El Gobierno modificará el estatus de la empresa pública pero
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
15/06/2018
La pesada carga del Estado

El Gobierno modificará el estatus de la empresa pública pero mantendrá su tamaño

Prohibición de privatizar la gestión de recursos hidráulicos e infraestructuras de captación y distribución
Juan José González
El partido socialista, hoy en el Gobierno, se ha mostrado beligerante en los últimos tiempos en el peso excesivo del sector público empresarial, donde "se esconden" -se asegura en un informe del partido- deudas que "se retroalimentan" y que no pueden seguir siendo dependientes del Estado. En principio, según se desprende del documento interno de la formación, esta debería ser interpretada como la postura oficial del partido y por tanto, a ejecutar en el tiempo por el Gobierno. Pero se impone la realidad, que no es otra si no la que dicta el calendario disponible. Y en este sentido, de nuevo, el Ejecutivo socialista no podrá abordar todos sus planes como tampoco de cerrar algunos proyectos en el corto tiempo del que dispone, unos 18 de meses. Como cada cambio de color en el Gobierno, las empresas públicas se convierten en un medio de transformación política al servicio del programa del ganador, bien a través de las elecciones, o como es el caso, de una moción de censura. En ese programa figura un capítulo importante como es el dedicado al sector público y, en concreto, al empresarial. Y el nuevo Ejecutivo, a pesar de la escasez de tiempo disponible no podrá dejar pasar la oportunidad de hacer cambios en los puestos de mayor responsabilidad de la grandes empresas públicas. En concreto, en aquellas que son correa de transmisión para la ejecución de las políticas del Ejecutivo. Se trata de las empresas públicas que dependen orgánicamente de departamentos ministeriales con gran carga presupuestaria, como las que pertenecen al ministerio de Fomento y al de Hacienda y a los que se suman otros entes públicos como RTVE, Correos, la Sepi, Red Eléctrica o Navantia entre otras. Se esperan cambios de presidentes y también de planes de futuro. El Gobierno tiene ideas propias.
El futuro del tamaño del sector público, el peso de la Administración pública del Estado en el conjunto de la economía ha sido uno de los últimos temas que se pudieron debatir en la sede del entonces partido de la oposición y hoy en el Gobierno. Una lista de empresas públicas y sociedades estatales habitualmente controladas por ejecutivos o funcionarios afines al partido en el Gobierno. Son los destinatarios por el poder que les ha nombrado de ejecutar las líneas estratégicas -políticas- del programa económico del Ejecutivo.

En esta ocasión, el Gobierno cuenta con una nueva empresa, en una situación especial y singular como es la entidad financiera Bankia, nacionalizada en la crisis financiera y de la que el Estado es su socio mayoritario. En principio, los presidentes de las empresas públicas han puesto su cargo a disposición del ministro de dependencia, bien Fomento, bien Hacienda o Economía, y ahora se espera a las dos próximas semanas cuando comience el tráfico de salida y entrada. Porque es obvio que al menos una treintena de presidentes dejarán libre su despacho a un nuevo inquilinio.

Al baile de presidentes, sin embargo, no está invitado José Ignacio Goirigolzarri, cuya gestión se encuentra avalada por su trabajo, sus resultados y por los planes de futuro que según parece conocerá en breve el banquero. Si tienen una invitación el resto de presidentes de la larga lista hoy en manos de la vicepresidenta del Gobierno. En una segunda línea o derivada en el entramado empresarial público se sitúan Indra, donde la Sepi posee el 20% de la tecnológica, o Tragsa, también dependiente de la Sepi y ya en avanzado estado de gestación de su salida a Bolsa y que, tras el cambio de Gobierno, queda paralizado hasta nueva orden.

recordar el argumento principal del Gobierno Popular, cuando tiraba de las cifras convenientes para justificar futuras decisiones. Primaba la necesidad de reducir los 60.000 millones de euros que debían las empresas públicas, los 30.000 millones también de deuda de las empresas de las autonomías y de los 8.700 millones que debían las de los ayuntamientos. Y remataba el Ejecutivo con una explicación política al tratarse de un asunto comprometido en su programa electoral y que tanto gustaba en Bruselas. Un asunto prioritario -reducir deuda y cortar gastos- al entender que entre todas las empresas públicas y entes fundacionales, la deuda estaba tan fuera de control que representaba nada menos que el 5,1% del PIB, algo insostenible para los presupuestos, reprochable para Bruselas e intolerable, por lo que el Gobierno se ponía manos a la obra a reducir a la mitad las 3.852 organismos (empresas y entes) públicas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ideas propias y planes para el nuevo sector público. De nuevas órdenes están pendientes los futuros presidentes de Navantia, Red Eléctrica, Correos, Agencia Efe, Enresa, Rtve, Ico o Paradores, Renfe, Adif, Puertos del Estado... todo un holding articulado en torno al Estado y para el que los socialistas cuentan con varios planes. A propósito del destino de algunas de estas compañías, en un foro sobre el agua que tuvo lugar hace unos meses en la sede socialista en Ferraz, destacó una idea al respecto.

Se consideró la necesidad de avanzar en una normativa orientada a prohibir la privatización de las infraestructuras de captación y distribución primarias, así como de las entidades o empresas públicas que tuvieran encomendadas la gestión de esos recursos (hidráulicos). Pues bien, varios de los asistentes al foro coincidieron en la idea de extender la prohibición a empresas públicas de otros sectores con el mismo criterio de la utilidad pública de recursos estratégicos. Esta pretensión puede dar lugar a numerosas interpretaciones y a las que no serían ajenas muchas (o la mayoría) de las empresas mencionadas.

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