edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
13/12/2018
banca 
Exonerada la banca de la retroactividad del IAJD

El Gobierno vuelve a poner sobre la mesa el impuesto a la banca para las pensiones

El Banco de España, en contra, recomienda promesas menos onerosas y reducir los gastos, aunque no podrá evitar la tasa a la banca
Juan José González
En medios oficiales, próximos a Moncloa, se celebran los efectos del movimiento legislativo -por decreto ley de 9 del mes pasado- del Gobierno por el que el sector bancario se vió descargado de un peso considerable que habría dañado sus cuentas, una factura, la correspondiente al principio de retroactividad -cuatro años de devoluciones hipotecarias- cuyo valor se estimó en 2.400 millones de euros, unos 625 millones, más o menos, que deberían ser reintegrados por los bancos a los titulares de los créditos hipotecarios de los últimos cuatro años. Y así sorteada o decidida por el Ejecutivo la responsabilidad de los gastos anteriores a la citada norma, el Gobierno parece haber entendido que el sector bancario, aunque a partir de ahora responsable del IAJD, queda en condiciones para afrontar una nueva carga, una tasa o impuesto -solidario, en el argot oficial- para hacer frente al problema capital -y de capital- que tiene por delante el actual -y probablemente el próximo- Gobierno, y seguramente pieza clave en la política económica nacional, como es la financiación de las pensiones. Porque a falta de conocer un próximo informe de conclusiones del Pacto de Toledo, que se anuncia para los próximos días, la presión financiera anual sobre el sistema de pensiones está provocando que el déficit del mismo alcance -según algunos, supere- los 20.000 millones de euros en el presente ejercicio o, lo que es lo mismo, el 1,78% del PIB. A tener en cuenta en este problema, y ahora asunto no menor, que las pensiones son una partida que condiciona la estructura básica de los Presupuestos del Estado, todavía pendientes de su aprobación. En este escenario, se hace necesario contar con mayores recursos.
La resaca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la titularidad del IAJD en los créditos hipotecarios, fue la antesala del movimiento político del Gobierno para arrimar el ascua a su sardina corrigiendo el fallo del alto tribunal para reconvertirlo en decreto ley favorable a los hipotecados pero rebajando el golpe al sector bancario eliminando el principio de retroactividad del IAJD. La banca, así liberada de una carga que le hubiera supuesto el cargo de 2.400 millones de euros, a cuenta de los reintegros del impuesto a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, podría estar en disposición de colaborar con la financiación de las pensiones, el déficit cada día más crítico que amenaza con graves consecuencias.

Libradas -por el decreto ley- las entidades bancarias de una tasa segura, las autoridades cuentan con un nuevo argumento para implantarla, que no es otro sino la exoneración de la retroactividad del IAJD. Y en esas cuentas cuentan con la necesidad de aumentar los ingresos públicos que les permitirían reducir el déficit de la partida de pensiones en los Presupuestos del Estado. Los ministerios económicos continúan haciendo acopio de fuentes de financiación disponibles y de otras potencialmente capaces de hacer frente al desfase de la Seguridad Social.

El Ejecutivo mantiene su idea inicial de cargar al sector bancario una tasa que además de paliar el urgente problema de reducir el déficit de pensiones, sería un elemento sostenible en el tiempo en tanto que recurrente su fuente de financiación, procedente de los beneficios bancarios. A esta idea se suma la necesidad de aportar una solución al problema de la financiación de las pensiones que seguramente se convertirá, a ojos de la opinión pública, en la base para presentarse con alguna garantía de éxito en las próximas elecciones.

Hay que recordar que se trata de una solución que esperan los pensionistas pero también la ciudadanía en tanto que futura clase pasiva y que tanto unos como otros cuentan -por ley- con la actualización de las pensiones referenciadas a la evolución de la inflación, asunto que añade mayor presión política al Gobierno.

Obviamente, enfrente se encuentra la posición del sector, tímidamente defendida desde la AEB, aunque parece que mucho mejor representada por los responsables del Banco de España. Si bien advierte el Gobernador Hernández de Cos que la factura de las pensiones está disparada, y que los compromisos adquiridos con la ciudadanía de aumento de las pensiones, puede llevar al déficit de la Seguridad Social a incrementos de gastos del orden de los tres puntos de PIB en unos 25 o 28 años. De ahí que la postura del supervisor, recomendando menos promesas -o más asequibles para la ocasión- al tiempo que menos gastos, no encaje en la línea que ya tiene pensada y decidida en el borrador del proyecto de la tasa bancaria para las pensiones.

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