edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
28/02/2020
Sigue la tendencia de organismos homólogos europeos

El Estado acelera la contratación externa de bufetes en previsión de nuevas resoluciones

Intensa actividad en el mercado jurídico de los grandes litigios, las reclamaciones de inversores de grueso calibre que disparan contra el Estado en busca de resarcimiento económico, por eso debe rearmarse con bufetes expertos
Juan José González
Cuando un ejército recluta personal suele ser indicativo de que se va a la guerra o que quiere fortalecer su defensa. El Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) parece haberse apuntado al reclutamiento, no de tropa sino de mandos expertos. Y no parece que se trate, en principio, de ningún conflicto bélico que justifique el rearme. El hecho es que ha fichado a expertos en defensa de ataques y de conflictos de grueso calibre. KPMG, AFI, Nomura, Garrigues y Álvarez & Marsal se situarán en la guardia y en la retaguardia del organismo público para que, en caso de ataque o conflicto con una entidad financiera, rechacen al enemigo. No es una práctica extraña, pero el movimiento institucional llama poderosamente la atención por cuanto se podría interpretar, en primera derivada, que el rearme avisa o indica la llegada de problemas. Estos no tienen que ser inmediatos, sino que pueden suceder en el tiempo. El organismo público ha entendido que los accidentes no suelen avisar y que las sorpresas se presentan cuando menos se esperan. El fiasco del Banco Popular no estaba previsto, era posible y probable, pero no era cierto. Y hasta que no se confirmó el desastre, la situación del Popular era sólo una cuestión de negociación, de acuerdo. La sensación de indefensión y sorpresa obligó a improvisar y a gestionar de la forma más digna -técnicamente- la crisis y quiebra de la entidad financiera.
No se trata la gestión de una crisis financiera de una batalla cualquiera. El intrincado camino financiero, jurídico y legal obliga a contar con los mejores especialistas, duchos en la materia, bregados en batallas. Y esto es lo que ha decidido el Frob, armarse con buenos escuderos. Ahora bien, armarse con estos guerrilleros obliga a apurar el razonamiento causal de siempre: es probable que exista la causa y por tanto también existirá el efecto. La causa son los posibles episodios de crisis bancarias en los próximos meses, quizá la quiebra de una antigua caja o de un banco pequeño, quién sabe. El efecto las miles de reclamaciones de particulares y de institucionales perjudicadas por el fiasco. 

El caso del Popular y su complejo arbitraje, obligó en su día al FROB a contratar servicios expertos de especialistas en licitación. Siguiendo con la hipótesis en primera derivada, el organismo público desearía estar preparado ante la eventual resolución de una entidad bancaria. Por otro lado, el rearme o contratación `latente´ de varios expertos en asesoramiento jurídico y estratégico que acaba de cerrar el FROB está en la misma línea que otros organismos similares de Europa que no descartan que algunas entidades bancarias vuelvan a las andadas y provoquen nuevos episodios de resolución. 

Como por otra parte, también el supervisor de los mercados, la CNMV, se procuró en su día su particular rearme jurídico y estratégico externos, en este caso, para el arbitraje internacional. Y es que los frentes legales abiertos que implican a organismos del Estado crecen y se multiplican, destacando por su enorme complejidad como también por la fuerte resistencia que se encuentran los organismos en estas batallas. En una resolución bancaria el -Estado pueden encontrarse frente a enemigos inversores que han perdido 500 millones en una aventura. Sin ir muy lejos, el caso de los inversores mexicanos que en su día eran propietarios del 3,2% del Banco Popular y cuya resolución dio al traste con una parte de sus fortunas.

En este caso, los inversores, asesorados por expertos despachos coordinan sus reclamaciones contra el Estado, al considerarlo responsable de la resolución del Banco Popular. De la misma forma, es decir, asistidos por expertos bufetes, los organismos públicos contratan abogados `latentes´ para asistir a la Abogacía del Estado en la defensa de los intereses públicos. En medios jurídicos subrayan la importancia de contar con un precedente como el del Banco Popular, un caso, un proceso complejo, que obligó al Estado español a conformar una defensa coordinada, formada por varios organismos, como el Banco de España, la CNMV, el FROB y los ministerios de Economía y Justicia. Este grupo de organismos se unieron a la Abogacía del Estado para responder a los demandantes.

Llama la atención que los organismos del Estado no contaran con los medios de defensa adecuados para hacer frente a episodios de reclamaciones judiciales como, por ejemplo, las derivadas del caso Popular. Sorprende en este sentido la situación de desarme público en la que se encontraban los intereses de España. Desarme que ahora parece estar en vías de solución si los rearmes mencionados del FROB dan resultado positivo. Pero al margen de este movimiento de rearme jurídico, se mantiene la duda sobre la oportunidad, la coyuntura, que ha podido llevar al Estado español a ponerse en guardia, a protegerse o prepararse ante acontecimientos propios de una resolución bancaria. Precisamente en un ejercicio en el que comienza a extenderse una mala sensación, más propia de una crisis.

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