edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
16/10/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El Consejo del Poder Judicial pone orden en el auxilio judicial internacional de los magistrados españoles

Xavier Gil Pecharromán
Los jueces españoles cuentan, a partir de hoy, con un Reglamento que regula auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional, según el Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que viene a poner orden en la dispersa, pantanosa e insuficiente regulación reglamentaria. 
El nuevo texto reglamentario establece que los jueces y tribunales españoles darán cumplimiento a las solicitudes de auxilio judicial provenientes de otros Estados en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las leyes especiales y en el presente Reglamento, así como en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España sea parte y en las normas de la Unión Europea que resulten aplicables.

Además, juzgados y tribunales tendrán que ‘alimentar’ la estadística trimestral del Consejo General del Poder Judicial con las solicitudes de auxilio judicial internacional y los certificados o formularios de reconocimiento mutuo remitidos a otros Estados, así como los recibidos y procedentes de Estados extranjeros.

La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Pleno del CGPJ la potestad reglamentaria, entre otras materias, para “la organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional”. En el ámbito civil, la promulgación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil contiene asimismo una regulación detallada que hace necesario un desarrollo reglamentario acorde en materia de organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles.

La cúpula judicial ha considerado imprescindible que en un mismo reglamento se integren todas las disposiciones que incidan en la organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional internacional, así como todas aquellas que perfilen el papel que debe desempeñar en este cometido el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial.

También resulta necesario contar con una regulación moderna de las redes creadas por el Consejo General del Poder Judicial cuya actividad se proyecta en la esfera internacional. La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) y la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) existen desde hace más de una década, si bien únicamente la primera tiene regulación reglamentaria. Es preciso, por tanto, que también la segunda tenga reflejo en nuestro ordenamiento jurídico y que la regulación de ambas sea completa y acorde con la labor que vienen desempeñando los Magistrados que conforman estas redes.

El objetivo de esta regulación es no sólo de dotar de garantías y seguridad jurídica a la actuación de las redes, sino también de articularlas como herramientas clave al servicio de la carrera Judicial. Por otra parte, se ha aprovechado la nueva reglamentación para regular el proceso de selección de los miembros de las redes de cooperación judicial internacional pertenecientes a la carrera judicial, a los que se refiere el artículo 33 de la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

En este sentido, el fortalecimiento de las redes es un objetivo prioritario del Consejo General del Poder Judicial, así como su adecuada coordinación con los órganos técnicos de este órgano a través de su Servicio de Relaciones Internacionales. Se regula así, no sólo la selección y nombramiento de los jueces y magistrados que las conforman, sino también la incidencia de su actividad en los módulos de productividad, su formación, su régimen de incompatibilidades y las causas de su cese.

También, se extiende la reglamentación al registro y reparto de las solicitudes de cooperación judicial internacional pasiva, donde se procede a integrar, con las adaptaciones necesarias, lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 2/2010 sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, motivo por el cual se deroga el citado artículo. El reparto se realizará a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de tres días, al órgano jurisdiccional con competencia para su ejecución o a la autoridad que corresponda, bien sea el Ministerio Fiscal, bien sea la Autoridad Central.

La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional está integrada por dos divisiones. De una parte, la denominada REJUE-CIVIL, de la que forman parte jueces y magistrados con destino en los órdenes jurisdiccionales civil o social, y de otra, la REJUE-PENAL, compuesta por jueces y magistrados con destino en los órdenes jurisdiccionales penal o contencioso-administrativo.

En la actualidad forman parte de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional 62 magistrados (30 en la civil y 32 en la penal), que se distribuyen por todo el territorio nacional.

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