edición: 3010 , Miércoles, 15 julio 2020
18/05/2020
Alemania habilita, temporalmente, un banco público de ayuda a las empresas estratégicas

El Gobierno apuesta su futuro a la reconstrucción del país pendiente del dinero europeo

En el caso del turismo, el tiempo de recuperación del sector está en función directa del volumen de inversión que esté dispuesto a dedicar el Ejecutivo
Juan José González
El Gobierno se muestra atascado en la pandemia. Se desconoce su único plan aunque se sospecha -sería muy grave lo contrario- que cuenta con otro plan, el `B´, incluso más, para salir del atolladero político, económico y social. Inmerso en evitar el colapso social y dispuesto a evitar el parón total de la economía, que mide en arriesgado equilibrio con la estadística sanitaria, ha puesto en marcha un tímida equipo sin recursos para la `reconstrucción´, se entiende que económica y no nacional como ya habían adelantado algunos portavoces del Palacio de la Moncloa. Arranca el plan del Gobierno para la reconstrucción entre las dudas y la falta de definición de objetivos, con responsables de bajo perfil en tanto que no pueden acreditar experiencias en las labores propias de una empresa de tal tamaño. Tampoco parece contar con una definición de lo que deba reconstruirse ni cómo, ni los medios financieros e institucionales necesarios. Indefinición sobre la reconstrucción, si bien el único objetivo que tienen los técnicos sobre la mesa es salvar de la catástrofe al sector turístico, rescate que pasa por acortar al máximo posible el tiempo de la crisis y para lo que será necesaria una gran inversión: el tiempo de recuperación del sector está ligado al volumen de la inversión. Sucede en general cada vez que el sistema entra en crisis, con independencia de su origen, financiero, económico, político o como la más reciente, sanitaria, todas las soluciones propuestas pasan por la necesidad o búsqueda de un análisis comparativo.
Cada nueva crisis debe contar, según la opinión dominante -habitualmente, la voz del Gobierno- con una referencia. Pero ahora la referencia no está clara, pues existen numerosas diferencias entre las características de la actual sanitaria y ya económica, con la anterior financiera y después también económica de 2008. Se busca un relato oficial en el que la comparativa con otro evento económico desgraciado anterior suponga para el actual un punto más o menos superable, mejorable, que muestre avances y mejoras y sobre todo demuestre que la gestión de la crisis es óptima o aceptable. Y después de la búsqueda resulta que no hay referencia posible homologable, comparable, si acaso algún parecido estadístico y catastrófico como la Gran Depresión del 29 o los escenarios singulares que dibujan las situaciones de postguerras mundiales. 

Pero la clave de la crisis actual está condenada, desde el principio, a la desgracia: lleva nombre de catástrofe y apellido de pandemia. Y a partir de aquí los Gobiernos están obligados a entrar en materia, es decir, en la economía, el paro, los salarios, las dificultades de los mercados para financiarse, para vender, exportar, producir, consumir... Para empezar, los Estados ya han evaluado hasta dónde pueden llegar el desempleo, la deuda, el déficit, la caída del consumo, de las exportaciones, de la producción que llevan a la expresión del PIB el tamaño y profundidad del deterioro económico y laboral. 

Se supone que el español, como todos los Gobiernos afectados por la pandemia, están ahora más preocupados por la recuperación, por el después de la crisis sanitaria. Es la hora de poner en marcha los instrumentos de política económica necesarios para transitar por la crisis económica que ya ha empezado a caminar. Aquí, la clave debe estar en el apoyo al empleo, tanto el originado en el sector privado como en el público, lo cual va a necesitar el concurso de un acuerdo, de un compromiso público, político. En marcha también, aunque parece que con retraso, el dinero en forma de subvenciones o aportaciones o inyecciones directas para evitar la quiebra de miles de empresas, el tejido empresarial que permitirá emplear, producir, consumir, exportar y aportar a la riqueza nacional. 

Parece que la discusión sobre el apoyo público al empleo y a las empresas para que estas no cesen su actividad y los trabajadores conserven salarios y derechos comenzará esta misma semana para prolongar lo necesario los ERTE así como la inyección de liquidez para pequeñas empresas mediante avales públicos a los créditos. Se da por supuesto en todo escenario de necesidades coyunturales que ya debe estar en fase muy avanzada el plan del Gobierno para afrontar la recuperación económica, aunque surjen las dudas sobre la ausencia, hasta el momento, de algún indicio sobre concertación social, si bien, está claro que en algún momento tendrá que hacerse visible al público.

En las últimas semanas, sin embargo, el Gobierno español ha estado más volcado en el capítulo de los recursos que en el de la concertación social, quizá al entender que es aquel prioritario para asegurar las ayudas y fondos procedentes de las aportaciones de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Porque es inevitable hacer cálculos de recursos para ver qué acciones se pueden acometer para afrontar los problemas que vienen en los próximos meses. En este lance, al Gobierno español le interesa mucho conocer el volumen de las aportaciones europeas (los ingresos) para medir el nivel de gasto público, déficit y deuda (los gastos) a los que podrá hacer frente.

Todo indica que la salida de la crisis -lo que se da en llamar `reconstrucción´- va a estar en función directa del volumen de ayudas, de dinero contante, que el Gobierno español consiga obtener en Europa con independencia de las condiciones de su devolución en términos de coste y plazo. Quizá sea esta preocupación ahora mismo -el pago de las deudas, responsabilidad ineludible del Estado- un asunto secundario o, al menos, no prioritario, pues esta sería la ocasión de oro, histórica para hacer cambios, innovaciones, pruebas e intentos como ha comenzado a hacer el Gobierno alemán, potenciando con carácter temporal un banco público, en el caso español, el Instituto de Crédito Oficial, que obraría las veces de un banco del Estado de inversión que capitalizara las grandes empresas estratégicas si estas tuvieran problemas temporales de liquidez, distintos a los problemas estructurales o de mercado (por tanto, aquí no podrían entrar las ayudas a líneas aéreas pertenecientes a conglomerados transnacionales).

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