edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
26/02/2018
Fondos privados y quita

El Gobierno traslada pensiones y deuda autonómica a la próxima legislatura

Potenciar los fondos y estudiar la perpetuidad de las deudas, muestras evidentes de los aplazamientos
Juan José González
La quiebra del sistema público de pensiones y la deuda de las Comunidades autónomas se han convertido de un tiempo a esta parte, juntos o por separado, en dos potentes mantras, con fuerza y autonomía propias en la vida social y política española. Dos asuntos capitales, en dos esferas próximas pero diferentes, con afectados directos y responsables políticos comunes. Pensiones y deudas autonómicas, dos columnas elementales del Estado, dos ruedas de la economía obligadas a funcionar, incluso de cualquier forma y a cualquier coste. Ambos tienen mayor peso en el orden de prioridades que cualquier otra parte del sistema, por encima del transporte, la electricidad o al mismo nivel que la sanidad o la seguridad. Cerca de diez millones de ciudadanos están directamente implicados por los problemas de pago de las pensiones. Y veinte millones dependen indirectamente de sistemas relacionados con las pensiones y con las Autonomías y las prestaciones de estas. Curiosamente, pensiones y deudas autonómicas se revelan hoy día como asuntos financieramente insoportables, insostenibles en el tiempo, con fecha más o menos cierta de caducidad, con proyecciones estadísticas que convierten los problemas en asignaturas pendientes de un modelo de Estado y obligatoria para cualquier Gobierno. Lo que no significa que se tenga que dar prisa y que apueste por aplazar las soluciones.
Los indicios más recientes sin embargo, apuntan a que a tenor de algunas soluciones, propuestas y declaración de intenciones, el Ejecutivo actual ha decidido aplazar los asuntos para mejores tiempos, quizá la próxima legislatura a sabiendas de que seguramente no será el responsable de tomar decisiones comprometidas o que, al menos, estas deberán ser compartidas. Pensiones y deudas autonómicas son dos patatas calientes que exigirán ingente trabajo político y fuerte desgaste negociador, probablemente acompañados por gran ruido y revuelo social, todo menos rédito político, todo lo que ningún partido político desearía como legado ni como mochila y que le condenaría a la oposición.

Que el Gobierno haya decidido aplazar una propuesta razonable para la sostenibilidad de las pensiones públicas a la próxima legislatura, o a mayor gloria por tiempo indeterminado, se sustenta en el hecho de haber decidido que la mejor forma de salvar las pensiones del futuro se encuentra en liberar el ahorro (a los diez años) de los fondos de pensiones. Una medida que, lejos de propiciar el ahorro para el futuro con la perspectiva de contar con la seguridad de un rescate voluntario a los diez años, puede provocar una rotación de activos, salida o desbandada de grandes flujos de capital que seguramente pondría a más de una gran gestora en apuros, o incluso podría borrarla del mercado.

De la misma forma que el aplazamiento de una solución a los problemas de financiación de las pensiones es una clara evidencia o patada hacia adelante por parte del Ejecutivo, la idea de convertir (reestructurar, según Hacienda) las deudas autonómicas en perpetuas parece llevar el mismo sello, quizá del mismo departamento ministerial y si no, del mismo Gobierno. En ambos casos, cargas de pensiones y pasivos autonómicos, las cifras son escalofriantes. Si las obligaciones mensuales para hacer frente a las primeras se sitúan ya en los 9.000 millones de euros (dos extras anuales al margen) la suma de la deuda de las Comunidades asciende actualmente a 285.000 millones de euros.

Es por todo por lo que se puede entender que el Gobierno, consciente de que en las actuales circunstancias, en minoría y con grandes problemas para sacar adelante siquiera los Presupuestos Generales del Estado, haya decidido aplazar los dos problemas para mejores tiempos, convencido de la imposibilidad de resolver cualquiera de los dos y ni siquiera pensando en que se podrían resolver en estos dos años que restan de legislatura. Tampoco habría que descartar que declinase la iniciativa de resolverlos ante un posible nuevo escenario, una formación política diferente.

Que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ponga reparos en aceptar que estudia convertir en perpetua la deuda de las autonomías, ampliar el plazo de los vencimientos, incluso convertirlo en deuda perpetua, equivale no sólo a que es un problema al que ahora mismo no está dispuesto a afrontar, sino que parece haber aceptado que el Estado central no la cobrará nunca en su totalidad, será una cuenta que se morirá con el mismo sistema de contabilidad. Pero peor asunto es el de las pensiones, sistema público cuyo reconocimiento mismo de la inviabilidad lleva al Ejecutivo a potenciar la, a su juicio, única fórmula para solventar y compensar la deficiencia de aquel; los fondos de pensiones. Una muestra más de otro aplazamiento que se suma, como la deuda autonómica, a los deberes por hacer para la próxima legislatura.

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