edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
03/05/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El Derecho comunitario defiende la competencia de los jueces españoles para apreciar las cláusulas abusivas

Javier Ardalán
El Abogado General del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea Nils Wahl ha recomendado a los magistrados de la Sala que determinen que el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores no se opone al criterio jurisprudencial reciente del propio Tribunal Supremo según el cual debe declararse abusiva toda cláusula no negociada de un contrato de préstamo -sin garantía real  e hipotecaria- que prevea un tipo de intereses de demora que excede en más de dos puntos porcentuales del tipo previsto en ese contrato para calcular los intereses ordinarios.
No obstante, para que sea aceptable este criterio, Nils Wahl considera imprescindible que dicho criterio, no prejuzgue la posibilidad de que el juez nacional aprecie, de forma autónoma y tomando en consideración todas las circunstancias del caso, el eventual carácter abusivo de las cláusulas de las que deba conocer que no se ajusten a ese criterio. 

En su asunto prejudicial, tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de Primera Instancia n.º 38 de Barcelona destacan que este sistema en España se aplica automáticamente, sin permitir que el juez que conoce del asunto tome en consideración todas las circunstancias del caso concreto.

Así, lo que el Abogado General considera determinante de cara a la efectividad de la Directiva  93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en su versión modificada por la Directiva 2011/83) es que no quede negativamente afectada la facultad de los jueces nacionales para declarar abusivas las cláusulas contractuales sometidas a su examen. Aunque este criterio no se incluye en una sentencia, del Tribunal comunitario, las recomendaciones del abogado general, una suerte de juez instructor, suelen ser seguidas por los magistrados en más del 90% de las ocasiones en que dictan sentencia

A su entender, los órganos jurisdiccionales españoles siguen pudiendo declarar abusivas las cláusulas que fijan un tipo de intereses que no exceda en más de dos puntos porcentuales del tipo de los intereses ordinarios, a la luz de las circunstancias presentes en la celebración del contrato, y también apreciar el carácter abusivo del tipo de los intereses ordinarios fijado en un contrato celebrado con un consumidor en el caso de que no se haya pactado ningún acuerdo específico en el marco de la celebración del contrato.

El Abogado General examinar si, en caso de que se declare abusiva en aplicación del citado criterio jurisprudencial la cláusula que fija un tipo de los intereses de demora que excede en más de dos puntos porcentuales del tipo de los intereses ordinarios pactado, pueden seguir devengándose intereses ordinarios hasta el pago completo de la deuda. 

También, el Abogado General considera que la Directiva no se opone a que la cláusula que fija el tipo de los intereses ordinarios siga aplicándose hasta el pago íntegro de la deuda, en la medida en que esta solución implique que el juez nacional que ha apreciado el carácter abusivo de la cláusula que fija el tipo de los intereses de demora, por una parte, deje pura y simplemente de aplicar esa cláusula, manteniendo al mismo tiempo la validez de las demás cláusulas del contrato, en particular la relativa al tipo de los intereses ordinarios.

Además, por otra parte, considera que es exigible, que no sustituya la cláusula declarada abusiva por disposiciones legislativas supletorias, en particular las que determinan el tipo del interés de demora legal aplicable a falta de pacto entre las partes del contrato.

El Abogado General Nils Wahl analiza, además, la compatibilidad con la Directiva de la práctica de un profesional consistente en ceder o comprar un crédito que ostenta frente a un consumidor, sin que se prevea en el contrato de préstamo celebrado con ese consumidor la posibilidad de tal cesión, sin que este sea previamente informado de esa cesión o sin que la consienta y sin darle la posibilidad de recomprar su deuda, extinguiéndola en consecuencia, abonando al cesionario el importe que este pagó por la cesión más los gastos accesorios aplicables (la cesión de crédito está regulada por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

El juez de Barcelona estima que cabe cuestionar la validez de esta regulación desde el prisma de la protección de los consumidores, puesto que no se permite al deudor hacer valer el derecho de recompra en el marco de un procedimiento de ejecución del crédito ni en el contexto de una cesión extrajudicial.

Wahl propone al Tribunal de Justicia que en su futura sentencia responda al juez de Barcelona que la Directiva no se opone a esa práctica consistente en ceder o comprar créditos sin que el consumidor tenga la posibilidad de extinguir la deuda pagando al cesionario el precio de la cesión, más los intereses, las costas y los gastos. 

También, considera que la Directiva sólo se aplica a las ‘cláusulas contractuales’ en contratos celebrados con consumidores, y no a las simples prácticas de un profesional. La práctica queda pues fuera del ámbito de aplicación de la Directiva, que por otra parte no es aplicable a disposiciones legales imperativas. Además, el Abogado General añade que la cesión de crédito controvertida no modifica en absoluto el contenido y el alcance de las obligaciones del deudor consumidor. 

El hecho de que, según apunta el juez de Barcelona, la cesión se haya hecho a favor de un ‘fondo buitre’, que actúa con fines especulativos, por un precio muy inferior, o incluso irrisorio, respecto del importe del crédito inicial, carece de incidencia sobre la propia naturaleza de la obligación contractual que recae sobre el consumidor.

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