edición: 2493 , Jueves, 21 junio 2018
16/07/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

El TS permite recurrir las multas de tráfico y la retirada de puntos aunque se haya abonado su importe en el periodo de bonificación

DATADIAR
El 27 de enero de 2006 se aprueba el Decreto 62/2006, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo y su publica en el Boletín Oficial del Estado nº 28 de 2 de febrero de 2006. En diciembre de ese mismo año se admite un recurso contencioso-administrativo dirigido contra el citado Reglamento General de Conductores, y previos los oportunos trámites la parte actora formaliza demanda mediante escrito presentado el 9 de enero de 2007. En el escrito de demanda se aduce, entre los distintos argumentos de impugnación que la norma reglamentaria limita y elimina derechos de los ciudadanos reconocidos en la Ley. Así, aunque la Ley 17/2005 contempla dos supuestos claramente diferenciados –la perdida parcial de puntos y la pérdida total de puntos- la norma reglamentaria desarrolla el procedimiento para la pérdida total pero no así respecto de la pérdida parcial, lo que impide al ciudadano en este segundo supuesto el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

Concretamente, el Real Decreto 62/2006, de 27 de enero, añade al Reglamento General de Conductores un artículo 41.bis en el que se establece el procedimiento para la declaración de perdida de vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de los puntos asignados, y en ese procedimiento se incluye un trámite de audiencia al interesado (artículo 41.bis citado, apartado 1). Pero como no se regula un procedimiento análogo para los casos de pérdida parcial de puntos, la demandante extrae de ello la conclusión de que en este segundo supuesto se impide al ciudadano el pleno ejercicio de su derecho de defensa.

Pues bien, el que se habilite un procedimiento autónomo y específico para la declaración de pérdida de vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de los puntos asignados es una garantía procedimental que se justifica porque la pérdida total de puntos, y subsiguiente pérdida de vigencia del permiso, no es el efecto directamente derivado de una concreta actuación sancionadora sino una consecuencia de segundo grado a la que se llega por agregación de los efectos de varias infracciones; de ahí que se articule un procedimiento autónomo, en el que se da audiencia del interesado, con la específica finalidad de asegurar que esa declaración de pérdida de vigencia del permiso se ajusta a las previsiones legales.

En lo que se refiere a la pérdida parcial de puntos, debe notarse que esta medida es siempre consecuencia de la comisión de una infracción y consiguiente imposición de sanción, y se materializa cuando la sanción es firme (artículos 60.4 y 82 y disposición adicional primera del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, según la redacción dada a tales preceptos por la Ley 17/2005, de 19 de julio). Por tanto, es indudable que en el seno del procedimiento sancionador el interesado tiene a su alcance todos los medios de alegación y de prueba; y podrá hacer uso de ellos tanto en lo que se refiere a la conducta infractora y a la sanción que se propone como en lo relativo a la pérdida parcial de puntos que llevará aparejada la sanción, una vez que adquiera firmeza.

Pese a que la pérdida de puntos no aparece incluida en el catálogo de sanciones del artículo 67 del Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio), es indudable que la pérdida de puntos es una medida que tiene carácter materialmente sancionador. El que el descuento de los puntos no se haga efectivo sino cuando la sanción es firme no viene sino a confirmar la naturaleza sancionadora de la pérdida de puntos, pues es también después de la firmeza cuando se produce la anotación de sanción en el Registro de conductores e infractores (artículo 82 y disposición adicional segunda del Texto Articulado, según modificación introducida por la Ley 17/2005, de 19 de julio).

Por ello, para que la aplicación de esta medida quede revestida de las garantías exigibles, enervando todo riesgo indefensión, debe completarse señalando que, aunque la norma reglamentaria no lo establece de forma expresa, es exigible que durante la tramitación del procedimiento sancionador el interesado quede cumplidamente informado de los puntos que podrá perder en caso de resultar sancionado; y asimismo es exigible que al notificarse al interesado la resolución sancionadora se le indique de forma clara la pérdida de puntos que llevará aparejada la sanción una vez que sea firme.

