edición: 3072 , Jueves, 22 octubre 2020
23/09/2010
Francia no quiere acoger residuos españoles más allá de 2015

El ‘zapatazo’ de De la Vega con el ATC acorrala a Moncloa con los residuos nucleares

Si abre la puerta al veto autonómico, topará con Barreda y Vara, o tendrá que mirar a un pacto por Ascó
Sebastián buscaba despejar el ATC para poder negociar ya con París el retorno de los residuos
Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera
Javier Aldecoa

Ha roto la ‘baraja’, el modelo acordado con Sebastián para elegir con el voto del Consejo de Ministros la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) siguiendo la recomendación de Industria y sin contar con las CCAA más que como consejo.  Pero aunque el contencioso del 'no' a Zarra acabara en el próximo Consejo este viernes -en contra de la previsión del sector- Sebastián ya le ha destapado a la vicepresidencia otra ‘caja de Pandora’y evidenciado sus contradicciones y su aislamiento energético, tanto como la cerrazón de los ‘barones’ socialistas. Si la vicepresidenta pliega su voluntad y se acoge a la victoria técnica de Zarra, será a contrapié de sus compañeros de partido en Valencia y de Chaves y con semanas de retraso. Si tiene que llevar el futuro del ATC a latitudes políticas, no encontrará aliados: las cuatro candidaturas ‘idóneas’ -Zarra, Acó, Yebra y Villar- cuentan con el rechazo de sus presidentes autonómicos. Si la consulta jurídica obliga a Presidencia a buscar consenso, sólo podrá jugar las cartas de Ascó en la mesa de una nueva demora, hasta el 28-N. Pero cada día corre en contra del tiempo muerto: el limbo del ATC irrita a Enresa, asusta a Industria y deja la negociación por los residuos pendientes de retorno con Francia -que Sebastián encara a partir de esta semana- a los pies de los caballos de Areva.

Las prisas, tras la oposición de la vicepresidencia, son las mismas que han empujado a Industria a sacar de seis años de olvido de Moncloa la licitación del ATC. Pero los chispazos, son cada vez más, dentro y fuera de Moncloa y de Ferraz. El ‘no en mi patio’ se ha hecho fuerte en el seno del Consejo de ministros, donde Carme Chacón pelea para evitar su ubicación en Cataluña y la vicepresidenta, para neutralizar las ventajas de Zarra. Pero el precio de las demoras comenzará a subir, 60.000 euros cada día, a partir del 1 de enero de 2010, la fecha en la que vence el pacto con Areva para custodiar los residuos en Francia. El ministro apunta ahora a De la Vega con nombres y apellidos. “El trabajo del Ministerio ha terminado”. Ya no sólo es un debate nacional, un pulso autonómico, ni una partida de póker entre los barones y las federaciones socialistas. Areva prepara la próxima semana su reunión con Sebastián dispuesta a recordarle que, como advierte Enresa, no hay ‘alfombra’ suficiente para esconder el retraso en el ATC, ni siquiera al otro lado de los Pirineos. Si se demora más la licitación, los cuatro años de plazo para la construcción del almacén no serán suficientes, ni siquiera para asumir la prórroga a cambio de sanciones. Sea como sea, Areva no quiere acoger residuos españoles más allá de 2015.

Fernández De la Vega no ha querido digerir la ‘sugerencia’ del Ministerio, ni el informe técnico y la decisión de la Comisión Interministerial que definía a Zarra como destino del ATC. No quiso hacerlo sin un ‘sí’ explícito de Francisco Camps, que en el último momento, después de meses de silencios y, a pesar del Pacto entre Sebastián y Montoro, promete una guerra judicial. Menos aún, De la Vega estaba dispuesta a asumir sin más la bitácora del titular de Industria. Ni siquiera aunque la de Sebastián era en realidad una ‘coreografía’ acordada con Moncloa en su procedimiento y sus calendarios desde casi un semestre antes. La vicepresidenta se aferra a que la Comisión aprobó un informe elaborado por el Gobierno -el Comité Asesor Técnico, compuesto por profesores de Universidad, no había dado puntuaciones ni listas en su dictamen previo- en el que se concluía que había cuatro candidatos posibles con "escasas diferencias": Zarra, Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca).

