entre los distintivos y no puede ser tenida en cuenta para determinar el acceso al registro de signos posteriores, cuya comparación con los prioritarios ha de hacerse a la vista de los productos y servicios que las marcas ya registradas identifican, según sus propias inscripciones. El análisis de las marcas enfrentadas para determinar su convivencia en el mercado ha de llevarse a cabo a partir de los datos registrales y no de otras circunstancias extrínsecas como pueden ser, en este caso, la mayor o menor dedicación fáctica de su titular, en un momento dado, a un sector del mercado o a otro, dentro del ámbito de los que su marca le autoriza a prestar bajo una determinada denominación. Lo relevante a efectos del examen comparativo de los signos con vistas a la inscripción de otros ulteriores son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados y concedidos. Y en este supuesto es obvio que concurre la relación aplicativa suficiente entre las dos marcas que protegen servicios de asesoramiento legal o los propios de un despacho de abogados. Ello unido a la semejanza extrema de sus denominaciones puede provocar el riesgo de confusión o asociación indebida de ambas.


Civil

La donación de bienes inmuebles integra un negocio jurídico de suficiente relevancia y trascendencia económica como para exigir que el consentimiento del donante sea meditado y reflexivo. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de septiembre de 2011
La actuación de los demandados incurre en dolo que alcanza la suficiente gravedad para determinar la nulidad de los contratos de donación a los que se refiere la demanda. No se discute que el hijo de la actora, el demandado, actuando por sí y en favor de sus hijos, también demandados, fue quien acudió a la Notaría aportando la documentación necesaria para la preparación de las escrituras de donación y precisando cuáles eran los bienes inmuebles que habían de ser objeto de las mismas, todo ello sin contar con la voluntad y el consentimiento de su madre, la actora, que convencida de que se trataba de la donación a su hijo de un solo inmueble se ve sorprendida cuando, ya en la Notaría, se encuentra con la presencia de sus nietos y con el hecho de que las escrituras que habían sido preparadas se referían a otros inmuebles y habían de otorgarse no sólo a favor de su hijo sino también de sus nietos; situación de sorpresa que, ante la presión que imponían las circunstancias configuradas conscientemente por el demandado con tal finalidad, le llevó a prestar en el acto un consentimiento que evidentemente estaba viciado. La sentencia recurrida recoge en sus propios términos parte del informe en el cual, en referencia a la demandante, persona de avanzada edad, afirma que se trata de «una persona dependiente y que por ello careció en su momento de la voluntad necesaria para hacer frente al conflicto emocional que le planteaba la donación, cuando se vio en la tesitura de firmar la documentación que le fue presentada en la notaría, por lo que plasmó su firma aún sin desearlo». Lógicamente se ha de entender que la donación de bienes inmuebles integra un negocio jurídico de suficiente relevancia y trascendencia económica como para exigir que el consentimiento del donante sea meditado y reflexivo y no prestado bajo un estado emocional provocado por la situación deliberadamente creada por el demandado para arrancar dicho consentimiento de forma irreflexiva.

El derecho reconocido al arrendador, en cuanto al incremento de las rentas, ha de subordinarse a la notificación por escrito al arrendatario de la cantidad que éste debe pagar como aumento de renta. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de octubre de 2011
El arrendatario obligado por contrato de arrendamiento no solo a pagar las rentas pactadas sino también los gastos de comunidad del local arrendado, abonaba estos últimos previo giro por parte del portero del edificio, y no por entrega de los recibos de forma directa por la entidad arrendadora. Dicha forma de pago había constituido desde el inicio de la relación arrendaticia la regla general. Por ello el arrendatario tuvo conocimiento real y efectivo de los gastos de la comunidad asimilados al local del cual era arrendatario, al serle girados los recibos por el portero del edificio, y no por la arrendadora, sin que asimismo, de la sentencia se pueda inferir un aumento de los gastos comunitarios que comporte la obligación de notificación expresa de los mismos. Resulta así acreditado que el arrendatario siempre tuvo conocimiento no solo de la obligación de abonar los gastos de comunidad sino de la cuantía de los mismos, y que el impago de estos se produjo voluntariamente y sin causa justificada, y no por causas imputables a la entidad recurrida.


