edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
10/04/2019

El ministro de Economía turco anunciará un plan de reformas en un clima políticamente enrarecido

La lira vuelve a sufrir un traspié tras confirmar el Gobierno que pedirá una nueva elección en Estambul
Carlos Schwartz
El ministro de Economía de Turquía, Berat Albayrak, yerno del presidente Recep Tayip Erdogan, anunciará hoy un plan de reformas económicas que cuenta con el escepticismo de los grandes inversores. El lunes la multinacional Honda anunció que en 2021 dejará de fabricar coches en el país aumentando el escepticismo sobre el panorama empresarial. Albayrak había anunciado el 28 de marzo, antes de las elecciones municipales del 31 ese mes, que tras ellas y en un panorama de sosiego electoral por los próximos cuatro años -hasta las nuevas presidenciales- pondría en práctica una reforma económica destinada a atacar la alta inflación, fomentar el crecimiento y reformar la banca. La economía del país entró en recesión técnica en el cuarto trimestre del año pasado con una caída del 2,4% tras una caída del 1,6% el trimestre anterior. El resultado fue un crecimiento para todo el año acabado en diciembre del 2,6%, pero insinuando unas muy malas perspectivas para 2019.  Uno de los problemas que enfrenta el Gobierno islamista moderado del Partido Justicia y Desarrollo son las consecuencias del plan de incentivos económicos impulsado tras un golpe de estado fallido en 2016, en el que muchos analistas vieron la mano en la sombra de la inteligencia turca impulsando a los militares opositores para que asomaran la cabeza.
Las medidas de fomento económico, como tipos de interés a la baja, el crédito blando, y el impulso al consumo incluida la vivienda, fueron criticadas por varios analistas por su efecto sobre el conjunto de la economía: un recalentamiento que acabaría en una escalada inflacionaria y en la debilidad de la moneda.

Bastó un incidente diplomático serio el verano pasado con Estados Unidos para que estas debilidades preexistentes se manifestaran en un ataque de los especuladores contra la moneda y la lira cayó un 30% hasta diciembre el año pasado. El desplome de la moneda, y las medidas de control para intentar estabilizar la divisa turca, desembocaron en un proceso inflacionario de difícil control. Por añadidura, las corporaciones turcas tienen una deuda en divisas del orden de los 285.000 millones de dólares contraída antes de la devaluación. 

En marzo, el empresario turco Mejmet Naci Topsakal confío en una ceremonia oficial al presidente Erdogan, sin advertir que el micrófono estaba abierto, que el empresariado tenía problemas de dinero y que la agencia oficial que supervisa los planes de vivienda “los estaba arruinando”. El empresario pidió una reunión para discutir estos asuntos. El incidente pintó un retrato de los apremios empresariales. En las elecciones municipales de fin de mes pasado el partido de Gobierno sufrió un serio revés al perder las alcaldías de Ankara -la capital- y del centro empresarial del país, Estambul.

Algunos analistas han calificado el triunfo de la oposición en ambas ciudades como una bofetada de los trabajadores turcos a los planes económicos del gobierno. El lunes pasado tras el anuncio de Erdogan de que su partido no estaba conforme con el proceso electoral en Estambul la lira cayó otra vez en el mercado, cerrando con un descenso del 1%. Una señal de que la moneda está lejos de haber logrado una estabilidad.

Al finalizar el segundo recuento de votos, forzado por el partido de Gobierno, la oposición seguía ganando por un muy escaso margen. El Gobierno solicitó el martes a la junta electoral nuevas elecciones en la ciudad, con el riesgo de desatar otra ola especulativa contra la lira. 

Los bancos han cerrado el grifo del crédito, además del efecto disuasorio de tipos de interés en el 24%, pero por contrapartida se verán enfrentados a un fuerte repunte de los créditos morosos en el mercado local acerca de cuyo volumen no es fácil hacer previsiones. La primer recesión en una década no resulta un factor neutral en este contexto y las empresas asfixiadas van a dar disgustos crecientes a las entidades de crédito.

Tras el último trimestre de 2018 se registró una ola de suspensión de pagos mediante la acción concursal de las empresas en los juzgados. Como es lógico esto ha tenido su repercusión sobre las entidades de crédito.
El banco central afirma que el nivel de los créditos improductivos es del 4% de los activos, lo que supone 18.400 millones de dólares. Pero el dato está muy contestado por los analistas que consideran que los bancos y el regulador no están comunicando las cifras reales de la situación de las carteras de crédito de los bancos. Los analistas de las calificadoras de riesgo temen que la cifra de créditos morosos llegue a entre el 15% y el 20% para finales de año. El Gobierno hasta ahora ha enfrentado el problema pidiendo a los bancos que incrementen sus recursos propios y ayuden a reestructurar la deuda de sus clientes. 

Algunos líderes empresariales piensan que estas medidas no son suficientes. La asociación bancaria por su parte afirma que los datos sobre créditos morosos son fidedignos y que pensar que todos los créditos en observación van a acabar como fallidos es incorrecto. Los empresarios por su parte han presionado al Gobierno para que una agencia estatal adquiera los créditos malos para sanear a los bancos, de forma de que retomen el ciclo del crédito, facilitando la supervivencia de las corporaciones. También abogaron por mecanismos que les permitieran sacar de sus balances el riesgo de cambio de los créditos en divisas.

En otoño hubo rumores de que ese era un plan que la Administración podría considerar, pero no ha sido así hasta ahora. Pero las dudas no resuelven el problema. El sector de la generación eléctrica por ejemplo ha enfrentado un aumento de costes por el precio del combustible y por el deterioro del tipo de cambio de la lira. Pero el precio de la energía está regulado y la factura al consumidor está por lo tanto limitada. Los constructores de grandes centros comerciales se han endeudado en dólares, pero se han encontrado con que se ha prohibido fijar los alquileres de las tiendas en divisas. En ambos frentes hay fuertes presiones para una liberalización, lo que equivale a una cadena de tarifazos que va a provocar reacciones sociales y m´ñas inflación. Más allá de los problemas de financiación inmediatos, el empresariado espera una reforma fiscal, una reforma laboral y una reforma de la educación. Tres áreas muy conflictivas que pueden desgastar aun más al Gobierno.

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