edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
18/01/2018
La prórroga, un mal menor

El bloqueo a los Presupuestos se consolida como chantaje al contribuyente

Cerco a las cuentas del Estado que sale caro a funcionarios, pensionistas y desempleados, y gratis a los representantes políticos
Juan José González
Como cada año, como cada Presupuesto, la aprobación de las cuentas públicas, ingresos y gastos del Estado, que rigen la actividad económica anual del país, ocupan la actividad política y mantienen la atención social. Los correspondientes a 2018 serán, si hay consenso político, los de 2017 con algunas ligeras modificaciones. Siguen pendientes y bloqueadas en el Parlamento, pendientes de aprobación porque pendiente continúa la negociación. Esta se niega por parte de varios grupos de la oposición, lo que se traduce en un bloqueo a las posibles mejoras que los citados documentos anuales podrían recoger. A la negativa de los nacionalistas a aceptar unas cuentas con las que no están de acuerdo, se suma la negativa de la oposición en tanto que no se recogen modificaciones acordes con sus posiciones ideológicas. En suma, un problema que provoca el bloqueo político con un primer damnificado: el ciudadano. Bloqueo o chantaje, según se mire, porque de la aprobación dependen más los gastos que los ingresos, puesto que estos se recogen en el documento presupuestario como una previsión cuyo acierto dependerá finalmente de la recaudación, de las cifras macroeconómicas y de otros tributos, a su vez dependientes de normativas diversas. Son las partidas de gastos las que originan los mayores problemas si se mantiene el bloqueo a la aprobación de los presupuestos. Pensionistas, funcionarios, ayudas sociales, desempleo, etc, son algunas de las partidas que pueden sufrir los efectos del impasse político, de la falta de acuerdo, del bloqueo. La distancia que separa a éste del chantaje parece ser mínima.
En principio, parecería que, dada la posición de los grupos políticos representados en el Parlamento, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado interesan únicamente al Ejecutivo que los propone, cuando en realidad debe importar a todos e, incluso, se diría que con mayor motivo, habida cuenta que la salida más práctica para un Gobierno se encuentra de la forma más sencilla en la prórroga del Presupuesto. Una situación en la que, desde el punto de vista de los ingresos, no causará mayor dificultad porque su cuantía -su previsión- estaría en función del incremento del PIB y de la inflación, mientras que los gastos estarían bloqueados y encajarían a la perfección en cualquier plan de austeridad del Gobierno de turno.

En todo caso, los bloqueos a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo, no son nuevos como muestra el registro histórico, hasta el punto de haberse consolidado la prórroga como una práctica habitual desde 1982. Praxis que aunque no evita que el Gobierno de turno pueda seguir adelante en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, mediante decretos leyes, supone en la práctica el retraso en la aprobación de los capítulos que afectan directamente a las retribuciones futuras de, por ejemplo, pensionistas y funcionarios y las ayudas al desempleo y otros programas.

Es en la forma de aprobación del proyecto de ley presupuestaria donde aparece un primer inconveniente como es la necesidad, exigencia por ley, de que sea votada por mayoría, es decir, deben darse mayor número de síes que de noes, detalle que es una característica singular de la Ley de Presupuestos y que no se da en las demás. Singularidad que ningún grupo político interesado ha propuesto modificar para evitar que se produzca el bloqueo presupuestario anual. Lo que da pie para creer que se trata de un asunto similar a la ley electoral y otras, cuya vida y posibles modificaciones dependen del interés coyuntural de los grupos políticos.

De la misma forma que llama la atención la `votación de totalidad´ que exige la Ley de Presupuestos, no es menos llamativa otra característica que afecta a la misma ley, como es su carácter retroactivo. La prueba más reciente de este matiz que tiene la citada ley data de junio pasado, cuando el Gobierno publicó a finales de ese mes la Ley de Presupuestos de 2017, medio año que, sin embargo, no fue óbice para que las decisiones presupuestarias tuvieran validez desde el mismo día uno del ejercicio, conservando así el carácter -también por ley- anual de la norma.

Pero que la falta de aprobación de los presupuestos generales suponga un bloqueo político que obstaculice la aplicación de la política determinada de un Gobierno, no debería convertirse, por su recurrente utilización, en un chantaje que en la práctica acaba ofreciendo los mismos efectos de un fraude a la ciudadanía. Recordar que estos son los destinatarios de los gastos y los sujetos de la redistribución de las rentas, y que al mismo tiempo son contribuyentes -clientes o accionistas- que aportan mediante gravámenes diversos al capítulo de ingresos del Presupuesto. Es por todo por lo que la aprobación de tan importante Ley debería contar con alguna salvaguardia, ajena -no al control- al bloqueo político, para evitar que se convierta en una herramienta de chantaje a los administrados, a los contribuyentes.

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