edición: 2914 , Jueves, 27 febrero 2020
04/02/2010

El ‘vía crucis’ nuclear de Zapatero no ha hecho más que empezar

Europa le obligará a retratrase con la gestión de los residuos y Oettinger busca delimitar un perfil común y objetivos de generación para la tecnología atómica en el mix energético de la UE
Paga las facturas del retraso de cuatro años en la licitación: cuando llegue en 2015 el ATC no evitará haber pagado 200 millones de euros a Francia, ni haber hecho un almacén individual desde 2012
Central Nuclear de Ascó
Javier Aldecoa

Elude el perfil de cualquier debate nuclear. No ha querido ni tocarlo. Dejó que De la Vega y Miguel Sebastián oficiaran sus decisiones sobre Garoña y sólo ahora, con casi cuatro años de retraso, cuando se le han encendido las luces rojas de Enresa e Industria, ha abierto la carrera oficial por el Almacén Centralizado de Residuos. Iba a ser el ‘peaje’ de su rehabilitación al frente del mapa energético del presidente, pero si Sebastián prometió codazos entre municipios,  dan ya en los muros de Moncloa. En julio como tarde, será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra. Si Montilla y Zapatero esperan hacer de la tercera vía castellano-leonesa en manos de algún municipio no nuclear la solución a la guerra del ATC y la fuente del “máximo consenso” que De la Vega ha prometido, Sebastián no se lo pondrá tan fácil: ya hay trabajo adelantado con la AMAC y Enresa en Ascó y Yebra y dejará para el final el consenso social. La tormenta del ATC sacude las aguas del Cabril y el ATI de Trillo y cuando el ATC llegue en 2015 no habrá podido impedir el pago de cuatro años de penalizaciones por 60.000 euros diarios a Francia, ni la construcción de otro Almacén Individual en Ascó. Y si el presidente esperaba con la Ley de Economía Sostenible prorrogar a su indefinición nuclear y difuminar los plazos más allá de los 40 años de vida útil, Zapatero tendrá que retratarse ante el resto de sus socios europeos sin haber abordado el del futuro de las ocho centrales españolas en funcionamiento, menos aún la posibilidad de nuevos reactores. Con la herencia del Comisario Piebalgs, su sucesor, el alemán Oettinger, busca delimitar un perfil común para la tecnología atómica en el mix energético de la UE, hoy un 15% de la energía eléctrica comunitaria.

En Industria tratan desde la Cumbre informal de la UE de Sevilla de tejer la sintonía con los Veintisiete para un nuevo reglamento de residuos de la Unión, aunque sea antes de que se concrete la licitación del ATC. España tendrá que adaptarse a la UE en la regulación de la responsabilidad nuclear y los daños medioambientales, no ha mejorado a tiempo el paquete de medidas de emergencia y le atrasan los trenes de la investigación en la cuarta generación atómica y a los que Merkel, Sarkozy y Broawn acaban de darles de nuevo cuerda.

Se resguarda en el plazo de alegaciones: Moncloa busca de nuevo echarle el telón al debate nuclear, al menos hasta que en junio la comisión interministerial proponga al Gobierno la ubicación definitiva del silo para que sea aprobado por el Consejo de Ministros. No lo tendrá tan fácil. Ni los desencuentros con Barreda y Montilla que ha dejado hasta ahora en manos del ministro Sebastián, serán los únicos, ni la tormenta del ATC la última que se desate sobre los cielos atómicos de Moncloa. Las voces chirrían en la ‘casa socialista’: varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y lo más granado de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre de Garoña y no digieren la letra pequeña del futuro para la zona y el almacén centralizado. En 2006 Industria preveía da la capacidad de propuesta a las Comunidades Autónomas, en correspondencia con el mandato del Congreso, en el que se hablaba de la adecuada concertación con éstas. El Sexto Plan General de Residuos Radiactivos (aprobado en junio del 2006) presentaba el ATC como la solución más adecuada para albergar los residuos nucleares de alta radiactividad. No se podía perder tiempo. En el 2006 se creó una comisión interministerial para determinar el emplazamiento para el ATC. Eso fue todo hasta diciembre de 2009, en el último Consejo de Ministros del año. Sebastián había aceptado ante Zapatero ‘ponerle líneas rojas’ a medida de las CCAA, ya sabía que Extremadura ni Castilla la Mancha -con dos centrales y dos almacenes temporales- no estaban por la labor de apadrinar el primer cementerio atómico nacional, pero Industria no quería ponerlo difícil y se la jugó a Ferraz y Moncloa. Ahora, las Comunidades Autónomas no tendrán voto en el proceso de selección del ATC

