El Gobierno pretende el final de las amnistías fiscales, como
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
18/07/2018
El blanqueo es una ganga que `cotiza´ al 3%

El Gobierno pretende el final de las amnistías fiscales, como ya hizo Rajoy, aunque sólo cambiarán de nombre

Los defraudadores `profesionales´ -los reiterativos- siempre se guardan algo -merece la pena- para la próxima amnistía, convencidos de que esta llegará tarde o temprano
Juan José González
Llega el anuncio -otra vez- de la prohibición por ley de las amnistías fiscales en el paquete estrella de la política económica ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los dos partidos mayoritarios de la vida política española en las últimas décadas -PSOE y PP- ya han tirado varias veces del mismo recurso -la amnistía fiscal- en similares y/o distintas direcciones, según conviniera el sentido. Y regresa ahora en el preciso momento en que se hace necesaria su presencia política, social y mediática, sobre todo esta última. Por mediática debe entenderse que es la clase política la destinada a dar vida al asunto y que para ello qué mejor plató para su visibilidad y exposición que el Congreso de los Diputados. Viene el anuncio presidencial de la prohibición por ley de la amnistía fiscal, a modo de invocación, pero también de previo aviso al personal con cuentas, activos y dineros no declarados en el exterior, así como otras formas de elusión fiscal comunes o también sofisticadas. El Ejecutivo pretende ahora una subida de impuestos a las rentas más altas, a las rentas del capital y que junto a los nuevos impuestos a las empresas y sociedades compensar penurias y sinsabores pasados a la clase media y baja en los duros años de la crisis financiera. Avisa el Ejecutivo que el mecanismo fiscal que propiciaba dinero fácil a los defraudadores, se ha terminado, lo que en la práctica equivale a renunciar al ingreso, o recaudación extra, de entre mil y tres o cuatro mil millones de euros por amnistía que, según el tiempo y lugar, habrían venido de perlas a unos presupuestos muy limitados y un déficit público desamparado. Si la pretensión del Ejecutivo con la citada renuncia es alcanzar la equidad fiscal y terminar con el blanqueo de dinero, es obvio que habrá que borrar del mapa cualquier amnistía. Pero será imposible.
El uso del mecanismo como método de recaudación extra, cuenta con una copiosa bibliografía en el expediente de socialistas y populares. Mecanismo desvergonzado de trueque por el que un partido político ofrece impunidad a los defraudadores a cambio de dinero y con un leve gravamen (del 3%) como pago por el "retraso en la obligación de devengo". Al artificio legal utilizado parece acompañar siempre la misma cláusula que recoge el anonimato del defraudador, si bien no siempre es infalible.

Quizá sea este el aspecto que se pretende pueda quedar definitivamente garantizado si, como todo parece indicar, el Ejecutivo socialista cumple con la promesa de no revelar los nombres de la amnistía de 2017 del último Gobierno popular. Es un asunto este rodeado de polémica por cuanto el Gobierno de turno intenta esconder la identidad de los defraudadores (que lo han sido mientras no han regularizado un patrimonio sujeto a una obligación tributaria) que no pueden tener nunca el derecho a la protección del anonimato.

Si la intención puntual del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en esta ocasión, es la protección de nombres vinculados a altas instituciones del Estado incluidos en esa última amnistía fiscal, estaría encubriendo una falsa honradez tributaria de la que siempre hacen gala los defraudadores. Otro asunto diferente es el que por ley pueda el Ejecutivo renunciar a un mecanismo útil en casos de crisis económicas agudas, en los que se hace necesaria cualquier forma (legal) de hacer acopio de recursos, mecanismo cuya utilidad ya tuvieron oportunidad de valorar anteriores gobiernos. En todo caso, la supresión por ley de las amnistías fiscales llega en el mismo paquete de otras medidas destinadas a llamar la atención del público y del que se pretende conseguir el voto en una próxima cita electoral. 

Quizá sería buena idea investigar si en las listas de las ya numerosas amnistías fiscales de la democracia se reiteran nombres y apellidos, puesto que los reincidentes, que seguramente deben formar ya parte de un grupo especial, deberían ser susceptibles de un tratamiento ad hoc, singular en tanto que patología comprobada y porque también hay evidencias de que, como cualquier otra actividad, la práctica llega a consolidar a auténticos profesionales de la amnistía.

Es por ello que el anuncio del presidente del Gobierno, aun concediendo la mejor de las intenciones a la voluntad de terminar con el fraude por la vía de la regularización, o amnistía fiscal, no puede ser tomado como el final definitivo, rotundo y concluyente de las amnistías. Lo saben los legisladores (un decreto no puede modificar los derechos que garantiza una ley fundamental) y lo conocen los defraudadores -los `profesionales´- los que repiten regularización porque no regularizan todo de una vez, sino que siempre dejan una cantidad prudente para la próxima amnistía.

Que el Tribunal Constitucional haya sentenciado -anulado- la amnistía tributaria del último Gobierno Rajoy, puede haber sido la guinda necesaria para la desaparición de las amnistías fiscales, aunque no suficiente, pues ya se conocen alternativas para cambiarle el nombre al mecanismo, aunque conservaría su idiosincrasia esencial: el blanqueo de dinero a buen precio.

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