edición: 2700 , Miércoles, 17 abril 2019
22/11/2018
banca 
Malos antecedentes de la gestión pública

El Gobierno recupera la idea del banco público potenciando el ICO

Sin posibilidad de recuperar el dinero del rescate en Bankia, una solución intermedia a la creación de un banco público de depósitos pasaría por transformar el ICO
Juan José González
En medios financieros confirman que el partido en el Gobierno ha reabierto el debate sobre la conveniencia de contar con un banco público. Vieja idea tantas veces debatida como aparcada, coincidiendo con la llegada del partido socialista al Ejecutivo. Y es que la visión del banco público se percibe de forma diferente en función del lugar desde donde se observe: mientras que desde la oposición se ve y razona como un proyecto asequible y viable, desde el Gobierno la idea se convierte en irrealizable por inadecuada y problemática. Sucede también que los escenarios donde se plantea la creación de una entidad financiera pública, con capacidad para gestionar depósitos, cuentas, efectivo y demás servicios bancarios a los particulares, a los ciudadanos, cambian con el tiempo; no tenía el mismo impacto ni peso la propuesta de un banco público en la década de los 80, que en el año 2000 o 18 años más tarde, como es el caso.
En esta ocasión, el debate político enfrenta a dos grupos; el primero convencido de que el espacio vacío de las antiguas cajas de ahorros, con sus apoyos a iniciativas políticas locales, sigue ahí, sin ser cubierto por las entidades bancarias, mientras el segundo, más realista y acorde con los tiempos, descarta oponer cualquier tipo de competencia frente a un sector fuerte, solvente y extremadamente regulado, concluyendo con un "Bruselas no lo entendería". En el fondo, sin embargo, el debate, falso en su base, está tratando de encontrar una solución al nacionalizado Bankia y a la recuperación de una inyección pública de 24.000 millones de euros que, todo hay que decirlo, se antojan de imposible rescate para el erario público.

La experiencia de gestores políticos enquistados en los consejos de administración de las antiguas cajas de ahorro, muchas veces asistidos por altos directivos sin la capacitación ni experiencia idónea, no ha dejado lo que se dice un balance muy positivo en la historia financiera española. El voluminoso conjunto de entidades financieras quebradas causó un daño social, político, financiero y económico para el sector que todavía no se entiende compensado en ninguno de sus términos, siendo el más notorio el relativo al importe del rescate que, según un cálculo afinado realizado por el Banco de España en septiembre de 2016 ascendía a 51.303 millones de euros.

Correspondido el número de cajas quebradas con una no menor magnitud de recursos públicos en concepto de rescates, ayudas y demás inyecciones, no se puede decir que la gestión pública supere al menos exigente de los concursos de méritos, hasta el punto que en la actualidad, al ciudadano le resultaría difícil captar las diferencias entre una caja y un banco, mientras es probable que tuviera más clara la diferencia entre gestión -o gestores- pública o privada. En este punto, el grupo de los escépticos de la banca pública creen que los ciudadanos no olvidan y que los ahorradores que han perdido su dinero o han sido engañados, conservan la integridad de su memoria.

La crisis bancaria española ha dejado una huella que no se borrará con facilidad. Y su posterior gestión por parte de las autoridades políticas y de la Administración del Estado sólo pudo corroborar la magnitud del desastre. En especial, recordar las palabras del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos cuando un diputado de la oposición quiso conocer el tiempo estimado de recuperación del dinero público y el coste del rescate, tanto de las cajas quebradas como posteriormente del fiasco de Bankia, a lo que el ministro contestó que "no costará un sólo euro a los españoles".

La respuesta política permanece en la memoria de los damnificados por quiebras y operaciones financieras -salida a Bolsa- protagonizadas en los últimos tiempos por cajas de ahorro -con la nueva normativa convertidas en bancos- y todavía sin que la ciudadanía cuente con la versión real ni conozca los argumentos de las autoridades -Gobierno y regulador- para justificar una fusión de cinco cajas en Bankia y, por supuesto, la salida al mercado de valores de la resultante.

A pesar de estos antecedentes, sin haber explicado motivos, causas ni razones en las que se basaron las autoridades y los gestores públicos para tomar un conjunto de decisiones que condujeron a la quiebra de entidades financieras y la pérdida de ahorros a miles de ciudadanos, el Ejecutivo no abandona ni renuncia a recuperar la vieja idea de un banco público de depósitos. Quizá la intención última resida en la voluntad por encontrar una salida a la recuperación del dinero público empleado en el rescate de Bankia -hoy imposible por valoración en Bolsa- y apuntarse el éxito. Aunque si no es posible la `operación rescate´ ¿por qué no potenciar el tamaño del Instituto de Crédito Oficial?

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