edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
11/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Elegir a los mayores de 55 años para los despidos colectivos no resulta discriminatorio

Javier Ardalán
La selección de trabajadores afectados por un despido colectivo en función de su edad próxima a la jubilación "es un criterio adecuado y proporcionado", según defiende el Tribunal Constitucional en esta sentencia de 13 de abril de 2015. El argumento aceptado por la sentencia se refiere al menor perjuicio que el despido supone para los trabajadores de más edad, dada la mayor protección social brindada a los mayores de 55 años.
Esta circunstancia sí puede convertir la edad próxima a la jubilación en un factor objetivo y no arbitrario de selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo, siempre que se cumplan determinadas exigencias.

La selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo constituye una facultad del empresario que, aunque inscrita en sus poderes de organización, debe ejercerse respetando la preferencia legal de los representantes de los trabajadores, las garantías que el ordenamiento jurídico otorga a los trabajadores en general y los condicionantes establecidos en el convenio colectivo o en el acuerdo alcanzado durante el período de consultas, sin que en ningún caso pueda incurrirse en fraude de ley o abuso de derecho y sin que la actuación empresarial pueda estar guiada por móviles discriminatorios.

Así, el Constitucional avala el despido colectivo llevado a cabo por la empresa pública Instituto Valenciano de la Vivienda que, si bien decidió cesar a los trabajadores mayores de 55 años -un total de 35 empleados- sin embargo, adoptó medidas paliativas. Así, la suscripción de un convenio especial; o la previsión de que una vez agotada la prestación por desempleo pudieran -en casos de cumplir determinados requisitos como no tener rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional- percibir un subsidio hasta cumplir la edad para acceder a la de jubilación.

El ponente, el magistrado Antonio Narváez razona que el sacrificio personal y económico impuesto a determinados trabajadores por razón exclusiva de su edad sólo puede ser legítimo si se ve compensado de forma efectiva, de modo que no suponga una lesión desproporcionada en relación con los fines que persigue la medida adoptada, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Constitucional en sentencias de 2 de julio de 1991, FJ 9, de 30 de abril de 1985.

Sigue esta misma línea de razonamiento, para llegar a la conclusión de que la selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo en función del menor daño o perjuicio que la situación de desempleo conlleva para determinados sectores de edad, sólo puede considerarse legítima y proporcionada si se ve acompañada de medidas efectivas que atenúen los efectos negativos generados por la situación de desempleo, sin que en ningún caso pueda considerarse justificación suficiente del despido la mera proximidad de la edad de jubilación.

Según establece el artículo. 51.9 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas en procesos concursales, que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad que no tengan la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existe la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial en los términos previstos en la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), lo que permite al trabajador generar el derecho a las prestaciones de Seguridad Social aunque no esté trabajando.

Por ello, expresa el ponente, que en el supuesto ahora examinado, dicho convenio fue efectivamente suscrito para todas las recurrentes en amparo. En el mismo sentido, una vez agotada la prestación por desempleo los trabajadores mayores de 55 años que no tuviesen rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y que la renta media de su unidad familiar no superase tampoco esa cantidad, podrían percibir un subsidio por desempleo hasta cumplir la edad para acceder a la pensión de jubilación, tal y como regula el artículo 215.1.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La compañía, en este caso, acordó un complemento empresarial que pretendía evitar que los trabajadores afectados sufrieran un perjuicio desproporcionado respecto de su situación en activo, con una escala con diferentes niveles de acuerdo con su edad.

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