edición: 2786 , Miércoles, 21 agosto 2019
11/06/2019
Responder a las instituciones independientes

El Gobierno declara la guerra a los informes de la Airef y del Banco de España

Desde el Palacio de Gobierno se entiende que las opiniones, informes y documentos emitidos de los dos organismos independientes no deberán quedar sin una respuesta oficial
Juan José González
En el Palacio de la Moncloa tienen muy claro que no hay que dejar pasar los informes negativos, adversos o críticos hacia las políticas del Ejecutivo. Aquí nace y se desarrolla la respuesta a los últimos documentos que han visto recientemente la luz pública, el primero con origen en el Banco de España (SMI) y el segundo desde la Airef a propósito del sistema de subvenciones públicas que se aplica en España y que pone en tela de juicio la eficacia de las subvenciones como también el sistema desorganizado y enmarañado formado por una multitud de agencias que se ocupan de su distribución. La iniciativa de Palacio, suerte de andanada pública contra las dos prestigiosas instituciones, se centra, precisamente, en el carácter independiente de los dos organismos y a su libertad de disentir respecto de criterios, decisiones, políticas o sistemas de organización que, como en el caso de las subvenciones o de la decisión de subir el SMI, encuentran opiniones discrepantes pero desde una óptima constructiva, en opinión de fuentes de los dos organismos. Estos, no funcionan como una piña ni hacen cuña ni pinza pero bien podría afirmarse que los efectos son similares. Se sabía y se sabe que las instituciones independientes nunca han sido del agrado del Gobierno de turno, un sentimiento de animadversión que se puede encontrar a nada que se haga algo de hemeroteca.
Unos y otros, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España (BdE) han sido capaces, a través de sus informes, de sacarle los colores al Ejecutivo de turno y, en ocasiones, el paso siguiente, dejar en ridículo la acción de algún departamento ministerial. Lo cierto es que los informes de los unos se han convertido en poco menos que un azote intelectual que el Gobierno, en este caso, presidido por Pedro Sánchez, se han tomado como una bofetada dialéctica, un puñetazo ideológico, un incómodo golondrino en lugar comprometido.

El Gobierno admite incómodamente conforme contenidos y mensajes contenidos en los informes, tanto de la Airef como del BdE. Con algunas excepciones (léase el asunto de los efectos del SMI sobre el empleo) caso reciente de choque entre un informe del regulador bancario donde se reflejaba, en base a un análisis profundo, serio y documentado de econometristas de la casa, que la subida del Salario Mínimo Interprofesional se dejaría sentir en el ritmo de creación de empleo o, dicho de otra de forma, podría destruir 125.000 empleos.

Una subida del 22,3% (desde los 736 euros hasta los 900 euros en 14 pagas, unos 164 euros más al mes o 2.296 euros más al año) de la que hoy se desconoce si la repercusión del SMI en el mercado laboral será mayor o menor en función de las cifras que se produzcan a final de año, motivo por el que el BdE solicita tiempo frente a la secretaria de Estado de Empleo que urge el perdón y el reconocimiento del error al supervisor financiero. En cambio, sí se puede asegurar que una subida del 22,3% en un salario condicionará a buen seguro las oportunidades de empleo de los jóvenes y de los trabajadores con menor cualificación.

Siguiendo las opiniones del FMI y del BCE, la medida salarial fomentará la economía sumergida y la contratación temporal, por tanto, como parece inferir el informe del BdE, el aumento del paro estructural está asegurado. Es obvio que a un Gobierno en funciones, que vive un momento delicado de cara a la formación de un nuevo Ejecutivo, el discurso negativo que propicia la subida del SMI no le venga bien, no sea oportuno. Pero al margen del momento, coyuntural, la reacción de la secretaría del Estado de Empleo supone la visibilidad de una nueva estrategia: plantar cara a las instituciones independientes como el Banco de España o la Airef, al entender que puede ser una vía para evitar la reiteración sin respuesta de informes y opiniones públicas nocivas para los proyectos del Ejecutivo. 

Las opiniones de Banco de España y Airef, siempre por separado, parecen tener su origen en la preocupación intelectual y en la responsabilidad de aportar opinión y análisis sobre los temas de interés público, social y económico. Es probable que el regulador financiero haya entendido que, a pesar de que las cifras del empleo se han recuperado en estos años de expansión económica, esté identificando focos de riesgo que pueden impedir una mayor recuperación del empleo, que hay que recordar se mantiene por encima del 13,5%. Su análisis sobre la repercusión del SMI en el empleo refleja una realidad incuestionable, como es la resistencia de los empleadores a asumir mayores costes. De la misma forma cree la Airef que el sistema de subvenciones puede no responder a las necesidades de la sociedad, lo cual debería ser una preocupación compartida por el Gobierno. En todo caso, no parece que el Ejecutivo se muestre receptivo a las críticas, propuestas u opiniones de las dos instituciones independientes a las que ha declarado la guerra. A partir de ahora no habrá intervención de Airef y Banco de España sin respuesta del Moncloa, y no se descarta la petición de perdón (ya hay un precedente) o de rectificación.

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