Laboral

Indemnización adicional por daños y perjuicios por acreditado acoso en el trabajo. Extinción del contrato. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 20 de septiembre de 2011
Se plantea si decretada judicialmente la extinción del contrato a instancia del trabajador con fundamento en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores por acreditado acoso en el trabajo que le ha originado un cuadro ansioso depresivo reactivo la situación laboral vivida, tiene derecho en el propio proceso a obtener una indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de tal situación psíquica, adicional a la correspondiente por extinción contractual. El Tribunal afirma que la solución jurídicamente correcta es la contenida en la sentencia de contraste invocada, según la cual se afirma la posibilidad de ejercitar el proceso de extinción contractual la acción tendente a obtener la referida indemnización adicional, considerando ajustada a las circunstancias concurrentes la cuantía pretendida.

Celebración de un contrato de relevo con un trabajador de la empresa con contrato temporal eventual y que también desarrolla su actividad como trabajador autónomo. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 21 de septiembre de 2011
La cuestión que se plantea, posibilidad de concertar un contrato de relevo  con un trabajador unido a la empresa por un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción, que asimismo desarrolla su actividad como trabajador autónomo, de alta en el RETA, ha sido resuelta en doctrina unificada  en supuesto análogo argumentando que no aparece en la regulación del contrato de relevo norma alguna que exija que, en el supuesto de que el trabajador  tuviera  concertado con la empresa un contrato de duración determinada, éste sea el único contrato que tenga dicho trabajador. En efecto, no hay previsión alguna que impida celebrar un contrato de relevo si el trabajador tuviera otro contrato a tiempo parcial con otra empresa, o desarrollara una actividad como trabajador autónomo o  cualquier otra forma de prestación de sus servicios.


Administrativo

Indemnización procedente en el supuesto de que, una vez declarado nulo todo el procedimiento expropiatorio, no sea posible la restitución in natura del bien expropiado. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de abril de 2011
Procede estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, declarando la nulidad de éste y ordenando a la Administración que restituya el terreno al recurrente y le indemnice, en su caso, por los perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal de aquél. Si la restitución in natura resulta imposible, la Administración deberá dar a los recurrentes una indemnización equivalente al valor del terreno no restituido. Tanto la indemnización equivalen te en el supuesto de imposibilidad de restitución como la indemnización de perjuicios por la ocupación ilegal deberán ser fijadas, previa su debida acreditación, en ejecución de sentencia. La doctrina correcta sobre los efectos de la sentencia aún no firme que declara la nulidad del proyecto que legitima la expropiación es la que declara que el hecho de que la sentencia en que se apoya la pretensión del demandante ganara firmeza en un momento posterior no altera el planteamiento de la instancia, ya que sostener lo contrario conduciría a un desconocimiento de exigencias elementales de economía procesal, con la consiguiente vulneración de la efectividad de la tutela judicial. Además, precisamente porque la sentencia que había estimado la impugnación directa del proyecto que legitima la expropiación no era firme y no se había producido aún la invalidación del mismo con efectos erga omnes, la sentencia impugnada debía pronunciarse sobre la impugnación indirecta de dicho proyecto. La nulidad de la causa expropiandi arrastra consigo todo lo actuado. Ello implica la ilegalidad de la ocupación del bien expropiado, que debe ser restituido por la Administración a sus propietarios, indemnizando, en su caso, los perjuicios ocasionados por dicha ocupación ilegal.

Nacionalidad por residencia. Conocimiento del idioma español. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de abril de 2011
El Alto Tribunal entiende que la demandante en la instancia demostró un conocimiento del idioma más que suficiente para obtener la nacionalidad. Española. No puede negarse la existencia de esa integración cuando el solicitante de la nacionalidad no llega a dominar con total fluidez el español pero aun así es capaz de entenderse en este idioma y entablar relaciones sociales adecuadas y eficaces con arreglo a los estándares de convivencia usuales. Resulta, pues, inevitable en tales casos una valoración singularizada y casuística de las circunstancias concurrentes para apreciar si, en definitiva, el solicitante posee un conocimiento útil del idioma español que permite tener por existente la integración en la sociedad que legitima la obtención de la nacionalidad.

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