edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
01/07/2009
Los jueces españoles toman nota del caso Madoff

El ‘visto para sentencia’ llega en EE UU en 6 meses; en España, en más de 60

Bernard L. Madoff custodiado
Juan José González

La sentencia que envía a la cárcel por 150 años al mayor estafador de la historia Bernard L. Madoff (otro vendrá que bueno me hará) recuerda la honda tradición picaresca presente en nuestra cultura económica. Desde Fidecaya hasta Forum Filatélico-Afinsa, pasando por AVA, Eurobank, y la más reciente Gescartera, la historia de las estafas ya cuenta con varios tomos de literatura económica, fiscal y jurídica que ocupa bastantes metros de librería. Madoff se ha empeñado por competir en tan rocambolesco concurso con un resultado: el mayor fraude financiero de la historia en su país, EE UU, pero también en la economía española. Un resultado que tiene nombre y apellido: 2.300 millones de euros perdidos en el Optimal Strategic US Equity de Bernard L. Madoff. Sirvan estas primeras líneas sólo para recordar y comparar datos históricos, porque de lo que se trata es de destacar la labor de la Justicia en este asunto.

Seis meses ha necesitado un equipo de siete letrados en informar a dos jueces para fallar que el imputado Madoff es culpable de los delitos de los que se le acusa (“…no me arrepiento, volvería a hacerlo, son cosas del mercado…” le dijo al juez). Desde principios de diciembre pasado, en que el juez federal de Nueva York trasladó al Tribunal de Bancarrotas de EE UU la liquidación de los activos del acusado, los letrados, asistidos por cinco auxiliares judiciales y cuatro estudiantes en prácticas, pusieron en orden la documentación precisa para que el lunes 29 de junio, anteayer, un juez dictara sentencia condenatoria contra el acusado Madoff. Seis meses. En España, estaría en prisión en dos meses, pero habría que esperar más de 60 para conocer una sentencia.

Tanta rapidez y cintura en nuestros letrados, algo que se antoja imposible en nuestro sistema jurídico, es como pedir peras al olmo. Sino, recordar el caso Gescartera, cuyo fallo por la Audiencia Nacional, por el delito fiscal, se hizo esperar siete años desde que fue intervenida en 2001, si bien en menos de un mes se encarceló al principal responsable, al acusado de presunto fraude. En nuestro ámbito local, es más efectivo “trincar” al presunto delincuente y ponerlo tras las rejas, que conseguir de los jueces una sentencia por la vía rápida. Y Gescartera no es el mejor ejemplo de tardanza y dilatación entre el hecho delictivo y la sentencia final, los hay peores.

No estaría nada mal que nuestros jueces, letrados y tribunales de justicia, que se encuentran estudiando causas farragosas que se eternizan en el trámite de la instrucción del sumario –peritajes, pruebas, falta de medios, colapso en los principales juzgados, etc- tomaran nota de la flexibilidad y rapidez con la que el tribunal norteamericano ha decidido y resuelto un caso de estafa tan popular como el de Madoff, de gran repercusión mediática y de “colaboración con la desgracia’ en una situación de crisis sistémica.

Eficacia de la justicia norteamericana que viene a confirmar la idea de que cuando el caso reviste gravedad e interés público, no hay por qué seguir el orden de entrada de la causa en el juzgado. Una estafa que no hay que olvidar, supuso un agujero financiero de 50.000 millones de dólares. Como anécdota al respecto, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez restaba importancia a la cifra; “es ridícula si se compara con las pérdidas que ha generado la crisis financiera internacional”. Las comparaciones son odiosas, pero en todo caso 50.000 millones de lo que sea, siguen siendo muchos millones.

Y si no que se lo digan a los perjudicados españoles por la estafa Madoff: nueve fondos de pensiones, tres aseguradoras, que suman 39 millones de euros, y cinco entidades financieras; Santander, Banesto y BBVA a la cabeza, y Banca March y Caja Madrid. Entre las cuatro suman 2.634 millones de euros, según las cifras de la CNMV. Cantidades que tampoco preocupaban en exceso al entonces ministro de Economía Pedro Solbes, quien restó importancia al hecho “en comparación con el dinero que mueve la economía española”. Si un gobernador de un banco central y el ministro de Economía y Hacienda consideran pecata minuta la fechoría de Madoff, los jueces tomen nota del suceso y de las consideraciones de ambas instituciones y no le den la importancia que en realidad tiene.

Las comparaciones son odiosas para todo, pero Afinsa y Forum Filatélico, una estafa que según la Agencia Tributaria estimaba en torno a los 3.522 millones de euros, si bien otros cálculos de organismos oficiales la cifraban en 6.000, afectó a más de 300.000 personas. En este caso, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlasca envió a prisión provisional sin fianza a varios directivos de las dos compañías a los que acusaba de delitos de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible. Todo ello un año después de la denuncia, casual, que realizó un ciudadano. En este caso, y después de varias sentencias por diversos aspectos y fases del delito, el veredicto final del proceso penal, sigue pendiente, sigue sin ser visto para sentencia.

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