Ni Barreda se conformará con el respaldo del Congreso regional a su negativa a ubicar el almacén en Castilla la Mancha, ni Montilla con la petición formal a su sucesor en Industria para que el ATC no enraice en latitudes catalanas. Si esperan hacer de la tercera vía castellano-leonesa en manos de algún municipio no nuclear la solución a la guerra del ATC y la fuente del “máximo consenso” que De la Vega ha prometido, Miguel Sebastián no se lo pondrá tan fácil. Tras la decisión del alcalde vallisoletano de Santervás de Campos, el presidente de la diputación y de la organización provincial del PP accedieron a bendecir la operación y la Junta a minimizar las pegas: “no habrá consenso con el Ejecutivo regional si Moncloa no da marcha atrás en su decisión de cerrar la planta de Garoña (Burgos)”, pero al mismo tiempo garantizó “el respeto más absoluto a la autonomía municipal”, mucho más de lo que Montilla, Barreda y Fernández Vara están dispuestos a rendir. Pero aunque siete de los 13 candidatos ratificados en el listado provisional de Industria son castellanos, la letra pequeña de la licitación deja más papeletas en manos de los dos pueblos integrados en la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC), un lobby que hace unos días apoyó públicamente a sus asociados Yebra y Ascó. Y aunque -como adelantaba Cinco Días- el Gobierno estudia declarar el ATC como proyecto de interés general -o incluso de urgente ejecución- para eludir los obstáculos de Barreda, Fernández Vara y Montilla, el almacén requiere de de los correspondientes permisos de impacto medioambiental y urbanístico, estos últimos en manos de las Comunidades Autónomas. No sería hasta dentro de un año y medio, una vez que se conozca el pueblo nominado y el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuando Moncloa conocerá el alcance de las reticencias comunitarias y las armas que tendrá que desplegar.

Si el presidente pensó que podría amansar el silencio en Ferraz y Moncloa con cuatro años más de vida para la central burgalesa y la apertura del proceso de licitación del Almacén Centralizado de Residuos que desde hace casi cuatro años mantenía paralizado, se equivocó. No habrá debate ni regulación específica: apenas gana tiempo con el nuevo techo de cristal -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Si desde su llegada al Ministerio de Industria Miguel Sebastián anunció una planificación del perfil nuclear hasta 2030, la LES acerca sus horizontes, sólo se atreve a marcar límites hasta 2020, un plazo suficientemente corto como para que Moncloa no tenga que encarar de nuevo nada parecido a otro ‘affaire Garoña’: no hay a la vista ninguna central que llegue a los 40, ni la habrá antes de ese momento. Cuando llegue ‘la hora de la verdad’ de Almaraz, justo un año después, en 2021, será ya bajo el paraguas de otros planes energéticos. Y otra administración. Lo que no impide que se le agolpen desde junio las novedades nucleares que tendrá que regular con la LES o en el perímetro de su aprobación: entre ellas, la ampliación de la responsabilidad civil de los titulares de las centrales, como establecen los convenios de París y Bruselas que no ha transpuesto desde 2004. Moncloa tendrá que definir si la cobertura de los riesgos por accidentes nucleares pasará de los 150 millones que se exige en la actualidad a 1.200 millones como prevé la LES y si una parte de esa cantidad la cubre la tarifa de los consumidores del sistema eléctrico.

