edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
27/04/2018
Nuevos impuestos para corregir desviaciones

El coste político fuerza al Gobierno a aplazar la reforma de las pensiones

Horizonte en clave electoral que deja sin efecto las propuestas del Pacto de Toledo y aplaza hasta la próxima legislatura
Juan José González
Aparcado ya el "factor de sostenibilidad" para las pensiones, que en vez del próximo uno de enero, aplaza su entrada en vigor hasta 2023, y una vez liquidada la aplicación de la actualización de las pensiones a la inflación anual presente, bien se puede afirmar que el Pacto de Toledo ha muerto, se ha sepultado, burlado o, si no, se ha aparcado hasta nuevo aviso, quizá hasta la próxima cita electoral. Dos medidas, dos factores, el de sostenibilidad y el de adaptación, que pretendían ser las dos ideas clave que guiaran los debates futuros de la célebre Comisión parlamentaria y que constituía el núcleo central del Pacto en cuestión, pero que ahora pasan a mejor vida, se entiende que `sacrificadas´ en honor al interés coyuntural de la vida política. Inicialmente, el Pacto de Toledo pretendía ser un lugar de confluencia donde se sentaran las bases de acuerdos sobre las pensiones de los ciudadanos españoles. Integrado por representantes de los partidos políticos y técnicos en la materia, no parece que las ideas recibidas, estudiadas y finalmente ordenadas en una nevera, hayan sido aceptadas por el Gobierno como tampoco por la mayoría de los partidos políticos representados en la Cámara baja. Se descarta que los motivos del rechazo de ambos factores, ejes centrales para frenar el deterioro del actual sistema de pensiones haya sido la falta de ideas o la ausencia de análisis técnicos, volcados en decenas de informes con argumentos y propuestas razonadas. De esos informes trabajados por la Comisión, varios de ellos convertidos en acuerdos bien recibidos por todos -todos- los partidos políticos, ninguno de trascendencia se puede decir que haya superado el filtro final del partido político en el Gobierno ni, por supuesto de este último.
La desaparición de los dos factores clave para reformar el sistema de pensiones -sostenibilidad y actualización- se han volatilizado con la entrada en escena de mayores intereses políticos. Disipados por evaporación, ya no habrá posibilidad de aplicar en la práctica, de llevar a la realidad, las ideas -en forma de propuestas- creadas en la comisión, lo que sucede con el agravante de saber que su argumentación era válida y aceptada por todos para corregir el actual sistema de pensiones. Una comisión del Pacto de Toledo que parece estar gafada, tocada por el peso de las materias que trabaja y de los rigores de la actualidad, política, social y económica.

Entra así la reforma del sistema público de pensiones en una vía incierta, quizá en la de mayor peligro como es la que en, definitiva, representa la politización de las soluciones, por mucho que las propuestas hayan intentado evitar ese resultado. Tan sólo parece quedar a salvo en el trabajo de la comisión su utilidad para conocer los efectos reales, en el presente y en el futuro, de la no aplicación del factor de sostenibilidad así como también del cambio de criterio (IPC) en la actualización de las pensiones.

Queda al descubierto, por otro lado, que el problema de las pensiones está siendo abordado por el Ejecutivo como una especie de `pieza separada´ del conjunto de problemas económicos y sociales que sufre la ciudadanía, y que, por tanto, el regreso al anterior criterio de actualización en base al IPC, es un error que se pagará más pronto que tarde en forma de mayores impuestos. Si esto es así, no cabe duda que el partido en el Gobierno no quiera asumir los efectos de una medida que no ayudaría para sacar más votos en unas elecciones generales que ya figuran en su horizonte de trabajo.

Otro asunto de no menor importancia sería considerar una mayor implicación de los sindicatos en las reformas que, como el de las pensiones son de su máximo interés. Implicación que se debería producir por la vía de la participación en la Comisión del Pacto de Toledo. Porque en los últimos tiempos, las dos formaciones sindicales mayoritarias, UGT y CC OO, se vienen mostrando beligerantes en los dos aspectos -sostenibilidad y actualización- que conciernen a los pensionistas actuales y futuros, pero quizá en un sentido que parece ser, en sí mismo, contradictorio. Postura paradójica por la que estaría defendiendo mayores rentas para los jubilados pero al mismo tiempo rechazando y atacando reformas laborales que propician el empleo.

Por tanto, sometido el factor de sostenibilidad a hibernación forzada y sepultado por `asocial´ e `injusto´ el de actualización a la inflación vigente, obliga a plantearse si el Pacto piensa abordar en un futuro la aplicación de alguna medida que frene el deterioro del actual sistema de pensiones u otra que vaya en el camino de una reforma, habida cuenta que todas las partes involucradas ya conocen sobradamente que el actual sistema de pensiones se dirige, sin freno, hacia el abismo, y que éste no debe andar muy lejos.

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