edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
12/01/2018
Ahora las energéticas

El Gobierno impide la pérdida de ”control nacional” en las empresas estratégicas

Mientras sigue sin clarificar el protocolo oficial en operaciones empresariales con pretendientes extranjeros
Juan José González
Los gobernantes encajan mal las operaciones empresariales de los inversores extranjeros en su intento por hacerse con el control de empresas nacionales. Llega el interés de un fondo británico (CVC) por la adquisición del 20% de Gas Natural Fenosa en un momento en que todavía no está despejada la operación de compra de Abertis (con dos pretendientes, ACS y Atlantia). El Gobierno considera el energético un sector de interés estratégico y en defensa de la españolidad manifiesta sus dudas y reticencias y acaba por imponer su postura de "reserva", que equivale a una resistencia pasiva. Es, por repetición de la misma, una actitud habitual en diferentes Gobiernos que muestra la inseguridad en un terreno -la inversión empresarial en el libre mercado- donde ya debería contar con un criterio claro y definido como son las operaciones empresariales en las que están presentes inversores internacionales. Indefinición, una postura que tiene mal encaje en un mundo globalizado donde, precisamente, España, reconocido comprador e inversor internacional, y puede deparar innumerables problemas. El celo de los gobernantes en este sentido, daña la imagen internacional del país. La posición de los gobernantes españoles a lo largo de las últimas décadas cuenta ya con numerosos precedentes, similares al actual de Abertis y Atlantia, como en su día Gazprom y Lukoil, pretendientes de Repsol, Deoleo, AENA, etc. Ahora el sector energético (de interés estratégico) entra en esta batalla, en la disputa pública por la españolidad de las empresas y sin que el Gobierno se haya movido en su indefinición.
Las dudas del Gobierno español (del actual, como otros Ejecutivos anteriores, que se han visto en la misma situación ante similares eventos) se mantiene en una posición política de "reserva", que equivale a mostrar sus reticencias cuando una oferta, una compañía o grupo de inversores, de una nacionalidad cualquiera no gusta, no agrada o no se considera conveniente en base al mismo razonamiento de siempre; el interés estratégico nacional. Una posición política que siguen manteniendo los Gobiernos españoles a lo largo de la historia, muestra clara de la permanente indefinición o, quizá, de elemental postura estratégica.

Las dudas y las reticencias del Ejecutivo de turno no son nuevas, no aparecen de repente cuando una compañía italiana como Atlantia pretende hacerse con el control de una compañía española como Abertis. Si en este caso concreto la traba oficial interpuesta por el Gobierno español se centraba en que una participada (el 60%) como Hispasat, una empresa estratégica en tanto que propietaria de una tecnología de interés para la defensa nacional. 

En otros, como cuando la petrolera rusa Gazprom pretendía adquirir el 20% de Repsol y poco después otra petrolera rusa, Lukoil, pretendía el 30% de la española (a través del accionista constructor Sacyr), el Gobierno español argumentó que Repsol era estratégica por la dependencia energética del país, además de la entonces posición de la española en América Latina.

La singularidad de estas operaciones empresariales, en las que el aspirante comprador es un grupo empresarial extranjero,   suele provocar la misma reacción de los Gobiernos: las considera operaciones privadas empresariales sobre las que el Gobierno no opina. No opina pero tiene su particular visión (interés) y se posiciona al respecto expresando dudas, reservas y reticencias. Es una posición a tener en cuenta dada la obligación de los pretendientes a solicitar del Ejecutivo nacional de turno una autorización oficial.

En el caso de Abertis, cuyos pretendientes oficiales son la española ACS (intermediaria de su filial alemana Hochtief) y la italiana Atlantia, la posición del Ejecutivo español no ha evitado tampoco el conflicto institucional interno entre dos departamentos ministeriales (Fomento e Industria) y a su vez otro foco de posible hostilidad entre el supervisor del mercado (CNMV) y el propio Ejecutivo. En este sentido, lo que para unos es una "situación derivada" de la indefinición del Gobierno en asuntos de inversiones empresariales extranjeras, para otros es una parte más de la estrategia del Ejecutivo para controlar y autorizar o desautorizar una operación empresarial.

Lo cierto es que a falta de una definición clara que precise el concepto y alcance del "interés estratégico" de un sector o empresas determinadas, la intervención del Gobierno, una vez más y en la misma dirección que en anteriores casos, acaba por poner en duda la libertad de mercado (ni Deoleo logró llevar a cabo la venta de la compañía a un fondo británico (y lo hizo sólo en parte) ni la independencia del supervisor del mercado CNMV parece estar a salvo de la intervención del Gobierno en los casos que, además del actual de Abertis y Atlantia, se vienen encima y en los que se encuentran envueltas dos importantes compañías energéticas españolas. Por supuesto, estratégicas.

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