edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
10/07/2018
Imitar a Macron

El Gobierno asume la necesidad urgente de reformar la imposición a la riqueza

Turbulencias en los impuestos, entre las prisas y la necesidad de ganar eficiencia, atraer contribuyentes y eliminar el tributo del ahorro acumulado
Juan José González
Tiempos de tribulación y sobresaltos a cuenta de la inquietud del nuevo Ejecutivo por recomponer la partitura de la regulación tributaria, plagada de aspectos tan complejos como delicados. De nuevo las prisas están contribuyendo a que las primeras medidas anunciadas por los responsables del departamento de Hacienda (se entiende que, bien por decreto ley o por proposición de ley en el Congreso) que saldrán adelante si se logra reunir una mayoría, tengan todas las papeletas para el fracaso. El lío es monumental si se tiene en cuenta que se pretende poner al día (en los próximos meses) medidas de carácter fiscal de ámbito autonómico, medidas para modificar el IRPF, la tributación de autónomos, Sociedades y, cómo no, reformar los impuestos a la riqueza para desechar esa vieja idea de que estos impuestos, los que gravan a los ricos, son ineficientes, no sirven para nada. Todo sucede en un momento clave de la legislatura, cuando se pretende dar contenido a la base recaudatoria, los ingresos, del próximo presupuesto del Estado. Pero es en este segmento, el de las rentas más altas, el de los contribuyentes con más recursos, donde el Ejecutivo parece destinado, una vez más, a patinar. Sobre el papel, el Gobierno asegura que, si bien este asunto (los ricos) no es prioritario, sí es de su incumbencia su preocupación por controlar la gestión del sistema fiscal que, en este caso, es el que puede dar información sobre la aportación fiscal de los grandes patrimonios. Ahora bien, falta por conocer los motivos de fondo, políticos y estratégicos que tiene en mente el Ejecutivo, no sólo en el interés recaudatorio para redistribuir renta, sino, como otros países vecinos, para atraer inversiones de grandes patrimonios extranjeros y también para animar a las fortunas del país a repatriar una parte de las riquezas.
Asegura una fuente bien informada que "en el partido nos llamó la atención las reformas fiscales de Macron, no la reducción del impuesto de sociedades (del 32% al 25%) sino la eliminación del impuesto a los grandes patrimonios que decidan fijar el domicilio fuera de Francia". Este último aspecto es la que ha llamado la atención de los ideólogos de los nuevos impuestos del partido actualmente en el Gobierno. Y es así por una razón sencilla: da libertad a los patrimonios, habitualmente empresariales, tanto para salir del territorio nacional como para entrar, regresar, volver y repatriar dinero, riqueza. 

En el país vecino se pudo constatar que un numeroso grupo de patrimonios, ligados a empresas medianas, se expatriaban y ponían en marcha un negocio fuera del país, evitando así un gravamen. Y como quiera que la recaudación del impuesto por fijar el domicilio en el exterior apenas suponía 100 millones al año, el Ejecutivo francés decidió hacer cambios. Se frenaron las domiciliaciones en el exterior y todo indica que en breve se dejarán notar los beneficios de la medida.

En una línea similar, el Ejecutivo español piensa en reformas urgentes en las regulaciones autonómicas para evitar cambios y movimientos de rentas (y riquezas) hacia otros países y otras comunidades autónomas. Es el caso del atractivo fiscal que representa para los inversores foráneos (del país y de otras autonomías) la Comunidad de Madrid, donde las fortunas, por ejemplo, no tienen que pagar nada por el patrimonio, algo en lo que el Gobierno autonómico pone especial interés para que permanezcan en la región, lo que, por otro lado, constituye un claro efecto llamada para patrimonios de otras comunidades y países.

La base sobre la que según parece se están redactando las propuestas de nuevos gravámenes (y la exención en otros casos) es la escasa aportación de los grandes patrimonios, que representan tan sólo el 2,6% del PIB, frente a un 4,2% de Reino Unido o el 4,1% de Francia. Es decir, unos 70 contribuyentes con patrimonios declarados de más de 100 millones de euros estarían abonando al Estado 40 millones, lo cual dice mucho de su ineficiencia como también de la necesidad de encontrar alguna salida para recaudar más por los grandes patrimonios, de ahí que la solución de Macron, más libertad para los movimientos de dinero, sea materia de estudio y reflexión.

Este podría ser el mismo escenario de los contribuyentes obligados por varias autonomías a pagar por la recepción de una herencia, contribuyentes que han elegido la vía de salida, el cambio de autonomía para evitar el gravamen. Como también varias autonomías han renunciado a gravarlas para evitar la salida de contribuyentes. Subraya la misma fuente informada que de la misma forma que debe replantearse el esquema fiscal de los impuestos a la riqueza (por ineficaz) también se está estudiando la forma de gravar en menor medida el ahorro acumulado pensado para un largo plazo, caso de los planes de pensiones privados, y que, en último extremo deberían quedar exentas de pago de impuestos.

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