edición: 3002 , Viernes, 3 julio 2020
16/01/2020
fiscal 
Los empresarios advierten de que la subida del SMI los potencia

El Gobierno declarará la guerra a la economía sumergida y el fraude fiscal

Según las primeras estimaciones, un 5% de reducción anual del fraude fiscal sería suficiente para cubrir el déficit de la Seguridad Social en unos años
Juan José González
Alertan los empresarios sobre los efectos que provoca un cambio -por supuesto al alza- del salario mínimo y así convienen en enviárselo como primer mensaje al nuevo Gobierno. Es sabido que el nuevo Gobierno tiene entre sus planes una nueva subida del salario, el SMI. Y además en el epígrafe de prioridades inmediatas. No ha tardado nada la patronal en cuantificar los efectos de la última subida del salario, cuando en la pasada legislatura se subió, sin acuerdo previo ni de ningún tipo un 22%. Y la consecuencia fue que 60.000 trabajadores se fueron directamente a la economía sumergida, lo cual es, desde cualquier punto de vista un drama, una catástrofe personal y profesional, pero una desgracia si se considera por la teoría de los vasos comunicantes que la vía entre economía sumergida y dinero negro es similar a la que registra la velocidad de la luz. La economía sumergida (técnicamente, "variable no observada") puede llegar a medirse o controlarse en mayor o menor medida por varias vías, una de ellas, por el número de facturas que se rechazan para evitar -defraudar- el IVA. En este apartado, resulta que España destaca en la economía global al situarse en los primeros lugares en el cómputo de economías fraudulentas, hasta el punto de ocupar podio compartido con Grecia e Italia. Para estar en ese podia es necesario contar, al menos, como España, con un 24% del PIB de economía sumergida.
Una primera valoración de ese sector a la sombra, indica que existe un 24% del PIB de economía sumergida, lo cual es un drama personal y laboral y una fuente de potencial fraude que califica el problema fiscal de un Estado, obviamente, de muy grave. Los empresarios parecen sospechar que el nuevo Ejecutivo necesitará proponer reformas de forma inmediata y además intensivamente, y serán las laborales, por su mayor contenido social, las primeras de la lista. Las empresas ya conocen que su actividad en los próximos meses o trimestres se concentrará en principalmente en dos ejes: la inversión y el empleo. Y la cuenta que hacen los empresarios es sobre la base de que el nuevo Ejecutivo produzca estabilidad y certidumbre, habrá mayor confianza y, por tanto, más inversión, luego también se producirá más empleo.

De lo contrario, es difícil que vayan a invertir. En este escenario, una nueva subida del SMI, como recogen los planes del nuevo Gobierno (uno de los puntos principales acordados entre los socios de gobierno) garantizaría, según los empresarios que lo que hoy son ya 60.000 nuevos integrantes de la economía sumergida se transformarían en 75.000 u 80.000 trabajadores que pasarían a engrosar ese ejército de la "variable no observada". En realidad, el porcentaje de economía sumergida en España, con ser desproporcionado, no debería asustar, puesto que históricamente la economía negra viene de muy altos porcentajes sobre el PIB. 

La crisis de 2008 pudo agravar apenas poco más de un 5% (que ya es) el drama de esta economía negra, pues las tasas de fraude ya eran reveladoras de la existencia de un grave problema, como era (y es) la economía sumergida. Se da por hecho también que en esa coyuntura de crisis y recesión económica la economía sumergida haya avanzado al tiempo que aumentado el dinero negro, lo cual lleva a sospechar que tanto el fraude fiscal como la economía negra se pueden haber disparado hasta superar el 24% que estiman algunos informes de instituciones económicas.

Es cierto que la situación dramática para un Estado democrático y moderno como el español de contar con casi una cuarta de su PIB sumergido, en situación irregular o en la clandestinidad, tiene su equivalente en fraude fiscal, en defraudadores tributarios que operan al margen de la ley. También es cierto que los últimos gobiernos no se puede decir que hayan renunciado a conocer algún dato más de la economía sumergida y del fraude fiscal a través de la exploración de parcelas o zonas donde reside la actividad evasora proponiendo sucesivas amnistías fiscales (conocidas en el argot por `regularizaciones´). Métodos que a la postre no han obtenido los objetivos fijados, al menos para la recaudación.

Pues bien, conocida por el Ejecutivo nuevo la problemática que envuelve el fraude fiscal, que la terapia de las amnistías es siempre polémica y resuelve poco, el Gobierno se va a centrar en la lucha contra el fraude. Conocedor de que un recorte del 5% anual en el volumen de fraude le permitiría reducir el déficit de la Seguridad Social en unos años así como cumplir con los planes de inversiones previstos. El recorte del 5% anual del fraude era presentado por anteriores gobiernos como justificación para llevar a cabo rebajas de impuestos que, por otro lado, nada ha contribuido a reducir la economía sumergida.

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