Pero el ‘laissez faire’ le puede dar más de una sorpresa a Zapatero. El debate no está cerrado en el PSOE.  Menos aún en las expectativas del ministerio de Industria. En su momento, ni el mantra del secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Alfonso Morán, proclamando que el modelo de su partido “no pasa por la energía nuclear” acallaron las voces de la disidencia energética en Moncloa y sus alrededores, a contrapié de los socialistas del País Vasco, que reivindicaban el cierre de Garoña. Las indefiniciones de la Ley de Economía Sostenible -la prórroga a los 40 años condicionada al visto bueno del gobierno invitan a algunos diputados socialistas y técnicos de Industria a cuestionar el blindaje antinuclear de Moncloa. Garoña le amargó las elecciones europeas a Moncloa y el futuro nuclear promete repetir con la Ley de Economía Sostenible. Ahora, ni las 26 medidas del Plan Garoña ni las inversiones prometidas de 3.250 millones de euros -sólo 950 en inversiones directas- han calmado los recelos de los municipios de la zona, el PP y desde ahora el PNV y el ejecutivo de Patxi López. El Gobierno Vasco ha solicitado a la administración del Estado la creación de un grupo específico de trabajo para estudiar las necesidades de los municipios vascos afectados por el cierre de la central. Dos de las medidas estrella del Plan Garoña -el desdoblamiento de la N-I y la construcción de un Parador en la zona- no aparecen consignados en el Presupuesto de 2010; el 90% de los más de 1.000 millones y las 26 actuaciones del Plan corresponden a infraestructuras ya programadas en otras partidas (sólo para la autopistas son 650 millones). Además, Industria le ha destapado a Castilla la Mancha y Extremadura la ‘carrera’ del uranio.

El Gobierno no podrá evitar pagar además las facturas de sus retrasos nucleares. Era el ministro José Blanco el que sacaba los argumentos del baúl de las relaciones bilaterales al calor del debate del ATC: España desembolsa actualmente 49.000 euros diarios a Francia por almacenar residuos nucleares y esta cuota se incrementará a partir del 31 de diciembre a 60.000 euros al finalizar el actual contrato. Nada que la llegada del Almacén Centralizado, con más de dos años de retraso en la licitación y casi ocho en la obra, vaya a evitar. En el mejor de los escenarios, las máquinas comenzarán a mover terrenos entrado 2011. Y el primer almacén con sus cuatro bóvedas no estará listo hasta 4 años después. Ni los 700 millones de euros de la inversión inicial y las prisas desde ahora de Moncloa por acelerar el proyecto pueden impulsar su bautizo antes de finales de 2014, después de cuatro años de pagos adicionales a los almacenes de Sarkozy. Si no llega a tiempo, tampoco evitará que el complejo nuclear de Ascó se tenga que dotar de un almacén temporal individual (ATI) -con capacidad para guardar el uranio gastado durante cincuenta años- para ubicar sus residuos de alta radiactividad: una ‘solución de respaldo’, como la denominan en Industria, a la vista de que en el 2013 la piscina nuclear donde se almacenan hasta ahora los residuos de alta actividad de Ascó I ya estará saturada.

Las aguas de sus silencios sacuden además al resto de los residuos. Lo acaban de hacer con el Cabril: a la vista del agravio en el proceso de selección, los alcaldes del entorno del único almacén que acumula todos los residuos de media, baja y muy baja actividad de España le beben los vientos a Ascó y a Yebra. El centro, que funciona desde 1992 y es heredero de instalaciones usadas en el franquismo, utiliza ya el 60% de su capacidad. Y los municipios que lo circundan quieren también un plan de compensaciones económicas y desarrollo. Les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. El mismo camino que están dispuestos a seguir los nueve municipios de la Mancomunidad "Riberas del Tajo", en Guadalajara,  movilizarán a la población si ENRESA -que desde este año no ha renovado su convenio que mantenía con estos consistorios entre 2001 y 2008 y por el que recibían 200.000 euros anuales - no les compensa por el ATI en el que guardan los residuos de Trillo desde 2002. Enresa ha tenido que  poner la cara a los parlamentarios del PP y del Partido Socialista de Guadalajara y ofrecer un acuerdo con la Mancomunidad del Tajo-Guadiela para la licitación de trabajos en el radio de acción de la `José Cabrera, a pesar de que les recuerda que es responsabilidad de Moncloa y que cuando el Consejo de Ministros acordó el cierre de Zorita en el otoño de 2002, el Gobierno de José Mª Aznar no aprobó ningún Plan de Desarrollo para la zona: las promesas para el día después del desmantelamiento que no llegaron.

