edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
23/10/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El CES Europeo ve peligros en el sistema de inversión del sujeto pasivo del IVA

Xavier Gil Pecharromán
El Consejo Económico y Social Europeo (CESE) ha ratificado su informe de 31 de mayo de 2017, en el que estimaba que no se debe permitir que el uso del mecanismo de inversión del sujeto pasivo, que es una excepción de los principios establecidos sobre el IVA, perjudique al mercado interior; además, ha de ser temporal y debidamente evaluado por la Comisión en relación con sus posibles efectos negativos para el mercado interior.
No obstante, señala que apoya las medidas puestas en marcha por la Unión Europea para abordar todas las formas de fraude fiscal, al tiempo que considera que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para la recaudación (IVA) puede ser un instrumento útil para hacer frente al fraude en cascada y al fraude en materia de IVA.

Se trata de la propuesta de reforma de la Directiva del IVA, que busca prorrogar la posibilidad de que los Estados miembros apliquen el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude que se registra actualmente en las entregas de bienes y las prestaciones servicios comprendidas en la propia Directiva y la posibilidad de utilizar el mecanismo de reacción rápida para combatir el fraude.

Considera que el fraude en materia de IVA es una epidemia europea que se ha de combatir Y aduce que la forma más preocupante de fraude en materia de IVA es el llamado ‘fraude en cascada’, que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo pretende prevenir.

Con la culminación pendiente de la reforma del sistema europeo del IVA y a instancias de algunos Gobiernos nacionales, la Comisión ha reconocido la necesidad urgente de permitir a algunos Estados miembros introducir mecanismos generalizados de inversión del sujeto pasivo con carácter temporal.

Sin embargo, el CESE llama la atención sobre los estudios que ponen de manifiesto que los mecanismos de inversión del sujeto pasivo y pago fraccionado, allí donde se han implantado hasta la fecha, a menudo han dado lugar a problemas de flujo de efectivo para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales. 

En otras palabras, señala que los intentos de luchar contra el fraude fiscal de un pequeño número de empresas deshonestas han provocado grandes problemas de funcionamiento para operadores económicos respetuosos del sistema fiscal que generan empleos y riqueza en el mercado interior.

La propuesta de Bruselas se presentó a raíz de una petición de los Estados miembros de la UE que sufren importantes pérdidas de ingresos debido al fraude en el ámbito del IVA, en particular al fraude en cascada. 

Según la Comisión Europea, en la UE el déficit recaudatorio del IVA (diferencia entre los ingresos por IVA previstos y el IVA realmente recaudado por las autoridades fiscales) alcanza casi los 160.000 millones de euros, de los cuales cerca de 50.000 millones pueden atribuirse al fraude transfronterizo (en 2013).

La posibilidad de aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo ya existe en el sistema actual; no obstante, su aplicación no es generalizada y está limitada a una serie de sectores. Su aplicación también está limitada en el tiempo. Fue introducida por la Directiva 2013/43/UE.

Al CESE le preocupa el riesgo de una posible fragmentación del sistema del IVA a raíz de las medidas propuestas, teniendo en cuenta aquellas previstas en la primera fase del Plan de Acción del IVA de la Comisión, que en la actualidad se supone que se aplica solo a determinados suministros de bienes y no a los servicios.

En concreto, habrá que evaluar si los beneficios aportados a la hora de hacer frente al fraude se ven contrarrestados por los posibles efectos perjudiciales de cara a la cohesión del mercado único. Por este motivo, la Comisión debería hacer un seguimiento constante del funcionamiento del mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en inglés), manteniendo la facultad de intervenir en caso de que se produzcan efectos perjudiciales.

El CESE recomienda prestar especial atención al principio de proporcionalidad, ya que el coste del cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en relación con la introducción de un mecanismo de inversión del sujeto pasivo podría ser considerable y podría repercutir en el flujo de efectivo, con el riesgo de que las pymes en concreto experimenten problemas de liquidez inducidos por el GRCM.

Por este motivo, el CESE acoge con agrado la introducción de mecanismos apropiados para hacer frente al fraude fiscal, aunque señala que toda excepción de la naturaleza unitaria del sistema europeo del IVA debe ser temporal, proporcionada y debidamente evaluada a fin de determinar los posibles efectos negativos en el mercado interior. 

Esto es así especialmente en vista del hecho de que el artículo 113 del Tratado, que respalda la propuesta legislativa de la Comisión, ofrece la posibilidad de actuar en el ámbito de la fiscalidad con medidas de armonización a fin de garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior y garantizar que no se distorsiona la competencia.

Hace especial hincapié el CESE en la posibilidad de limitar o eliminar los mecanismos de inversión del sujeto pasivo y pago fraccionado allí donde la facturación electrónica para la certificación del producto de la venta se use de manera generalizada y correcta. Este método de facturación permitiría verificar el pago correcto del IVA en tiempo real, lo que prevendría las repercusiones financieras perjudiciales para muchas empresas que cumplen sus obligaciones fiscales.

Abordar el fraude en materia de IVA es, sin duda, un objetivo que se ha de perseguir con decisión y mediante el desarrollo de las medidas legislativas apropiadas por parte de los Estados miembros. No obstante, señala que la aplicación de mecanismos de inversión del sujeto pasivo en las relaciones de empresa a empresa entre entidades privadas y los mecanismos de pago fraccionado en las relaciones entre empresas y administraciones públicas pueden penalizar gravemente a las empresas que sí cumplen sus obligaciones fiscales.

El CESE concluye que la dimensión nacional de la lucha contra el fraude fiscal requiere que todos los Estados miembros sean plenamente responsables del funcionamiento de sus propios sistemas fiscales y que proporcionen instrumentos para hacer frente al fraude en materia de IVA que no perjudiquen o influyan en el funcionamiento de los sistemas fiscales de otros Estados miembros.

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