edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
17/01/2019
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno eleva de a 900 euros la renta máxima pagada para beneficiarios de ayudas al alquiler de vivienda

Javier Ardalán
El Plan Estatal 2018-2021 mantiene el fomento del alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario, si bien se introducen algunas modificaciones respecto al anterior plan. Así, se incorporará la posibilidad de otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros al mes, frente a la limitación de 600 euros al mes del Plan Estatal 2013-2016, en respuesta a la problemática que actualmente acusan determinados municipios en los que, por diferentes motivos, los precios medios de alquiler de vivienda así lo requieren.
También se incorpora el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente vulnerables. Para 2019 se destinarán 410 millones de euros a subvenciones de planes de vivienda y 80 millones de euros a subsidiación de préstamos.

La dotación de la política de Vivienda asciende en el año 2019 a 679 millones de euros, de los que un 95,7 por ciento corresponden a los créditos asignados al programa de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los Planes Estatales en vigor.

La Renta Básica de Emancipación sigue generando obligaciones de pago. En el año 2011 se suprimió la posibilidad de nuevos reconocimientos de la ayuda. No obstante, se mantiene la ayuda para aquellos que la tenían reconocida con anterioridad, siempre que cumplan los requisitos exigidos en su normativa específica.

Se incluyen un conjunto de acciones puntuales para atender problemas específicos, como las subvenciones para la remodelación de barrios mediante convenios con administraciones territoriales, así como otras líneas de acción que abarcan desde estudios de investigación y fomento en arquitectura y vivienda, hasta las intervenciones arquitectónicas y de ingeniería en obras específicas de rehabilitación patrimonial y, especialmente, la elaboración de normas básicas reguladoras de la innovación y calidad de la edificación.
En concreto, para convenios con distintas comunidades autónomas y entidades locales, suscritos a través de SEPES o por la propia Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, se destinarán 5 millones de euros en 2019.

El vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 aprobado por Real Decreto 106/2018, supone un importante esfuerzo por adaptar la política de vivienda a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y regeneración urbana y rural) con especial atención a las personas objeto de desahucio y las ayudas a la accesibilidad universal.

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-Ley 12/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el que, entre otros, se aborda la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda recuperándose los plazos anteriores a la reforma de la Ley 4/2013; se modifica el régimen de propiedad horizontal para impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad; y se modifica el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

En materia de urbanismo y suelo, los objetivos principales son la elaboración y el desarrollo de las normas estatales relativas al régimen del suelo y valoraciones, la elaboración de estudios y trabajos de investigación en relación con las políticas urbanas y de suelo, y su implementación a través del apoyo técnico y la participación en foros relacionados con aquellas políticas tanto en el ámbito nacional como internacional.

En materia de edificación, los objetivos principales son: la elaboración y el desarrollo de la normativa básica que fomente una arquitectura más sostenible y saludable, y que mejore las condiciones de accesibilidad de la edificación; la adecuación de nuestro marco reglamentario a las Directivas europeas y a otros compromisos y acuerdos de carácter internacional; el fomento de la calidad de la edificación mediante el impulso de estudios y programas de investigación, desarrollo e innovación.

En el ámbito de la arquitectura, se pretende reforzar las actuaciones de recuperación del patrimonio arquitectónico, al objeto de intensificar los recursos dotacionales de nuestros centros urbanos. Se contempla también una importante labor de difusión de la arquitectura a través de exposiciones, y la organización y difusión del Premio Nacional de Arquitectura, entre otros.

A partir de los datos estadísticos más significativos que reflejan la actividad inmobiliaria, la evolución de las operaciones de compraventa, los precios de la vivienda, en venta y en alquiler, y la situación económica de los hogares, utilizando para ello las principales fuentes disponibles de información, ha realizado una identificación de los ámbitos territoriales en los que existe un mayor desajuste entre la evolución de los precios de la vivienda y las posibilidades de acceder a una vivienda atendiendo a las características locales del mercado del alquiler, en contextos caracterizados por la insuficiencia de oferta de vivienda a precios asequibles para atender la demanda de vivienda existente. 

En concreto, ha detectado inicialmente, y así consta en informe elaborado al respecto por la Subdirección General de Suelo, Información y Evaluación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, como ámbitos especialmente tensionados: Madrid y área metropolitana, Barcelona y área metropolitana, Valencia y área metropolitana, Sevilla, Málaga, Islas Canarias e Islas Baleares.

Ante los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, el incremento de precios, se está impulsando el llamado “Plan 20.000”, cuyo objeto es el incremento de 20.000 viviendas en el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado esté especialmente tensionado. El Ministerio de Fomento tiene programada una dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 de 137 millones de euros.

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