En realidad, el Gobierno realizó la puntuación de los candidatos en función de 20 factores, desde la propiedad de los terrenos hasta la contribución de los Ayuntamientos no el comité asesor técnico.  Pero De la Vega y Moncloa sabían que desde más de hacía un mes el informe interministerial estaba a punto y que Zarra y Ascó estaban en cabeza, casi con Yebra y Villar a la misma altura, aunque la comisión interministerial evitó cualquier filtración para que el Consejo de Ministros eligiera al candidato definitivo: el informe no pasó ni por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ni por la de subsecretarios y no fue hasta el viernes 17 cuando Marín y Sebastián -por cierto, con diferentes interlocutores y mensajes- comunicaron formalmente, antes del Consejo de Ministros a José María Barreda su ‘alivio’ ante el municipio de Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca), y al vicepresidente valenciano sus ‘opciones’ preferentes.

MARCHA ATRÁS EN EL PROCEDIMIENTO PACTADO

Miguel Sebastián topa de nuevo con los muros atómicos de María Teresa Fernández De la Vega. Y los electorales. Ya lo hizo en junio de 2009, cuando la vicepresidenta en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. De la Vega se ha convertido en el muro de contención de los planes de Sebastián para resolver los enredos más calientes de su Ministerio. La sintonía con la vicepresidenta, ni está ni se espera desde que, a contrapié de la mitad del Consejo, decidió gestar en exclusiva la Ley General Audiovisual,  engendrar un CEMA en plena guerra con la CMT (que aún no ha visto la luz, a pesar del interés de Industria) y ralentizar la Agencia Radioeléctrica. El ministro no pudo imponerle sus criterios ni en la Ley Sinde y sus obligaciones para las operadoras, ni en la financiación de RTVE con el 0,9% de la facturación de las telecos, ni en la excepción TIC para parte de los Fondos del Plan E 2010. Chocaron después espadas por la renovación, la composición y las competencias de los reguladores bajo el paraguas de Industria -la CMT y la CNE-, que aún la Ley de Economía Sostenible no ha despejado. Y no hace ni un mes que De la Vega decidía apresurar el cobro para RTVE de los 160 millones de euros de la tasa a las telecos, aún a costa de amargarle otra vez la sintonía con las operadoras de telefonía al ministro y el aterrizaje en la Secretaría de Estado a Lorenzo.

Moncloa aguarda aún por el informe jurídico ‘exprés’ encargado por la vicepresidenta sobre la marcha el pasado 17 de septiembre. Un documento que, en todo caso, no sería vinculante, ni menos aún impediría en el futuro que la CCAA escogida pueda intentar -como amenaza ahora Camps- impugnar la decisión o recurrirla ante el Supremo o la Audiencia Nacional. Una resolución que, además, no hace más que volver a recorrer el mismo vía crucis de debates jurídicos con Miguel Sebastián que el ministro consideraba zanjados, a la luz del antecedente de Trillo: el Gobierno ya ganó en los tribunales a la Junta de Castilla-La Mancha por el almacén nuclear de la central de la central castellanomanchega. El ministerio siempre ha defendido que la proposición no de ley aprobada por el Parlamento en el 2006 establecía que el único papel que correspondía a las comunidades autónomas en esta decisión era formular alegaciones, puesto que la elección final recae en el Gobierno. Pero en Presidencia prefieren mirar de nuevo a la literalidad de la proposición aprobada entonces (dice textualmente que el Ejecutivo, “en adecuada concertación con las comunidades”, designará el emplazamiento) y obviar los requisitos de la convocatoria definitiva, impulsada en diciembre de 2009 desde Castellana 160, en la que las Autonomías carecen de derecho de veto.

Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009, el Ministerio preveía para el ATC enviar en julio de 2010 un primer informe preeliminar y haber resuelto su ubicación como muy tarde en los primeros viernes de septiembre. Hasta tal punto que el 24 de junio la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento (con representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Sanidad, Economía y Ciencia) fue convocada y desconvocada de urgencia. Y pocas horas antes del anuncio de Pacto de Estado entre PP y PSOE,  en junio, un portavoz del Ministerio  adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de vacaciones. No fue así.

