edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
06/07/2020
Un problema de casi 200.000 millones de euros

El Gobierno descarta condonar deudas a las Autonomías y ofrece más fondos a bajo coste

Juan José González
Se mantiene el secreto sobre la solución que aplicará a las deudas autonómicas, pero se sabe que el Ejecutivo solicitará más compromiso y seriedad a los deudores en el cumplimiento de los plazos. Las Comunidades autónomas más endeudadas; un grupo formado por la catalana (78.500 millones), la Valenciana (46.000 millones), Andalucía (34.300 millones) y Madrid (33.100 millones) recibirán en breve el planteamiento actual del Gobierno respecto al tratamiento futuro que piensa aplicar en materia de deuda. Se trata de una nueva postura del Ejecutivo que responde a la "nueva normalidad" que no es otra sino la situación real de la economía tras la primer golpe de la pandemia. La normalidad nueva aporta más deudas a las ya arrastradas de antaño y se suman así a una nueva situación que obliga a hacer un ajuste en la financiación autonómica, en particular, la parte de la que es responsable directo, o primer responsable, el Estado central. Se conoce la primera medida al respecto sobre la deuda autonómica hace dos meses cuando el Gobierno anunció a las Autonomías la creación de un fondo no reembolsable por valor de 16.000 millones de euros. La medida fue adoptada con carácter de urgencia dado que se trataba de financiar una serie de nuevos costes, extraordinarios, generados como consecuencia de la pandemia, en concreto en el ámbito de la sanidad. No hay que recordar que la decisión creó un escenario no previsto por el Ejecutivo central de confrontación, dado que los recursos, además de escasos, contemplaba un criterio de distribución con el que algunas Autonomías no estaban de acuerdo, o simplemente, se trataba de negar, en primera instancia, los criterios de distribución del citado fondo no reembolsable.
Y algunas Autonomías pensaron que más de un reparto de urgencia, el fondo parecía pretender constituirse en la primera piedra para el diseño de un futuro modelo de financiación autonómica, y claro, el fondo y la distribución del dinero no agradó a casi nadie, obviamente, con las cuatro Autonomías más afectadas en cabeza del frente. Pero el Ejecutivo precisó en aquel momento (en la presentación del fondo) que se trataba de una medida de urgencia, de corto plazo y que no pretendía modificaciones legislativas. A las Autonomías les preocupa la deuda y lo que viene con la deuda, los intereses, y al tratarse de deudas voluminosas, habrá que convenir que los intereses no van a ser menores.

Algunas Autonomías ya habían planteado al Gobierno el absurdo de una situación de deuda galopante y de unos intereses casi impagables. Una Autonomía llegó a plantear nuevas fórmulas, entre ellas, la deuda perpetua de la Comunidad Autónoma que, lógicamente correría a cargo del Estado central. Esta y otras `soluciones´ fueron llegando sucesivamente al ministerio de Hacienda sin que hasta ahora se haya conocido el éxito de ninguna de ellas. Si las deudas autonómicas de los cuatro mayores deudores -citados al principio- se acercan a los 200.000 millones de euros y el Estado central soporta (es acreedor) del 78% de la deuda, mientras éste emite deuda para financiar a las Autonomías, estas le pagan unos 5.000 millones de euros en intereses, lo que a su vez incrementa la deuda de las Comunidades. 

El esquema contable actual es, según un reciente informe de una Comunidad autónoma dirigido a la ministra de Hacienda, "una ficción absurda que no hace sino aumentar tanto la deuda que llegará un momento en el que no podamos pagar siquiera los intereses". Es probable que el sistema de financiación autonómica se haya quedado obsoleto. Seguramente. Pero también es cierto que las negociaciones entre las Autonomías y el Gobierno central, con partidos de gobierno de signo muy diferente, nunca han logrado alcanzar el más mínimo consenso.

Y así suma y sigue la deuda autonómica que ahora, cuando en breve, tras el verano, se comenzarán a registrar con toda su crudeza los peores efectos de la pandemia sobre la economía y el empleo, el grupo de las más endeudadas solicita un cambio "audaz" de criterio en la financiación autonómica. El Gobierno parece haber aceptado la idea de que es preciso un cambio en el modelo de financiación, una actualización del mismo más que un modelo completamente nuevo. Pero es complejo y arriesgado poner en marcha en estos momentos un cambio en el mismo, lo que obligaría a una acción política intensiva que ahora mismo parece inimaginable, inapropiado. 

Lo que no recoge el plan del Ejecutivo que enviará a los gobiernos regionales es adoptar los criterios y prácticas que viene aplicando el Banco Central Europeo de compra de deuda de los socios europeos, una medida de política monetaria que difícilmente (por no de decir imposible) podría ser aplicable a la realidad local, a la financiación autonómica en España (o en otro socio de la Unión). En el fondo, lo que propone el Gobierno a las Autonomías es una solución a corto plazo, de urgencia, para la actual situación económica, pero lejos de ofrecer flexibilidad sobre plazos, moratorias, reducciones y, por supuesto, nada de condonaciones ni quitas, `soluciones´ que ya se han escuchado en Hacienda de las cuatro más endeudadas -con otras palabras y términos- pero sin éxito. La idea de Hacienda es asegurar la liquidez de las Autonomías mediante fondos reembolsables y no reembolsables, que obligarán a los deudores a comprometerse con planes serios de devolución de deudas. El plan financiero del Gobierno para las Autonomías no propone reestructuraciones de deuda sino compromiso y cumplimiento de devolución. Si no, no habrá fondos no reembolsables.

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