edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
23/10/2020
banca 
El BCE siembra la alarma del riesgo de liquidez

El Banco de España propone un cortafuego que evite una nueva crisis financiera

Las autoridades bancarias ya dan por hecho que más de la mitad de las empresas españolas cerrarán el año con pérdidas y que difícilmente se recuperarán hasta bien entrado 2021
Juan José González
Numerosas declaraciones de los primeros espadas del sector financiero español, así como también de las autoridades supervisoras, confirman la evidencia de los riesgos que ya parecen dibujarse en el horizonte, consecuencia de la prolongada depresión que provocará la pandemia en el sector financiero. Las referencias del presidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alertando sobre algunos posibles riesgos futuros -más bien a la vuelta de la esquina, abril de 2021- de liquidez y la persistente baja rentabilidad del sector bancario subrayada en otras declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, confirman un escenario de alto riesgo para el sector en los próximos meses que obligará a las autoridades financieras a solicitar a las entidades bancarias algunos sacrificios y al Ejecutivo a acelerar las reformas estructurales pendientes. Porque hoy los bancos se mueven en un entorno de máxima incertidumbre que convive con un deterioro permanente y sin pausa de la actividad económica. Algunas cifras sirven para ilustrar que ese deterioro, antes que estabilizarse, se agrava: el avance de la morosidad bancaria en agosto es un primer elemento para valorar la situación del sector y de la economía real al recoger la situación de necesidad de las empresas y la incapacidad de muchas de ellas para hacer frente a los pagos y el nivel de la deuda pública en ese mismo mes registra un récord en 1,3 billones de euros.
El Banco Central Europeo y el Banco de España parecen estar de acuerdo en los tiempos y en las medidas que se pueden aplicar ante una situación de recesión económica. En el tiempo que media hasta final de año irán los supervisores comprobando el nivel de deterioro de las cuentas bancarias. Respecto a las medidas también es probable que se dé una coincidencia en el fondo y en la forma, aunque por el momento, lo que sí parecen tener muy claro es la de poner en marcha un cortafuegos que evite una nueva crisis financiera, que la sangre no llegue al río como sucedió en 2009. Un cortafuego que no se construye con medidas aisladas y polémicas como la restricción o limitación al reparto de beneficios en el caso del sector bancario.

En realidad, aunque la orden, por imposición del BCE, de suspender el pago de dividendos en 2020 no sentó bien en el sector e, incluso, varios bancos pusieron en marcha alternativas al pago en efectivo del dividendo, también se reconoce en el sector que la medida sólo pretendía `imponer´ un criterio de equivalencia entre la prudencia obligada y la incertidumbre real. En medios del sector se ha constatado que al final, la limitación temporal al pago de dividendos no ha sentado tan mal al sector, en especial, a las cuentas. Algunos responsables bancarios han reconocido en privado que las autoridades perseguían con esta medida "curarse en salud", debido al temor de repetición de una crisis financiera.

Pero las autoridades bancarias no sólo manifestaban su temor a un empeoramiento de la situación financiera y económica, sino también y además (cabe sospechar que quizá o sobre todo) a la situación política española, con un Parlamento enfrentado y muy dividido, así como su consecuencia en la falta de medidas o respuestas ante la crisis sanitaria. En este sentido, septiembre y octubre están encendiendo las alarmas de los supervisores y de las grandes empresas por la falta de previsión y de iniciativa del Gobierno central.

Una de las notas que ha caracterizado las recientes declaraciones de los primeros responsables del sector bancario ha sido, precisamente, la apelación al Ejecutivo de una respuesta rápida y contundente en materia de política económica con una llamada de atención especial a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero además, por otro lado, la necesidad urgente, en el corto plazo, de medidas dirigidas a los sectores más golpeados por la crisis sanitaria solicitando ayudas públicas para las actividades más afectadas pero con urgencia.

El escenario económico, y también social, que se desprende de las declaraciones de los responsables bancarios tiene en cuenta que las cifras de actividad de la economía, el cierre de empresas, las quiebras de autónomos y pequeñas y medianas empresas al borde del impago, justifica sobradamente la puesta en marcha de un cortafuego como el que proponen los supervisores, europeo y español, entre otros. Al mismo tiempo, las opiniones de las autoridades financieras dibujan una novedad en el paisaje de la recesión económica española: dan por hecho que más de la mitad de las compañías cierren el presente ejercicio con pérdidas notables de las que difícilmente se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta mediados del próximo y que dejarán huella en un desempleo previsto del 22% de la población activa. De ahí que la actuación del Gobierno deba ser tan urgente como justificado el cortafuego para evitar una crisis financiera.

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