En Moncloa confiaban en poder demorar la decisión de nuevo, al menos lo justo para no tener que sacar tan pronto de las quinielas a Ascó, antes de los comicios de noviembre. No contaban con la ‘guerra fría’ del ministro de Industria, dispuesto –con el Pacto de Estado en mínimos y la definición del mix energético por hacer- a cumplir al menos los calendarios pactados para la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos.

Buscaba el último atajo ante los muros de Zapatero para destrabar los apellidos del ATC, finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 y hacerlo, además, sin ultimar los jirones del Pacto de Estado con el PP, ni las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos.

EN CLAVE DE CONSENSO POLÍTICO, SIN ALTERNATIVAS

Tras seis años de demora desde que en diciembre de 2004 el Congreso aprobó desarrollar los criterios para construir un ATC en España, esta vez las promesas de Moncloa de avalar una decisión en julio y acatar la decisión técnica de la Comisión Interministerial ya no dejaban en los calendarios de Sebastián mucho más margen para el olvido. El ministro estaba dispuesto a ‘vacunar’ con Zarra  todos los naufragios ‘nucleares’ que Moncloa se ha encargado de consumar en su mapa energético. Su sintonía con Montoro, los silencios a medias de Camps -el único presidente autonómico del PP que no se había opuesto hasta ahora frontalmente al almacén-, el interés del vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino -parte de los terrenos de Zarra pertenecían a una empresa de su familia- y el rechazo de Montilla y Barreda a las candidaturas de Ascó y Yebra (las otras dos favoritas) parecían despejar todos los caminos al ATC en Zarra.

Para Sebastián era la fórmula para confirmar la liberación que más de una vez ya les había contado a Barreda y Fernández- Vara, de pasar de largo por CL sin tocar garoña y de no esperar a noviembre ni incomodar a Montilla: ni su victoria, ni la voluntad propia y la de CiU estaban ya claras. Eso era antes de que los ‘oídos sordos’ de Camps y Zaplana y el puñetazo en la mesa de De la Vega decidieran paralizar otra vez todos los relojes del ATC y tratar de desandar el proceso. Recuerdan ahora que un informe de la Conselleria de Medio Ambiente señala que el terreno donde se propone la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares en Zarra (Valencia) “no es el adecuado”. El municipio de Zarra se encuentra, en parte, dentro del ámbito del Lugar de Interés Comunitario (LIC) 'Valle de Ayora y Sierra del Boquerón'. Asimismo, en el escrito presentado se advierte que el Plan de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear de Zarra no está adaptado al Plan de Emergencia Nuclear exterior a la Central Nuclear de Cofrentes.

Si el Consejo de Ministros opta por imponerse al PP, pliega la voluntad de De la Vega y se acoge a la victoria de Zarra, será a contrapié de sus compañeros, incluso en el ‘granero electoral valenciano’, justo el que la vicepresidenta quería salvaguardar a toda costa. Ya ha levantado las lanzas de Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, que revive las observaciones remitidas al Ministerio de Industria a raíz de la candidatura de Zarra y pide considerar la “posible afección” de los espacios naturales y de los hábitats de conservación prioritaria de la zona para que Industria descartase su candidatura y ha hecho valer ya las presiones con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves.

Si De la Vega y el Consejo de Ministros abren la puerta al consenso necesario con las CCAA, o a la opción de veto autonomista, encajarán las iras y los nervios de Barreda y de Fernández Vara, que juran que Industria les prometió desde agosto no ubicar ni en Castilla la Mancha, ni en Extremadura el almacén temporal centralizado de residuos. Fernández Vara promete abandonar la presidencia de la Junta si el ATC llega a Albalá; no ha querido ser menos que Ibarra, que también comprometió en su momento retó a Felipe González a que, si daba luz verde a una segunda central en Valdecaballeros, dimitiría. Además, el PP extremeño ha apoyado su rechazo al ATC en la Asamblea. Si ya Moncloa tenía problemas desde febrero para sintonizar los criterios de Industria con los recelos de los barones socialistas reacios a hospedar el almacén en Castilla la Mancha, Extremadura y Cataluña, ahora serán mayores. Tendrán que incluir además en sus variables a las líneas rojas del Partido Popular y las CCAA gobernadas por él.

