edición: 3003 , Lunes, 6 julio 2020
03/01/2018
Trámites y papeleo necesitan reforma urgente

El exceso de burocracia continúa frenando el desarrollo empresarial

El tiempo de respuesta de la Administración es decisivo para los inversores, incluso más que las expectativas de rentabilidad
Juan José González
Comienzan a conocerse algunas cifras económicas interesantes del año 2017 que seguramente servirán para evaluar la posición teórica de España en el mundo empresarial y, en concreto, en la vida práctica real de los negocios, en comparación con los socios europeos -y también extraeuropeos- competidores. Que los inversores extranjeros se hayan fijado con mayor atención en España en el ejercicio recién finalizado, como muestran los más de 50.000 millones de euros invertidos en distintos sectores económicos del país, es indicativo de que el balance entre los aspectos positivos y negativos se inclina a favor del primero y, al mismo tiempo que viene a fijar su posición en el concierto internacional. Es una cifra que además del avance, un 140% más sobre el año antes en términos cuantitativos, sirve para constatar el buen momento de la economía española, las condiciones de financiación empresarial y, en general, para confirmar que España es un buen campo para los negocios. Pero que las cifras constaten, fijen y aseguren el buen lugar del mercado español en el mundo empresarial no significa que las empresas -tampoco los empresarios y emprendedores- tengan despejado el enmarañado y complejo mundo -en ocasiones selva- de la burocracia administrativa, aspecto que según el Banco Mundial no deja al país en un buen lugar, lastrado por dificultades y trámites en exceso.
Una posible lectura que cabría hacer después de comparar los dos aspectos -inversión y burocracia- apunta a que los segundos suponen un serio freno al mejor comportamiento de la inversión, y que debería ser objetivo de urgente mejora. No es que la posición española en el concierto mundial de los negocios sea mala, pues obtiene según el organismo económico mundial una buena nota que sitúa a España dentro de los treinta países desarrollados donde la Administración del Estado se muestra más rápida y efectiva para facilitar el desarrollo empresarial.

Que los inversores internacionales hayan apostado por el mercado español, con compras, directas, fusiones, adquisiciones y demás tipos de inversión, muestra que además de las buenas condiciones económicas y políticas, seguridad jurídica y confianza futura del país encuentran un favorable clima social, buenas condiciones de financiación y estabilidad sociolaboral. Es una coyuntura económica apoyada por la estabilidad social y política, en la que vienen a coincidir inversores con fuertes excedentes de liquidez y que en los últimos tiempos han apostado por sectores diversos como industrial, ocio, servicios y consumo, a diferencia de tiempos pasados cuando la inversión se concentró desmesuradamente en el sector inmobiliario.

Y no sólo en estos sectores sino que también los inversores han mostrado su interés por los negocios relacionados con la tecnología y la energía, sectores de futuro que, como las telecomunicaciones ayudarán a la economía española a escalar puestos en las clasificaciones internacionales. La elaborada por el Banco Mundial, donde España figura en un buen lugar, es susceptible de mejorar en la medida en que las autoridades administrativas del Estado simplifiquen y faciliten trámites, permisos y licencias que ayuden al desarrollo de la actividad empresarial y a la realización de operaciones de financiación e inversión.

Los largos períodos de espera para la aprobación de licencias, o la respuesta que en ocasiones se eternizan poniendo en dificultades la marcha de una operación empresarial, suelen ser las barreras comunes que persisten en la Administración española. Adaptar los tiempos de respuesta a la demanda debería ser una tarea inmediata y motivo de una reforma urgente: la mayoría de los competidores europeos superan a España en el tiempo o plazo de una autorización administrativa para poner en marcha un negocio, en torno a las dos semanas en nuestro caso, menos de diez días para la media europea. 

Que el 36% -los 50.000 millones de euros- de la inversión total -126.066 millones- en España en el pasado ejercicio haya sido firmada por inversores extranjeros es atribuible principalmente a la buena coyuntura económica. Pero esta no debería ser la única ni la más importante, habida cuenta de las demandas de los inversores extranjeros, los cuales tienden a valorar más la facilidad en el acceso a los negocios, los menores trámites administrativos y la agilidad en la aprobación de licencias y conformidad de las operaciones, factores todos ellos dependientes de la capacidad de respuesta y de gestión del aparato administrativo del Estado. Se hace necesario un cambio de mentalidad que acelere las formas de trabajar de la Administración para no dejar escapar oportunidades, inversores e inversiones.

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