edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
13/12/2018
LA OREJA DE LARRAZ

El PE quiere que las autoridades antiterroristas puedan verificar la financiación de las instituciones religiosas

Javier Ardalán
La comisión de Terrorismo del Parlamento Europeo afirma en un informe, que acaba de aprobar, que los espacios de culto y otras instituciones deben ser más transparentes en términos de financiación, y prohibir la proveniente de terceros países que se oponen a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
Se considera que todas las instituciones religiosas deben ser transparentes y mostrar de dónde provienen los fondos para que las autoridades puedan verificarlo si es necesario.

Entre otras medidas pensadas para prevenir nuevos ataques terroristas, la Cámara plantea crear una lista negra europea de predicadores radicales. Entre otras medidas pensadas para prevenir nuevos ataques terroristas, la Cámara plantea crear una lista negra europea de predicadores radicales. En la actualidad, éstos pueden operar sin ser detectados, especialmente si se mueven de un Estado miembro a otro.

La proliferación de atentados terroristas en suelo europeo ha situado la seguridad entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y ha evidenciado la falta de cooperación y de intercambio de información entre los países en este ámbito. El último Informe europeo de situación y tendencias del terrorismo (TESAT) confirma que los ataques perpetrados por yihadistas fueron los más devastadores.

Aconseja también, a los Estados miembros que protejan sus infraestructuras, redes eléctricas o de gas, y que desarrollen estrategias de respuesta efectivas.

También insta a que adopten normas más estrictas contra el tráfico ilícito de armas de fuego y la prevención de la compra de productos químicos para fabricar explosivos. En 2015 y 2016 se usaron explosivos en el 40% de los ataques. El más usado es el TATP, un explosivo que puede fabricarse fácilmente en casa.

Por otra parte, El informe también exige aumentar el rastreo del arte y las antigüedades, especialmente de las zonas en conflicto, así como el control de los flujos financieros. Es necesario identificar a los usuarios que pagan con dispositivos electrónicos o con tarjetas de prepago. 

Dado su carácter transnacional, la lucha contra el terrorismo requiere una respuesta fuerte y coordinada, así un rápido intercambio de información por parte de los países de la UE.

El descifrado forzado es muy complicado para los Estados miembros más pequeños porque requiere muchos recursos técnicos y humanos. Por ello, se propone otorgar a Europol la autoridad para especializarse en el descifrado, para que puedan ayudar a los países miembros. Esto daría a los fiscales y a la policía un mayor acceso a mensajes de WhatsApp o Messenger, por ejemplo. En este momento es bastante difícil, las compañías de medios sociales se niegan a dar acceso a los tribunales.

Algunos ataques terroristas recientes han demostrado que, en algunos casos, los terroristas abusaron de las deficiencias de las políticas de gestión de fronteras de la UE y de varios Estados miembros, que no estaban preparados para una afluencia masiva. El informe insta a los Estados miembros a invertir en equipos de tecnología de la información y la comunicación actualizados para permitir verificaciones adecuadas. 

Además, recomienda utilizar datos biométricos y garantizar la interoperabilidad de las bases de datos.
El contenido radical en las redes sociales, los libros y los medios audiovisuales, el contacto con personas radicalizadas, los predicadores de odio y las cárceles son algunos de los principales impulsores de la radicalización. Con el informe se quiere solicitar una legislación que obligue a las compañías a eliminar el contenido terrorista en línea e informar regularmente sobre la aparición de este tipo de información.

Los eurodiputados denuncian que el intercambio de datos entre las agencias y entre las autoridades nacionales y comunitarias es insuficiente. Asimismo, subrayan la importancia de salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales, incluidos la protección de datos y la libertad de expresión, a la hora de definir la política antiterrorista.

Se propone el seguimiento exhaustivo de los “combatientes extranjeros” retornados a Europa; impedir que los terroristas convictos obtengan asilo en la UE; medidas contra la radicalización (programas específicos en las prisiones, campañas divulgativas y sensibilización a través de la educación); la formación específica en radicalización tanto a nivel nacional como comunitario; el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE y controles fronterizos efectivos utilizando todas las bases de datos disponibles; retirada de la propaganda, impresa o en internet, que incite a la violencia; continuar la cooperación antiterrorista con el Reino Unido tras el brexit.

También se propone aplicar restricciones a la tenencia de armas blancas y prohibición de las más peligrosas; inclusión de los aviones privados en la directiva sobre el registro de nombres de pasajeros; implantación de un sistema europeo de licencias para los usuarios profesionales de precursores de explosivos; y usar el Fondo Europeo de Solidaridad para compensar a las víctimas de grandes ataques terroristas, e impulso de la cooperación antiterrorista con países fuera de la UE, especialmente los de la vecindad.

El texto hace hincapié en la importancia de garantizar la protección de las víctimas del terrorismo, para lo que reclama legislación específica y una definición común europea del término ‘víctima del terrorismo’. Los eurodiputados sugieren crear un Centro Europeo de Coordinación, para facilitar la gestión de crisis en caso de ataque en más de un estado miembro o cuando hay víctimas de otros países. Además, insta a prohibir los homenajes a terroristas condenados y a criminalizar la glorificación de atentados.

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