edición: 2491 , Martes, 19 junio 2018
02/05/2018
El efecto boomerang de la `tasa Google´

El nuevo gravamen amenaza al consumidor con una fuerte subida de la inflación 

Recordar la subida del 3,5% de los servicios de telefonía en 2016 y su impacto en el IPC, una situación que podría repetirse con la nueva tasa
Juan José González
Bruselas llevaba tiempo ocupada en la búsqueda de fórmulas para gravar determinados servicios digitales de las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft para atender las presiones de los grandes socios de la Unión Europea. Se trataba de encontrar un nuevo impuesto en el marco comunitario. Pero todo parece indicar que la Comisión se ha dormido en sus laureles haciendo gala de su habitual y pasmosa lentitud. Como también parece que uno de esos grandes socios, en este caso, España, se ha adelantado con el anuncio de un impuesto nuevo tecnológico que gravará las transacciones de las cinco grandes compañías multinacionales. Es esta una vieja aspiración de la UE que ya amagó en marzo pasado con una propuesta de la que aún no se conoce respuesta oficial, pero que de alguna forma ya delimita con suficiente aproximación al problema algunos detalles que seguramente habrán servido de guía a los técnicos de la Hacienda española para obtener los primeros resultados del hipotético gravamen. Pero lo cierto es que Hacienda ya llevaba tiempo dándole vueltas al asunto; endurecer la fiscalidad a las multinacionales tecnológicas para que sus beneficios tributen en el país donde se generan. La iniciativa del Gobierno de adelantarse al acuerdo global que se espera alcanzar a nivel comunitario, no parece que vaya a impedir el establecimiento de una tributación mínima efectiva, y que así se llevará a término habida cuenta de la urgencia que demandan algunos problemas locales, como es el desequilibrio en la financiación de la Seguridad Social. Una iniciativa que cambiará las relaciones de las empresas con el Estado, con ventajas y también con algunos inconvenientes para el consumidor en forma de precios, de inflación.
Los temores de las multinacionales ante la batalla institucional de Bruselas para aplicar un gravamen a sus transacciones, como forma de poner en orden la normativa europea del sector, ya están alimentando una reacción de las grandes empresas en forma de cambios de tarifas, paquetes de servicios y otras medidas para hacer frente a lo que consideran un ataque de los Estados al libre mercado. Recuerda esta situación a la de hace pocos años de las operadoras de telecomunicaciones y su guerra de tarifas, una contienda que sirvió para unir a las operadoras, que de forma paralela subieron sus tarifas convergentes, y que a la postre se trasladó a los consumidores en forma de más servicios pero también de mayores precios.

Sucedía esto en 2016 y como consecuencia recuerdan los consumidores que los servicios de telefonía en el IPC registró su mayor subida con un alza del 3,5%. Siguieron los avances del componente telefónico en el IPC, si bien de forma más moderada hasta cerrar 2017 con el 1,4% según recogen las estadísticas del INE. El impuesto tecnológico no deja de ser, en sí mismo, una mina para las arcas del Estado, pero también, al tiempo, un foco claro de potencial inflación, e intensa, a nada que las empresas tecnológicas se den más o menos prisa en trasladar sus mayores costes fiscales a los precios de los productos y servicios al consumidor final, al pagano. Por tanto, la aplicación del nuevo gravamen, como la de otros, como el Extra de Hidrocarburos a partir de enero de 2019, deberá contar con una graduación razonable, evitar que sea un golpe en las cuentas de las compañías con margen suficiente como para asimilarlo en el tiempo.

No deja de ser un recurso de urgencia, forzado por las penurias políticas del momento y del Gobierno para sacar adelante un Presupuesto que llega sin aprobar al quinto mes del ejercicio. Es también un parche porque no se trata de la utilización técnica de una solución ortodoxa, sino que, simplemente se echa mano de una ocurrencia para tapar el roto que claramente provocaría el cumplimiento de esa `atención´ obligada con los pensionistas. El nuevo gravamen se presenta como una salida al problema de las pensiones, un atenuante, un analgésico que sólo sirve para calmar el dolor, temporalmente. Deberían servir los recursos generados por la nueva economía - en este caso, en forma de impuestos- para reducir los costes de la vieja economía, entre ellos, la deuda acumulada y sus intereses.

Tiene también el recurso un singular valor, como es, entre otros, el reconocimiento que por primera vez lleva al Ejecutivo a distinguir entre vieja y nueva economía. Una diferencia por la que entiende que la economía digital, consumidora de recursos, generadora de costes y también de beneficios, debe contribuir en mayor medida a los Presupuestos, o dicho de otra manera, que no todas las cargas impositivas deben hacerse con cargo a la vieja economía. Y para ello, qué mejor vía para contribuir que la de los impuestos.

En el debate del nuevo gravamen, justo e indiscutible en razón de las muy diferentes situaciones fiscales entre Estados miembros y la diversidad normativa en la que se mueve el sector con sus innumerables resquicios legales, algunos expertos recuerdan a los políticos que deben tener en cuenta pros y contras de una decisión llamada a formar parte de la base de los ingresos de los Estados. Dicen que es posible que no hayan caído en la cuenta de que, las tecnológicas, ante una caída de los resultados y de sus ingresos, se verían obligadas también a hacer sus cuentas, regulaciones de empleo, repensar ofertas de servicios y sus precios. Se preguntan los expertos ¿qué sucedería si caen sus pagos fiscales como consecuencia de una caída de ingresos y de beneficios?

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