De las ocho finalistas, sólo Ascó y Yebra tienen apoyo de AMAC, sintonía previa con Enresa (la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) experiencia y proximidad nuclear. Los 650 camiones cargados de residuos nucleares que debería recibir el ATC sólo en los primeros veinte años de vida se podrían reducir a la quinta parte si el traslado de las 6.700 toneladas se hiciera por ferrocarril. Una opción que hoy sólo Ascó tiene a mano. Ascó está más cerca del mar, por lo que sería más accesible para transportes desde el extranjero. La propuesta catalana tiene, además, cuatro centrales a su vera (tres activas y una en proceso de desmantelamiento), mientras que la castellano-manchega solo tiene dos (una activa y una pendiente de iniciar el desmantelamiento). De otro lado, Yebra es más céntrica en España, por lo que los desplazamientos desde Garoña (Burgos) o Almaraz (Cáceres), las principales fuentes de residuos en los próximos años serían más cortos.

ASCÓ, OTRA VEZ EN LIZA

Con ATC o sin él casi la mitad de los residuos del parque nuclear español se quedará en Cataluña (en su territorio hay cuatro plantas), y además hay que transportar desde Francia los residuos de Vandellós I que España envió en 1989. Vandellòs II, a día de hoy, todavía tiene margen para almacenar sus propios residuos de alta y media actividad, ya que tiene un 45% de sus piscinas libres -estima llenarlas entorno a 2020-. Sin embargo, los titulares de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV),  ya se han adelantado a cualquier sugerencia por parte del Estado rechazando los residuos de la central ‘ex vecina’ Vandellòs I. Si el ATC no recala en Ascó, nada impedirá que haya que edificar, en el corto plazo, nuevos ATI en el perímetro de los reactores catalanes. Una sombra de amenaza que el propio Sebastián le recordaba ayer a De la Vega. La “opción de no hacer nada, no es una opción”.

La candidatura de Ascó, que obtiene 304 puntos (sólo cuatro menos que Zarra),  es la que tiene más calificaciones de ‘‘muy bien’’ (14 MB y seis ‘bienes’ (B), mientras que el aspirante favorito cuenta con 11 calificaciones MB y nueve ‘bienes’. Es el único candidato con estación de tren; los terrenos propuestos son colindantes con la central de doble reactor de la localidad tarraconense. Y en sus piscinas se almacena ya un millar de toneladas de combustible nuclear usado. La marcha atrás de la vicepresidenta ha revivido no sólo las opciones de Ascó -al fin y al cabo, la segunda favorita en el informe técnico, con 300 puntos sobre 500, sólo cuatro menos que la candidatura valenciana- sino las batallas energéticas que el president Montilla creía haber despejado hasta, al menos las elecciones catalanas del 28-N. Ése era el pacto no escrito entre el PSC y el PSOE: si la decisión llegaba antes, no sería con apellidos catalanes.

No sólo Valencia intenta desviar ‘el dedo’ de Moncloa hacia latitudes catalanas. Es que, para José María Barreda, ya ni siquiera es suficiente con desinflar las opciones de Yebra y Villar. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, no ha tenido empacho en asegurar que no les gustaría que el almacén central centralizado de residuos nucleares se instale en Zarra por su cercanía con la región: acabaría por hacer transitar por la provincia de Albacete la mayoría de las 6.700 toneladas de combustible de uranio gastado en las centrales españolas que guardará durante un máximo de 60 años. Durante los 20 años siguientes a la llegada de los primeros residuos al ATC, unas 650 caravanas radiactivas transitarán por las carreteras para llevar los desechos desde las centrales al almacén. La Generalitat ya ha mostrado abiertamente su rechazo a que el almacén recale en Cataluña, cuenta con el ‘no’ expreso votado en el Parlament. Técnicamente la de Ascó es la candidata con más posibilidades, pero la resolución del Parlament en contra de la ubicación en Catalunya del ATC -que cuenta con el respaldo de PSC, CiU, ERC e ICV- dificultan la fluidez de su candidatura. Pero el calendario, que hasta ahora ha jugado en su contra, puede convertirse en otra baza a favor de las opciones del municipio tarraconense si la decisión final se pospone hasta sortear la campaña electoral de otoño.

