edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
07/07/2020

El Estado no tendrá que lanza OPA en el rescate de empresas estratégicas

ICNR
El Fondo está dotado con 10.000 millones de euros, y el Estado quedará eximido de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) si tiene que adquirir participaciones en el capital social con cargo al fondo, incluso en el caso de que esa participación superase el 30% del capital social, porcentaje a partir del cual la ley obliga actualmente a lanzar OPA por la totalidad de la compañía.
Así se desprende del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que entra hoy en vigor y en el que se recogen nuevas medidas por importe de más de 51.000 millones de euros para hacer frente a la crisis de la covid-19 y propiciar la reactivación.

En la norma se incluye la creación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, fondo carente de personalidad jurídica, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y que será gestionado, desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por el Consejo Gestor de nueva creación también, órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda.

El fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del coronavirus y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

La dotación inicial del fondo asciende a 10.000 millones de euros y se integrarán en el Tesoro Público el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicen, de la participación, en su caso, en los órganos de administración de las empresas solicitantes, así como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorados por las minusvalías y gastos.

La competencia para resolver sobre las solicitudes corresponde al Consejo Gestor, siendo necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la aprobación de las operaciones, y el plazo máximo para resolver será de seis meses contados desde la presentación de la solicitud de la empresa.

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones del Consejo Gestor ponen fin a la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

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