Por las misma razones, y puesto que de otro modo podría producirse la indefensión a que alude la demandante, debe también afirmarse que en la impugnación que se dirija contra la resolución sancionadora podrán cuestionarse no sólo la conducta infractora y la cuantía de la sanción pecuniaria sino también la medida relativa a la pérdida de puntos y la correcta aplicación del Anexo-II introducido por la Ley 17/2005 (baremo para cuantificar la pérdida de puntos que comporta cada infracción), siendo admisible que la impugnación se refiera sólo a ésta última cuestión.

Al afirmar que en la impugnación dirigida contra la resolución sancionadora puede combatirse la pérdida de puntos, se está contemplando la posibilidad de combatir una medida que todavía no se ha materializado, pues el descuento de los puntos sólo tiene lugar cuando la sanción es firme. Pero es indudable que la pérdida de puntos es una consecuencia directa y automática de la sanción, y participa de su misma naturaleza, por lo que debe quedar sujeta al mismo régimen de impugnación.

Por lo demás, de conformidad con lo previsto en el apartado 1, párrafo tercero, del citado artículo 67 del Texto Articulado (redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio), y salvo en los supuestos de excepción que el propio precepto especifica, la impugnación de la resolución sancionadora podrá producirse, con esta misma amplitud, en los casos en que el interesado hubiese obtenido una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa por haber realizado el pago de su importe durante los 30 días naturales siguientes al de la notificación del boletín de denuncia.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos (DOGC núm. 5342, de 19-03-2009)
El objeto de la presente ley, en el marco de la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de urbanismo que le confiere el artículo 149.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña, es hacer frente a esta problemática y facilitar los procesos de regularización definitiva de las urbanizaciones, entendida, según el caso, en términos de consolidación o de reducción parcial o total de la urbanización.

Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir la para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil (B.O.E. Núm. 10, De 12-01-2009)
El presente real decreto da cumplimiento a la citada disposición adicional, estableciendo el procedimiento mediante el cual dichas comunidades autónomas, previa solicitud de participación en el mismo, podrán llevar a cabo la restitución a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o a sus sucesores legítimos, de aquellos documentos, fondos documentales y otros efectos que les hubieran sido incautados con motivo de la guerra civil.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de revelación de secretos por funcionario público. Derecho a la presunción de inocencia. Declaraciones de coimputados como prueba de cargo. Doctrina de la Sala. Principio acusatorio. Vulneración inexistente. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de diciembre de 2008.
El deber de confidencialidad no afecta tan solo al desarrollo de las reuniones formales del Tribunal, sino que se extiende a todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar un menoscabo de los principios de igualdad, mérito y  capacidad. Artículo 53.12 de la Ley 7/2007, 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

Mercantil

La retransmisión de la señal televisiva en las habitaciones de los hoteles es comunicación pública a los efectos de la LPI.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 22 de enero de 2009.
Este recurso se ha de considerar formalizado por la vía del interés casacional contemplada en el    ordinal tercero del artículo 477.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, por presentar la resolución del recurso interés casacional, conforme al criterio mantenido de forma constante por esta    Sala y que ha obtenido el refrendo del Tribunal Constitucional (SSTC 150/2004, de 20 de septiembre, y 164/2004, de 4 de octubre, y AATC 191/2004, de 26 de mayo, y 201/2004, de 27 de mayo).

No se puede establecer como único criterio para el cálculo de la remuneración equitativa la aplicación de las tarifas generales. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 18 de febrero de 2009
Remuneración equitativa en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes por comunicación pública de las obras por parte de la empresa de televisión que actúa como productora. Procedencia. Determinación de la remuneración equitativa con arreglo a criterios de equidad bajo control de la autoridad judicial fundados en los principios de utilización efectiva, amplitud del repetorio y comparación con las tarifas fijadas en convenios con otras productoras.

