edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
21/02/2019

El Gobierno quiere atraer capitales a las fintech y les ofrecerá un entorno jurídico amistoso transitorio

Innovación y protección del cliente, objetivos improbables de alcanzar sin un modelo apropiado
Carlos Schwartz
Nadia Calviño, la ministra de Economía y Empresa deslizó ayer la posibilidad de que el Consejo de Ministros de esta semana apruebe una batería de medidas que permitirían la puesta en marcha de servicios ofrecidos por las empresas de innovación financiera, las denominadas fintech, de forma transitoria a modo de banco de prueba. Este tipo de facilidades se estrenó en Reino Unido en 2015 con el objetivo de permitir a las empresas que desarrollan medios de pago, cambio de divisa, transferencias de fondos instantánea, y otros servicios competitivos con los ofertados por los bancos, operar en forma experimental con sus productos sin tener que pasar por un largo proceso de homologación de productos y autorizaciones administrativas que pueden frustrar el desarrollo de la innovación. 
La experiencia de Reino Unido, el principal centro de innovación tecnológica financiera en Europa, fue rápidamente adoptada por otros países de forma escalonada. Es un requisito del entorno, necesario para que la inversión hacia las fintech fluya, pero desde luego no el único. Corea del Sur ha sido una de las últimas en incorporar el concepto, que se conoce bajo el nombre de 'sandbox', como forma de combatir la pérdida de competitividad de sus empresas ante los avances de las tecnológicas chinas y con la expectativa de que un cinturón de 'start-up' aporte empleo fresco ante la pérdida de ocupación en la industria.

La idea parece un poco ingenua, porque la tasa de empleo en las empresas de innovación tecnológica, incluida la financiera, no es necesariamente alta. Si es cierto que sus desarrollos son productos con alto valor añadido que pueden dar origen a una industria financiera alternativa. En España, el grueso de la innovación se ha concentrado en Catalunya, pero los “empresarios innovadores” en general han trasladado sus operaciones a países como Singapur por su baja regulación, baja fiscalidad e incentivo a la inversión extranjera. Así que el factor empleo… allí queda. 

Está claro de todas formas que el Gobierno no ha sacado esta propuesta de una galera, sino que responde al interés directo del sector de las fintech y a las expectativas de que un Brexit sin acuerdos comerciales, cada vez más inminente, desate una lucha en el resto de Europa por dar cobijo a los innovadores del sector financiero.
La Comisión Europea (CE) es una promotora decidida de la transformación del sistema financiero mediante la integración de los servicios de las fintech a la banca tradicional.

Una experiencia de esta naturaleza requiere como complemento necesario una legislación que proteja a los consumidores, es por esto que la ministra anunció que “en breve” se aprobará la creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. La verdad es que la deplorable situación de la protección del cliente de banca debería servir de advertencia. Esta nueva Autoridad no parece destinada a proteger al cliente de banca, sino a los clientes de la futura innovación financiera. Habrá que ver en qué consiste esa autoridad y en qué regulación se basa. 

Mientras tanto, la que supuestamente protege al cliente de banca, requeriría al menos que algún gobierno hiciera alguna vez una adecuada reflexión sobre la indefensión de este sector del consumo. Si bien existen instrumentos jurídicos, brillan por su ausencia los filtros cautelares para evitar que los clientes de banca acaben finalmente en los juzgados para obtener la satisfacción de sus reclamaciones. Esta situación es un verdadero despropósito. El trámite de las reclamaciones es tortuoso, arbitrario y lento en un modelo diseñado para defender los intereses de la banca y no los de sus usuarios. Sin incluir en estos hechos que la legislación bancaria española está diseñada para el beneficio de los bancos, desatendiendo de forma abusiva los intereses de los usuarios. De momento en qué consistirá esa Autoridad anunciada por Calviño es un misterio.

Lo que está claro es que para que haya un desarrollo de las fintech es necesario que exista una reflexión en el Gobierno que va más allá de la protección del cliente. La innovación financiera supone una desintermediación parcial de la banca, o al menos un debilitamiento de su omnipresencia en todos los aspectos de la vida financiera de la sociedad. Una de las aristas de las fintech es su irrupción en la toma de depósitos de clientes, camuflada por una terminología encubridora.

Por ejemplo, algunos emisores de tarjetas de crédito operan amparados por un concepto incorporado en la legislación británica de “dinero electrónico”. Un cliente abre una cuenta corriente que permite operaciones como el cambio de divisas y las transferencias. Pero el único medio de pago del que dispone contra esa cuenta es una tarjeta de crédito. La entidad emisora de la tarjeta, que tiene esa cuenta corriente en su balance, afirma que no se trata de un depósito porque el dinero está como un activo electrónico y no como un activo físico, artificio mediante el cual califica a esa cuenta corriente como una cuenta de dinero electrónico. Algunos de los emisores de tarjetas que cuentan con esas características, como Revolut, afirman que no toman depósitos sino que transforman los activos de los clientes en dinero electrónico sobre el cual carecen de un seguro de depósitos.

El desarrollo de una industria de estas características debería contar como mínimo con un plan general. El desarrollo de las fintech amparado por la Unión Europea (UE) parte del supuesto que sus servicios se deberán empotrar dentro de las entidades financieras existentes. Este objetivo está amparado por las directivas de la Comisión Europea. En particular aquellas que obligan a la banca a abrir las cuentas corrientes de los clientes que así lo soliciten para la prestación de servicios de terceros dentro de los propios bancos en los que tienen sus depósitos. 

La implantación de estas directivas y la transformación de la banca sobre la base de este empotramiento de servicios de terceros, requeriría un modelo operativo de integración desarrollado por los reguladores para armonizarlos. Un modelo que nadie parece dispuesto a desarrollar, dejando la experiencia al albur de los accidentes que se puedan suceder en la interacción de ambos sistemas. 

Como queda claro, el Gobierno actúa sobre la base de la presión de un sector interesado en que el modelo de tolerancia se introduzca, pero no está a su alcance ni forma parte de su interés, el desarrollo de un modelo de integración. En un momento de creciente debilidad de la actividad de supervisión bancaria, con signos de agotamiento económico, y la posibilidad de una renovada crisis bancaria, Calviño opera en la senda marcada por la UE, de la cual en definitiva es una funcionaria. El desarrollo de un modelo de integración no es algo que preocupe a la CE. Aunque debería.

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