Mientras los partidarios de que el almacén nuclear se quede en Cataluña amenazan con votar en blanco en las autonómicas, ICV pide un pacto político para “alejar” definitivamente la instalación y tienta a CiU con la posibilidad de una postura conjunta. Sabe que, si Convergencia i Uniò gana las elecciones del 28 de noviembre, tendría mucho que decir en una candidatura promovida personalmente nada menos que por el alcalde de Ascó, Rafael Vidal, de CiU.  Los de Durán i Lleida han defendido “la necesidad de nucleares para que España pueda superar su dependencia energética” y han sido parte del intento, en la Subcomisión de Industria del Congreso por resucitar una tercera vía nuclear -al menos la prórroga más allá de los 40 a los reactores ya funcionando- para reducir una tasa de emisiones de CO2 que creció un 40% en los últimos veinte años.

OTRO INTENTO MÁS POR CONSUMAR EL ‘LAISSEZ FAIRE’ NUCLEAR

Moncloa no se ha definido sobre un modelo de residuos europeos, ni menos aún objetivos mínimos comunes para los Veintisiete como esperaba el Comisario Oettinger. Gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del CSN. Por eso, el ministro de Industria trató de ‘vengar’ las urgencias del ATC. Buscó horadar la cerrazón  del Congreso de los Diputados y, al menos, despertar el debate sobre la vida útil del parque nuclear español más allá de los cuarenta años. Desde Castellana 160, Ferraz y el Grupo Socialista intentaban arañarle a Zapatero algún gesto que dejara abierta la puerta a una ‘tercera vía nuclear’ en el mix a 25 años. Primero, en solitario, después con las lanzas del supuesto pacto de Estado con el PP.

Al fin y al cabo, Garoña y el peso nuclear en el mix eran el primer ‘plato’ de un menú para el diálogo que Montoro puso a la mesa de Sebastián en junio. Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y  la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de nuevos reactores en el medio plazo. Industria llegó a pedir. Luego, Sebastián trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta, a imagen y semejanza de EE UU. Ahora, tanto Industria como el grupo socialista han empezado a asumir que ni lo uno, ni lo otro. El Congreso se ha encargado de rechazar la salida del 'pool' y nuevas tasas nucleares; la Subcomisión de Industria, de retrasar el debate sobre la prórroga  a los ocho reactores al menos hasta 2015; el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013 e Industria empieza a estirar las condiciones del Reindus para compensar su cierre.

Sobre la mesa de la vicepresidenta, volverá de nuevo la ecuación de las facturas políticas de la soledad nuclear del Ejecutivo y las lanzas antinucleares de las federaciones socialistas. Si el silo va a Valencia, descuenta que el PSOE podría perder votos en esta Comunidad, y si se queda en Cataluña Montilla cargaría con las facturas electoralistas. Además, si finalmente el Consejo de Ministros consigue un consenso interno que le permita consumar la elección de Zarra, sea o no con acuerdo con la Generalitat Valenciana, ya sabe que se encontrará sobre la mesa no sólo con los recelos de Enresa, sino con la impugnación de la Asociación de Municipios Nucleares (AMAC) y sus 70 miembros. Se oponen a una decisión “basada en intereses políticos”, que dejaría el ATC fuera del perímetro de ninguna localidad con reactores atómicos (Zarra está a 11 km de Cofrentes) y experiencia nuclear, uno de los criterios que la convocatoria del ATC valoraba. Después de años trabajando mano a mano con el Ministerio de Industria y con Enresa, la Amac, hasta ahora no de los motores del impulso al ATC durante la última década, descontaba las ventajas técnicas de las candidaturas que apadrina, las de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona).
 