Civil

No obstante la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica, la contradicción en cuanto a la fecha de la ruptura sentimental, de la concepción y lugar en que aquéllas tuvieron lugar hacen improsperable la declaración de paternidad. AUDIENCIA PROVINCIAL. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009
Y en orden a su resolución debe tenerse en cuenta que lo que impera en supuestos como el de autos, de determinación de la paternidad, es el principio de la verdad o realidad material por encima de la formal, como se deriva de que la Constitución Española, en su artículo 39 , tras proclamar que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia" y que "los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación", dispone que "la ley posibilitará la investigación de la paternidad", que, como señala la doctrina constitucional "en la STC 7/1994, de 17 de enero (RTC 1994\ 7), F. 3 b), al tratar de las pruebas biológicas de determinación de la filiación, a las que prestaba cobertura legal explícita el art. 127 CC (LEG 1889\ 27 ) -actualmente, el art. 767.2 LECiv (RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892 )-, pusimos el acento en el derecho del hijo a conocer su filiación diciendo que dicho precepto no era más que la instrumentación de un terminante mandato constitucional, añadiendo que el art. 39.2 «declara que "la Ley posibilitará la investigación de la paternidad", e inscribe esta prescripción en la idea de "protección integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación" ...

Los 9 y 5 años de los hijos favorecen ampliar el régimen vacacional para fortalecer las relaciones afectivas entre padre e hijos, máxime no consta dato que respalde mantener el reducido cuando aquéllos contaban con 5 y 1 años.  AUDIENCIA PROVINCIAL. Sentencia de fecha: 29 de enero de 2009
La demandada en la actualidad está percibiendo por sus trabajos la cifra de 911 euros por doce pagas al año además de la cifra fijada en el mismo convenio como pensión compensatoria, 800 euros actualizados durante cinco años, por lo que procede acordar una mínima contribución por su parte a los alimentos de los dos hijos comunes, cantidad que esta Sala considera adecuada en la cuantía establecida con buen criterio, en la sentencia recurrida por considerarla como aportación mínima para la cobertura de los gastos alimenticios básicos de una persona, por ser la obligación alimenticia de la madre respecto de sus hijos su principal obligación, por delante de cualquier otra que pueda ostentar u ostente.

Laboral

La pretensión de condena empresarial al reintegro ejercitada vía art. 145 bis.1 LPL únicamente podrá encontrar favorable acogida, cuando la contratación fraudulenta o abusiva haya ocasionado un perjuicio a la Entidad Gestora. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 27 de enero de 2009.
Son tales prestaciones de desempleo, las que el SPEE reclama a la empresa en su demanda; la sentencia suplicación, revocando la de instancia, estimó la demanda, tras entender que la relación laboral entre el trabajador y la empresa es única y de carácter fijo discontinuo, llega a la conclusión de que las prestaciones son efectivamente fraudulentas y entendiendo que la finalidad del    art. 145 bis LPL    es completar a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), estableciendo sus mecanismos por el que el empresario esta obligado a hacerse cargo de aquellas prestaciones que se han generado como consecuencia de una actuación infractora, argumentando que "art. 145 bis LPL"; obligándose, en consecuencia, a la empresa la devolución de cantidades obtenidas por el trabajador en concepto de prestaciones por desempleo, trasladando al empresario el coste soportado por el SPEE.
  
A efectos de generar una nueva prestación por desempleo, cabe acumular los sucesivos periodos de trabajo anteriores, por tiempo inferior a doce meses, durante los cuales se cotizó. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009.
Desempleo contributivo. Trabajador que, durante la percepción de la prestación correspondiente, vió interrumpido temporalmente su percibo debido al hallazgo de diversos trabajos, ninguno de los cuales llegó a doce meses continuados de duración, pero la suma de todos ellos arroja un total superior a ese período. Tiene derecho a nueva prestación, en interpretación al art. 210.3 LGSS. Resulta extensible a este supuesto la doctrina de la STS 30-III-2000 (rec. 105/99).

Administrativo

Casación en interés de la Ley Adquisición por silencio positivo de licencias en contra de la legislación y del planeamiento urbanístico. Doctrina legal.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 28 de enero de 2009.
El artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero , no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

Visado de inspección previo a la dispensación de determinados medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de febrero de 2009
Se permite a la Administración, por razones objetivas sanitarias, sujetar a reservas singulares la dispensación de un medicamento, tanto en el trámite de autorización como respecto de los ya autorizados, pues con tal medida, lejos de cercenarse o limitarse su prescripción, se garantiza el uso racional del medicamento en favor de los usuarios.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...