edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
26/10/2018
Amnistía de hecho y de derecho

El Gobierno aprueba la quinta regularización fiscal encubierta de la democracia

Dibujan la nueva amnistía fiscal las excepciones de recargos por regularizar conductas tributarias, las eximentes de pago de intereses de demora y deja sin recargo las autoliquidaciones
Juan José González
El anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude aprobado por el Ejecutivo, facilita el afloramiento de rentas ocultas de defraudadores. Si estos se retratan ante Hacienda pagarán menos. Esta y otras medidas de menores recargos y plazos progresivos para reducir las deudas tributarias, suponen, en la práctica, el abaratamiento de la regularización fiscal y sus sanciones. Se dice que "por motivos de justicia tributaria" se prohíbe cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Se le puede llamar como se desee, pero al final los efectos son tan similares que parecerán iguales si no fuera porque el tiempo y el padrino no son los mismos. La regularización encubierta o amnistía disfrazada de "justicia tributaria proporcional" es la historia recurrente de la amnistía fiscal con escenografía propia de quien la propone y, en este caso, la aprueba por ley. La historia explica que siempre hay lugar y tiempo para las amnistías de todo tipo, si bien son las fiscales las que se llevan la palma de la recurrencia. Cuatro en 40 años no parece ser un recurso habitual, aunqueLa primera corrió a cargo del Gobierno de Felipe González en 1984, una práctica que se repetiría en mismo Ejecutivo en 1991. Pero a la tercera, esta vez con el Gobierno Zapatero, se decidió cambiar el nombre de amnistía por el de regularización, sinónimo elocuente y sutil frente al manoseado y escandaloso de la amnistía.
Esta sintáctica de la `regularización´, políticamente más correcta, tuvo su continuidad en la cuarta amnistía, en abril de 2012, con el Gobierno de Mariano Rajoy, en forma de `regularización extraordinaria´ y que a la postre sería declarada inconstitucional por un defecto de forma, no por otras razones políticas, éticas o morales. La del 12 de Rajoy es recordada como todo un éxito, merecedora de mayores elogios incluso de los más críticos con la fórmula, habida cuenta de que logró sacar a la luz poco más de 40.000 millones de euros, palabras mayores si tenemos en cuenta que la cifra es el equivalente al 4% del PIB, y que las anteriores apenas se saldaron con 6.000 o 2.500 millones de recaudación.

Claro que, la del 12 contó con la coartada perfecta proporcionada por la OCDE, puesto que con la medida fiscal en cuestión se pretendía un ajuste de 27.300 millones de euros acordado con los socios de Bruselas para reducir el déficit público hasta el 5,3%. Así se ejecutó la cuarta amnistía fiscal en 40 años y a la que ahora se suma la quinta.

El criterio de la OCDE sobre la conveniencia de las amnistías fiscales es todo un poema al que siempre han recurrido los técnicos ministeriales del momento a quienes su jefe encargaba hacer o buscar el mejor traje para mejorar los ingresos de Hacienda por la vía de los defraudadores. Criterio que se basaba en la pretendida legitimidad de un país para aplicar una amnistía fiscal por razones de necesidad y en "especiales dificultades económicas"

En un país con escasa -o muy justa- conciencia fiscal, donde en buena medida algunas prácticas elusivas de las obligaciones fiscales han alcanzado casi la categoría de `deporte nacional´, siempre se ha visto a los beneficiarios de las amnistías o regularizaciones como ciudadanos con ventaja a los que se les ha dado una oportunidad más frente a los contribuyentes sin posibilidad de evasiva y recurso.

De esta forma adquiere la amnistía o regularización fiscal la propiedad de ser recurrente en el tiempo, es decir, que la actual, la quinta, no podrá ser nunca la última porque ya está consolidada la certeza de que siempre habrá otra más, una nueva, la próxima o la siguiente. Siempre habrá un Ejecutivo que, en razón de la situación económica proponga una nueva o un sucedáneo con rebajas de penas y sanciones como es la recientemente aprobada por el Ejecutivo.

Una Unión Europea más seria debería terminar, de una vez por todas, con la lacra injusta de la discriminación legal que representa una medida fiscal como es la regularización. Pero llama la atención la falta de pericia y la desidia de las autoridades en investigar algunas prácticas, también reiterativas, dentro de las amnistías. En este sentido, no parece que se haya profundizado en los nombres titulares de este tipo de conducta por si algunos nombres se repitieran en las sucesivas amnistías fiscales, pues podría darse el caso de conductas reiteradas de evasión o elusión fiscal en algunos de los titulares que se acogen a la medida. De ser así, o se redacta una nueva norma o bien estamos ante otra figura delictiva. Incluso cabría la posibilidad de que, habida cuenta de que siempre habrá otra regularización más adelante, el defraudador se guarde otras cantidades para la próxima que, como se sabe, tarde o temprano, siempre llegará.

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