edición: 2865 , Viernes, 13 diciembre 2019
08/05/2019
banca 

El Banco de España llama a la banca a vigilar el crédito inmobiliario

ICNR
Advierte de que el capital del sector es bajo para absorber pérdidas ante una fase desaceleración.
El organismo pide a las entidades mantener la vigilancia en este mercado tras su elevado ritmo de crecimiento y ante una desaceleración de la economía. Señala en un informe de Estabilidad Financiera que, por el momento, no ha observado una relajación de las condiciones de la concesión de los préstamos nuevos. Respecto a los créditos al consumo, el Banco de España mantiene por segundo año consecutivo la alerta de aumentar la vigilancia en las condiciones de concesión de este segmento.

Los préstamos han vivido una desaceleración significativa en la segunda mitad de 2018, los créditos para la adquisición de bienes han crecido desde diciembre de 2015 a diciembre de 2018 un 40%, con la concesión de 90.000 millones de euros en el ejercicio anterior. Este ritmo ha implicado un alza de la mora en este segmento "a tasas de dos dígitos y acelerándose, lo que pone de manifiesto una cierta fragilidad de la demanda de crédito en un contexto macrofinanciero muy benigno".

Según el organismo, de momento, no suponen un riesgo para la estabilidad del conjunto del sistema financiero español ni reclaman la adopción de medidas macroprudenciales, aunque sí requieren un aumento de la vigilancia en las condiciones de concesión de operaciones crediticias y el seguimiento a las entidades más dinámicas en este segmento.

El documento apunta varios factores del riesgo para la estabilidad del sistema financiero: la desaceleración económica mundial, que se ha concentrado en Europa y China, lo podría generar un aumento de la volatilidad de los mercados financieros y un incremento de las primas de riesgo. Asegura que, concretamente en España, aún persiste la incertidumbre sobre el futuro de las políticas económicas.

Advierte de que en un contexto de tipos de interés bajo, la rentabilidad de los bancos españoles se verá sometida a una presión adicional por las consecuencias de la desaceleración económica. Finalmente, apunta a que las entidades españolas afrontan un riesgo legal derivado del potencial incremento de las demandas judiciales contra ellas.

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