edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
14/09/2012

El uso de sociedades pantalla o paraísos fiscales aumentará las sanciones penales por no pagar a la SS

Javier Ardalán
El empleo de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculte o dificulte la determinación de la identidad de quien deba pagar a la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 120.000 euros, se haya operado dentro de una organización o de un grupo considerado criminal.

De esta forma, el Gobierno endurece las penas de quienes eluden el pago de la Seguridad Social, pero no sólo para quienes se esconden detrás de `tapaderas´ societarias sino también a quienes participen en maniobras para esconder al responsable del delito contra la Seguridad Social, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado o del responsable del delito.

Pero el endurecimiento del Código Penal, que acaba de ser remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación, no se queda ahí y baja un escalón sobre el nivel de los grandes defraudadores para tipificar a quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, la sanción consistirá en una pena de multa del tanto al séxtuplo, además de todas las penas colaterales de pérdidas de derechos a subvenciones, incentivos, así como a cualquier otro tipo de delito público.
Sin embargo, la cosa va aún más lejos, puesto que aprovechando la figura del delito societario, se incluye en el proyecto de Ley Orgánica una multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años; multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física supera los cinco años. Y, finalmente, multa de seis meses a un año, en los supuestos en que el condenado no lleve la contabilidad mercantil al día, lleve contabilidades B, haya omitido el registro en libros de algunos movimientos o haya incluido apuntes ficticios.

En el capítulo de los explotadores las sanciones son de penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses. Se aplicarán estas penas en las situaciones en que el empleador mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

También serán sancionados, los que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos del 25% en los centros de trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores; el 50%, en los centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de 100; o la  o totalidad de los mismos, en los centros de trabajo de más de cinco trabajadores.

Se extenderá la pena también en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro Y si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

Y el círculo se cierra con las sanciones a los funcionarios infieles que entran en el juego para asegurar la comisión del delito.

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