AREVA RENUEVA EL ULTIMATUM Y BUSCA COMPENSACIONES

Mientras Moncloa para los relojes del Almacén Temporal Centralizado, Areva respira por la herida de los residuos nucleares españoles y del contrato sellado con la Administración española el 18 de octubre de 2001. Ni el Elíseo, ni menos aún la dirección de la empresa han dejado pasar la oportunidad de recordarle al ministro que el acuerdo entre Enresa y Areva prevé que los residuos de de Vandellós I  que guarda Francia debían volver a España a partir del 31 de diciembre de 2010. Como adelantaba La Razón, lo hacía ya el subdirector de Industria Nuclear francés, Thomas Branche en la misiva enviada el pasado 2 de agosto al Ministerio de Industria. Areva buscará durante el tiempo muerto de nuevo ventajas en las incertidumbres españolas. Entre 1985 y octubre de 2006, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) pagó 517,71 millones de euros por los desechos nucleares que Vandellòs I envió allí. No es la presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, María Teresa Domínguez, la única que considera “ilógico” y “poco razonable” que España esté dispuesta a pagar a Francia “una multa” de 60.000 euros diarios desde el año que viene por guardar unos residuos radiactivos que no son peligrosos y que pueden almacenarse cerca de las centrales.

Ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2010 llegarán ya a tiempo. Las estimaciones más optimistas hablan de un plazo de dos años y medio para construir el depósito. Sin embargo, Enresa asegura que “los cálculos más realistas, dada la gran envergadura de esta obra civil”, consideran necesarios entre tres y cuatro años. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014, aunque se adjudique ya. Construir el ATC (inicialmente previsto para estar operativo el 1 de enero de 2011) lleva, al menos, cuatro años. El miedo de Areva empieza, incluso ahora, a poner la vista en el día después. La diferencia es que ahora, con las sombras expandidas por De la Vega sobre el futuro del ATC, ya en París no tienen tan claro que Enresa pueda cumplir, ni siquiera con la fecha de expiración del ‘Plan B’ y disponer de un almacén a tiempo para diciembre de 2015, la fecha del ultimátum final que Areva no quiere prorrogar ni siquiera con pagos compensatorios.

El contrato con Areva expira justo en tres meses, pero en Industria saben que será más duro negociar su prórroga necesaria sin haber ni siquiera iniciado el proceso para construir el ATC, en plena oferta francesa de un intercambio de residuos nucleares. Como adelantaba ya en mayo el diario El País, Areva ofrece “devolver al silo atómico desechos más radiactivos que los de Vandellòs I pero en menor cantidad”, una opción que podría encajar con las preferencias de Enresa, favorable a tener menos residuos bituminizados para minimizar los transportes y homogeneizar los tipos de desechos. O vuelve una gran cantidad de residuos de media actividad o una mucho menor de desechos franceses activos durante miles de años. En ese caso, Francia exigiría más dinero al considerar que España se ahorraría millones en el transporte.

En todo caso le servirá para compensar los problemas ‘domésticos’ con los residuos de alta generación. Para los dilemas de Areva, el ATC en Zarra sería más favorable: más rápido en su construcción y estaría más distante de los residuos almacenados en Francia, para ventaja de la empresa nuclear paraestatal gala y de su opción de menos residuos de más alta intensidad. Aunque el 64% de la superficie del municipio de Zarra está protegida, el informe técnico de Industria valora la inmediata disponibilidad de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento, lo que podría ahorrar dos años de “papeleo” antes de iniciar la construcción. Las urgencias de Areva se le encienden a Zapatero justo ahora que ha tenido que hacer malabarismos para evitar que los residuos nucleares del ‘caso Palomares’ le mancharan su periplo estadounidense. A la vista de la ruptura del pacto con EE UU por el que Departamento de Energía (DOE) se había comprometido a financiar y supervisar la limpieza y extracción de las parcelas contaminadas de Palomares,  es muy posible que Moncloa tenga que buscar también una ubicación para otros 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada.

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