SE LE AGRIETAN LOS SILENCIOS ANTE LA UE

Zapatero ya no quiere ser la ‘bestia negra’ de la nuclear europea y el sector tratará de aprovechar su paso por la presidencia de la UE para doblegar su rechazo. Por más que el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, recorra los pasillos del Parlamento Europeo asegurando que la energía nuclear "no es un debate europeo, sino un debate nacional", y debe ser cada país el que decida su utilización, Madrid lo tiene cada vez más difícil para no retratar su voluntad energética con el resto de sus socios. Zapatero no podrá sostener el silencio, ahora que se ha convertido en el último antinuclear de la UE y que -aunque el país ya cuenta con 104 plantas nucleares, que producen el 20% de la electricidad- el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar que planea triplicar garantías crediticias estatales para la industria nuclear a 54.000 millones de dólares (38.600 millones de euros), que da dos años a una comisión recién creada dos años de plazo para realizar propuestas para un mejor tratamiento de residuos nucleares. Y que lo hará en el marco de “la creación de energías limpias”, como parte de la estrategia americana para disminuir la emisión de gases contaminantes.

Si hace un año el aún Comisario de Energía Andris Piebalgs se limitaba a defender el derecho de los gobiernos de los Veintisiete a elegir un mix energético y a pedir transparencia con la seguridad de las centrales, ahora el máximo responsable de la energía de la Unión exige -para poder hacer frente al cambio climático, la seguridad del suministro y la competitividad- un 30% de fuentes nucleares. No sólo eso: los Veintisiete coronaban en 2009 -por primera vez de forma oficial a través de una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa- a la energía nuclear como uno de los arietes para “reducir" las emisiones de gas de efecto invernadero y el calentamiento del planeta. Bruselas le recuerda lo mismo que hasta el CNE y el CIEMAT se atreven a remarcarle ahora: España apenas tiene hoy resuello para llegar al 12% de renovables en una década y necesita al menos un tercio de su electricidad de origen atómico.
El propio Comisario saliente de Energía se convirtió hace dos semanas en el padrino de la ENELA -la European Nuclear Energy Leadership Academy- una institución impulsada desde el Foro Europeo de Energía Nuclear (ENEF) y amparada por la CE para la coordinación del sector de la energía nuclear europea, analistas e investigadores, que busca ser uno de los arietes en la evolución de la nuclear, su inclusión en la fila de las energías sostenibles y renovables y los esfuerzos en I+D+i en la tecnología atómica. Y, con la herencia del Comisario y el impulso de su sucesor, el alemán Oettinger buscan delimitar un perfil común para la tecnología atómica en el mix energético de la UE, hoy un 15% de la energía eléctrica de los Veintisiete. Oettinger  ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad energética en la Unión, diversificando las vías de suministro y ha prometido que presentará un nuevo plan de acción sobre la eficacia energética, como muy tarde, a principios de 2011, si la Eurocámara le da su aval. Además, la Comisión Europea trata de retomar y renovar la iniciativa del llamado Paquete Nuclear que tuvo lugar entre los años 2002 y 2004 y pretendía regular unos estándares mínimos obligatorios para todos los países en materia de seguridad, residuos radiactivos y desmantelamiento. No prosperó porque Alemania, Finlandia, Suecia y Reino Unido se opusieron. Ahora, y como punto esencial en la agenda de la presidencia española de la UE, se planteará la necesidad de adoptar una política común en materia de seguridad y gestión de los residuos nucleares.

