edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
28/10/2020
Presupuestos Generales ideológicos, no anticrisis

El Gobierno pincha en hueso con más gravámenes a sectores castigados por la pandemia

IRPF, planes de pensiones y patrimonio frenarán el consumo privado y los nuevos impuestos a sociedades y grandes empresas reducirán inversión y empleo
Juan José González
Dicen que los debates en el seno del Gobierno de coalición están resultando últimamente fructíferos, edificantes y concluyentes para la gestión de las distintas variantes de la crisis; la propia de la pandemia o sanitaria, la puramente económica de la recesión y, finalmente, la social en tanto que es donde confluyen en forma de desgracia las dos primeras. Pero las consecuencias de los debates no parecen ser muy productivos o beneficiosos para los gobernados a tenor del fuerte volumen de malas noticias que produce el Consejo de Ministros. Malas noticias sanitarias que conllevan restricciones a la movilidad; también nada bueno en materia de empleo y crecimiento económico y, finalmente, hace 24 horas, la mala nueva de una subida de impuestos -individuales para el IRPF, patrimonio, planes de pensiones y empresariales para las sociedades-. Las malas noticias tienen un efecto multiplicador inconsciente: mayores gravámenes a las actividades empresariales y al ahorro e ingresos familiares se transmiten por simple automatismo a un freno en el consumo familiar y a un parón inversor inmediato. Malas noticias son siempre las subidas de impuestos, pero resultan desgraciadas cuando serían menos justificadas. El escenario y la coyuntura, como las expectativas y las previsiones, aconsejan incentivar el consumo y la inversión, y no parece que la subida de impuestos vaya en esta dirección.
Parecería más razonable centrarse en la inversión y el consumo, en el crecimiento y en el empleo, pero las medidas que recoge el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 no van por el camino del estímulo de la actividad empresarial ni del consumo particular, lo que confirma que los debates internos en el seno del Gobierno son fructíferos, únicamente, desde una vertiente ideológica, política, de mantenimiento del poder antes que atender a la necesidad de estimular la actividad y la inversión. Por eso la subida de impuestos que pretende el Gobierno, antes que obtener mayores ingresos fiscales va a suponer un detraimiento del consumo y de la inversión y por tanto para el empleo y la expansión económica.

Las subidas de impuestos, como las bajadas, tienen siempre un sustrato inevitablemente ideológico que adquiere distinto grosor según el empeño y las necesidades estratégicas de quienes los firman, los gobernantes de turno. Esto lleva a concluir que las subidas propuestas por el Ejecutivo en el anteproyecto de nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 colma, se entiende que en parte suficiente, la escala ideológica que tengan fijada los partidos de la coalición gobernante, partido socialista y Unidas Podemos, y que en función de la coyuntura gradúan para su aplicación, incrementando  la presión fiscal individual (IRPF) y a las -en este caso- grandes empresas con el Impuesto de Sociedades.

Está claro que la coalición sabe y conoce muy bien donde pone el ojo para situar los objetivos de sus disparos o intenciones de recaudación fiscal, pues de lo contrario, sería aún peor. Y la coalición tiene en cuenta en todo momento que los Presupuestos son su herramienta de poder más útil para imponer (o recoger si se quieren suavizar los términos) los postulados ideológicos de las formaciones, esos que constituyen la base misma de los votos en unas elecciones. El caladero preferido, elegido en esta ocasión, parece centrarse en las clases medias en su más amplia acepción, es decir, desde la clase media baja a la más alta, esta última la preferida por ser donde aparecen en mayor abundancia salarios elevados y rentas del capital financiero e inmobiliario.

Siendo esto así, dando por hecho la claridad en los planteamientos fiscales de la coalición, debe entenderse también su conocimiento en el castigo que la pandemia viene propinando a miles de establecimientos públicos así como a tantas otras actividades industriales y de servicios de pequeñas empresas que en los últimos ocho meses han visto paralizadas o cerradas total o parcialmente sus actividades industriales y de servicios. Si esto es así, como confirman las cifras oficiales en poder de distintos departamentos ministeriales, es obvio que conocerán las caídas de facturación y que los resultados ya no hablan hace tiempo de beneficios.

En este escenario, una subida de impuestos a las personas físicas y jurídicas más bien parecería (o parece) un castigo o la plasmación de un principio ideológico `anticapital´ que una medida inteligente orientada a aumentar la recaudación, mayores ingresos fiscales, hoy potenciales, que obligarán a 90.000 declarantes a pagar entre y dos puntos más de IRPF y a las empresas a restar margen o incrementar costes. Y seguramente el Ejecutivo es consciente de que la recaudación individual no tendrá un aumento significativo como también que las empresas pequeñas y medianas (esas que lo son todo en la economía para bien pero también para mal) vayan a aportar mayores ingresos fiscales, sencillamente porque su actividad habrá sido menguante en estos ocho meses de pandemia.

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