Las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indican que para reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono, en 2050 hará falta construir 32 plantas cada año en el mundo, 1.280 nuevas instalaciones atómicas, junto a otras inversiones en energías renovables. Ya  no es sólo la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, la que promueve el debate nuclear en el seno de la presidencia española de turno, la que advierte que la UE no puede reducir en un 20% sus emisiones de CO2 sin contar con la nuclear, ni la que recuerda que, con una dependencia energética del 81,4% -frente al 53,8% de la UE- España no puede prescindir de la atómica en su mix energético: hoy aporta un 17,55% de la energía consumida.

INTERROGANTES VERDES

La UE no tiene reglas comunes sobre residuos nucleares. Mientras en Francia, una Agencia Nacional para la Gestión de los Desechos Radiactivos (Andra) está investigando las posibilidades del "almacenamiento geológico profundo", que se estima que podría entrar en funcionamiento en 2025, el Gobierno británico cuenta con un plan para reunir en un solo lugar todos los residuos nucleares generados en el país en las últimas décadas, pero no tiene la localización. España es el quinto país de la UE con más residuos y de los pocos sin depósito central. Los expertos no saben qué pasará con el combustible gastado de las centrales nucleares y otros materiales procedentes del desmantelamiento cuando el almacén nuclear que proyecta el Gobierno cierre, pero será en unos 60 años. Industria no toca el debate, pero no lo obvia. Sólo la confianza en que para entonces podrá tener alternativas explica la opción por un ATC, en lugar del el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) que le recomienda el Colegio de Geólogos y que han acogido ya en Suecia o Finlandia. Lo hace aún a distancia de países como Francia o Reino Unido, donde ya es una realidad el reprocesado de parte del combustible gastado para hacer combustibles mixtos, aunque lejos aún de la transmutación que promete eliminar los desechos casi por completo.

Merkel defiende investigación de fusión nuclear como "tecnología de futuro" y no está dispuesta a hacerlo en solitario. Si no consigue potenciarlo en este semestre, esperará a la segunda mitad de 2010, pero Berlín ya ha comenzado a tejer una alianza al menos para la investigación nuclear de la Unión Europa (UE), EEUU, China, la India, Corea del Sur y Rusia. Los interrogantes ‘verdes’ se le  acumulan a  ZP. Paga ya su cerrazón de espaldas a los reactores de IV generación que la UE acaba de lanzar y al nuevo sistema de reciclaje casi completo de residuos (al 94%). Pagará, por su ‘ceguera’ verde, a Francia y Gran Bretaña. No son la directiva del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) -dependiente del Ministerio de Industria- y la Real Academia de Ingeniería de España los únicos que le recuerdan que la nuclear no sólo es una de las energías más seguras y más limpias, sino el binomio más compatible con las renovables. España, defensor entusiasta e incumplidor contumaz de los compromisos de Kioto, emitirá más de 20 millones de toneladas de CO2 que Garoña evitaría, y que, a un coste orientativo de 20 euros por tonelada, supondrían 400 millones de euros.

Sebastián y Espinosa callan ante las alertas de la comunidad científica, que pide un pacto de estado para combinar la nuclear y las renovables. Le pone cifras la Sociedad Nuclear Española (SNE): si en 2030 España debe generar un tercio de la energía que produce mediante fuentes renovables -actualmente genera el 20%-, otro tercio mediante centrales térmicas -que funcionan con carbón y gas- y el tercio restante mediante la energía nuclear (ésa es la composición del mix que propugna la UE), a corto plazo sería necesaria la prolongación de la vida útil de los 8 reactores existentes en España en unos 20 años además de la construcción de otros diez reactores. Una central nuclear de tamaño pequeño puede dar electricidad a una comunidad autónoma entera, pero para obtener esa misma energía por vía eólica se precisarían 2.000 molinos, a quinientos metros uno de otro: mil kilómetros de línea de molinos. El otro problema es la intermitencia: la energía eólica se detiene cuando no sopla viento y la energía solar se para cuando no hay sol. Su función podría ser perfectamente complementaria. Con la combinación de energía hidroeléctrica, energías alternativas perfeccionadas y energía nuclear, se calcula que España podría ser soberana en materia energética en aproximadamente veinticinco años.

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